Inicio Nacionales Boudou en problemas: se cayó su principal coartada en caso Ciccone

Boudou en problemas: se cayó su principal coartada en caso Ciccone

Boudou en Tribunales

 

La Justicia argentina propinó un duro golpe a las aspiraciones del ex vicepresidente K, Amado Boudou, y cerró definitivamente los dos frentes que con los que se pretendía sostener la versión más favorable para el cuestionado ex funcionario sobre el dinero del “caso Ciccone”.

 

Ahora, Boudou ya no tiene a alguien que sostenga ser el financista que aportó los millones de dólares para que la sociedad The Old Fund comprara -misteriosamente- la imprenta Ciccone Calcográfica.

 

María Alejandra Biotti, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, complicó (con varias pinzas sobre el expediente) a la defensa de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

 

El primero fue el amparo que en 2013 comenzó el ex banquero Raúl Moneta contra la AFIP, afirmando ser el financista detrás de The Old Fund a través de la sociedad panameña Mayer Business Corporation, cuando planteó que la expropiación de Ciccone lo perjudicaba porque se quedaría sin recibirlos supuestos $ 35 millones que decía que le había prestado a The Old Fund, cuyos dueños permanecen en las sombras, con las acciones de la imprenta como garantía.

 

De todos modos, en diciembre de 2015, Moneta desistió de su reclamo y su abogado entregó un escrito para desistir del amparo y, desde entonces, apenas se limitó a pedir que las “costas” del juicio se repartieran por igual entre él y el Estado, sin suerte.

 

“Corresponde que la actora [por Moneta] cargue con las costas del desistimiento que formula”, dijo la jueza Biotti, en una resolución del 21 de junio, con la que dio un golpe definitivo a la movida que buscaba favorecer a Boudou y al verdadero financista, que también sigue sin aparecer, pero que los investigadores judiciales sospechan que podría ser el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo.

 

Poco antes, la magistrada dio el primer golpe a la coartada. Sucedió entre marzo y abril, momento en que el caso “The Old Fund c/ Estado Nacional-AFIP”, declaró la “caducidad de instancia” y cerró el expediente porque Vandenbroele, dejó de impulsarlo.

 

Vandenbroele nose presentó como presidente de The Old Fund para pagar los $ 69,67 que esa sociedad debía por “tasa de justicia”, por lo que la jueza dio la siguiente orden: enviar ese expediente al archivo. Tras pasar varias semanas detenido en Mendoza por el pedido de extradición que cursó la justicia uruguaya por presunto lavado, para cuando llegó la orden de la jueza Biotti, Vandenbroele lidiaba ya con asuntos más urgentes para defender su libertad, como la elevación a juicio oral de la investigación penal que instruyó el juez federal Ariel Lijo.

 

Ahora, la Cámara de Casación rechazó los recursos presentados por Vandenbroele y Núñez Carmona en un último plan por atrasar la investigación y generar la nulidad de la causa, iniciada en 2012.

 

Mientras Boudou, su socio y su presunto testaferro van al juicio oral, el juez Lijo prosigue sobre otros aspectos de la operatoria, que abarcan a los entonces titulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y de la Casa de Moneda, Katya Daura.

 

Lijo también ordenó un peritaje contable sobre Boudou, sus familiares y su entorno directo y debe resolver los pasos a seguir sobre el ex responsable de la nueva Ciccone y colaborador de los Brito, Máximo Lanusse, entre otros.

 

Moneta quedó más lejos de Comodoro Py por sus problemas de salud y a medida que su supuesto rol como financista de The Old Fund sólo le traían problemas. Entre otros, un juez en lo comercial, Javier Cosentino, el síndico de la quiebra de Ciccone, Martín Stolkiner, entonces titular de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, el Banco Central (BCRA) y la Justicia uruguaya dejaron en evidencia inconsistencias, nulidades y falsedades en la versión que el banquero amigo de los Brito ofreció sobre la supuesta “ruta del dinero”. En la práctica, Moneta y su sociedad panameña Mayer Business Corporation sirvieron de pantalla para ocultar a los verdaderos financistas.

 

El Tribunal de Cuentas bonaerense detectó irregularidades en el destino de $ 200 millones que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández entregó al entonces gobernador Daniel Scioli para salvar de la quiebra a Cresta Roja, reveló anoche el programa La Cornisa, de Luis Majul. El organismo advirtió que no se presentó ningún plan de salvataje ni hay detalles de la operación.

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