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DILEMA DE LA MANTA CORTA

Por Lisandro Barry: Ex Secretario de Finanzas y Carlos Quaglio: Ex Subsecretario de Financiamiento. Es un excelente trabajo que 7miradas recibe con particular interés y agradecimiento. Dada la extensión del trabajo ha sido necesario separar el texto en dos partes.

La inflación se presenta, a todas luces, como el principal problema económico social que afronta el gobierno y las políticas para atacarla constituyen uno de los factores fundamentales -sino el primordial- de conflictividad política.

El proceso inflacionario, que desató la administración del matrimonio Kirchner, encuentra su raíz esencial en el voluminoso déficit fiscal y su financiamiento monetario. La negligencia e incompetencia para combatirla, junto a la perseverancia en negarla como fenómeno destructivo que permea a toda la economía y la sociedad, terminó por imponer un severo cúmulo de inconsistencias y desequilibrios macroeconómicos, que han sido catalogados acertadamente como el “plan bomba”, que recibió el actual gobierno.

En ese contexto, las decisiones de política destinadas a combatir la inflación han pasado a ser las piezas clave del actual proceso económico y social. En dicho sentido los caminos que – a veces con firmeza y decisión y otras con retrasos y dudas- ha ido eligiendo el gobierno hasta el presente, constituyen un intento de evitar el estallido de una crisis, que se ha estado gestando desde hace no menos de ocho años. Sin embargo, en ese derrotero se va revelando un serio problema, que denominamos, de “manta corta”: cuando se tira de un lado se destapa del otro.

Es el propósito de este trabajo analizar esos problemas de manta corta, que resultan básicamente del entrecruzamiento –en un contexto de alta inflación- entre déficit fiscal, tasa de interés, tipo de cambio y nivel de actividad.

Como veremos, en el camino de resolver la gran cantidad y volumen de inconsistencias y distorsiones macroeconómicas heredadas, se va revelando que, en rigor, la manta parece ser demasiado corta.

En condiciones de inflación elevada como las que vive actualmente Argentina, se necesita de la fuerte complementación entre la política fiscal, monetaria y cambiaria para integrar una política antiinflacionaria consistente que, a su vez, le permita al Banco Central concentrar sus tareas primordiales de custodio del valor de la moneda, manteniendo la estabilidad nominal de las variables monetarias y cambiarias.

Sin embargo, el estado de las finanzas públicas que recibió el actual gobierno, presenta un conjunto de características que tornan económica y políticamente inviable la recomposición de la solvencia fiscal en plazos cortos. A ello se suman otra serie de condicionantes de orden social y político, que permiten afirmar que, al menos durante el ejercicio fiscal corriente, no podrá esperarse “ayuda” de parte del Tesoro a la lucha contra la inflación sino, como ya veremos, todo lo contrario.

En este sentido vale recordar que en un trabajo reciente sosteníamos que la elección (por el gobierno) de un camino gradual para “desarrollar su estrategia de cambio de régimen económico ..… se inscribe en la rápida toma de conciencia por parte de las máximas autoridades de la debilidad política en la que se asienta el nuevo gobierno, que no sólo triunfó por escaso margen de votos sino que no cuenta con las mayorías parlamentarias propias como para, ni siquiera, hacer funcionar el Congreso”.

Al cierre del ejercicio 2015 el déficit fiscal alcanzó niveles récord con relación al PIB (alrededor del 8%4), sólo superado por el valor que tuvo el mismo al momento del brote hiperinflacionario de 1989.

El desequilibrio fiscal se produce en un contexto de presión tributaria también récord. En efecto, la misma pasó de algo más del 20% del PIB en 2003 a más del 42% del PIB en 2015. Ello, en los hechos, indica la imposibilidad de continuar elevando la carga tributaria para financiar un gasto público que, en relación al PIB, se triplicó desde 2003.

Del lado del gasto son tres los componentes que sustancialmente lo explican y que se constituyen en principales fuentes del déficit fiscal: las remuneraciones, las contribuciones a la seguridad social5 y los subsidios económicos.

