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Con impulso de senadores peronistas, avanza proyecto para penar la filtración de escuchas judiciales

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La iniciativa obtuvo dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores. El texto prevé hasta cuatro años de prisión y juicio políticos a jueces y fiscales. Será debatido la semana próxima en el recinto.


En medio de la tormenta por la intervención del PJ nacional a manos Luis Barrionuevo, un proyecto impulsado por senadores peronistas para penar la filtración de escuchas judiciales avanza en la Cámara alta. Este miércoles, la iniciativa prevé hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales obtuvo dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.

El proyecto original lleva la firma de los peronistas Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Carlos Espínola y Miguel Pichetto y obtuvo el respaldo de los legisladores de todas las bancadas.

Por lo pronto, el texto responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.

Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende. También se le requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.

El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a jueces y a fiscales. Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.

Las sanciones previstas en la norma van desde la “falta grave administrativa” a los cuatro años de prisión y establece, en el caso de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados, además, por “mal desempeño en sus funciones” y pasibles de juicio político.

La violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si eso genera una filtración, será considerada como “falta grave administrativa”. Asimismo, serán castigados con prisión de seis meses a dos años a quienes, obligados a guardar el secreto sobre la información, violaran ese deber de confidencialidad.

Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a quien “a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión” las escuchas. Si el responsable fuera un funcionario público, además, se lo inhabilitará de manera especial.



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