Las remuneraciones y las prestaciones de la seguridad social representan el 37% del gasto total6. Cabe destacar, además, que las contribuciones a la seguridad social7 se encuentran indexadas semestralmente en forma automática. Por su parte los subsidios económicos al sector privado –contrapartida resultante de la política de retrasos tarifarios acumulada durante 13 años-, alcanzaron al cierre del ejercicio 2015, los valores que se consignan a continuación, representando un 13% del gasto total:

En millones de $ Año 2015

Gasto Total 1.967.400

Gastos Corrientes 1.388.000

Remuneraciones 199.100

Prestaciones de la Seg. Soc. 535.700

Transferencias Corrientes

Al Sector Privado 322.400

Subsidios económicos 258.000 (Energía, transporte, combustibles, etc.)

Subsidios Sociales 64.400 (AUH, otros planes sociales)

El cuadro anterior muestra las características rígidas de la composición del gasto, dominado por las remuneraciones y las contribuciones a la seguridad social.

De este modo los grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal han quedado, en el corto plazo, constreñidos a las posibilidades de disminuir subsidios económicos, buscando recomponer el valor real de la tarifas de los servicios públicos.

El gobierno ha actuado en ese sentido. Sin embargo, debido a la magnitud de los atrasos tarifarios especialmente en el campo de la energía eléctrica, el gas natural, los servicios sanitarios y el transporte público de pasajeros, la dimensión de las actualizaciones han redundado en un fuerte impacto inflacionario inmediato, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires donde se concentraban los rezagos más notorios.

En definitiva, entre las medidas compensatorias de los efectos inflacionarios apuntados, que las autoridades por motivos políticos y sociales se vieron compelidas a adoptar o requerir tratamiento parlamentario, y las consecuencias fiscales de disposiciones tendientes a eliminar distorsiones y recomponer la competitividad internacional, el resultado generará un aumento del déficit.

Ello es así porque, en la batería de disposiciones de orden fiscal, algunas aumentan gastos (ej.: ampliación de la AUH y asignaciones familiares, devolución de fondos de coparticipación, apoyos financieros a provincias, implementación da la tarifa social, futuro aumento del seguro de desempleo) y otras reducen ingresos (eliminación o rebaja de derechos de exportación, elevación del mínimo no imponible, tarifa social, futura reducción del IVA a la canasta básica).

A continuación acompañamos un cálculo, en valores nominales, del efecto neto sobre el resultado fiscal del año en curso -2016- de las consecuencias de las diversas medidas mencionadas. Al respecto debe aclararse que: 1) dado que no existe un dato oficial unificado, hemos procedido a consolidar información de diversas fuentes9 y 2) con relación a la estimación de la repercusión de los aumentos tarifarios sobre la reducción de subsidios económicos, hemos considerado una proyección lineal para el año de los resultados consignados por ASAP10 para el primer trimestre del 2016, en el que se consigna una reducción del 21%.

El cálculo mencionado no considera los efectos correspondientes al ajuste semestral automático de las jubilaciones y pensiones ni los resultados de las paritarias que afectan al personal estatal ni las consecuencias fiscales de una segura caída del nivel de actividad durante el año neteada del efecto inflacionario.

En Millones de $

A. Aumento de gasto o reducción ingresos 208.600 =u$s 14.900M

1. Ampliación AUH y Asignaciones Familiares: 22.600

2. Incremento Mínimo no Imponible: 45.000

3. Devoluciones Coparticipación: 73.000

4. Eliminación/rebaja Derechos de Exportación: 38.000

5. Paquete Medidas Sociales 16/4/16: 30.000

B.Ahorro de subsidios económicos81.200 =u$s 5.800M

C. Efecto neto s/ resultado fiscal (A-B) -127.400 = u$s -9.100M

La cifra anterior representa aproximadamente un 1,7% del PIB y merece las siguientes observaciones: a) un 45% del monto se origina en paliativos de orden social y; b) el ahorro fiscal por reducción de subsidios económicos evidencia que aún restaría bastante camino por recorrer en materia de adecuaciones tarifarias.

La “manta” fiscal resulta, entonces, claramente acotada respecto de su capacidad contributiva en materia antiinflacionaria.

El contexto inflacionario, de todos modos y aunque resulte paradójico, estaría jugando una carta relativamente favorable en la coyuntura, ya que: 1) resultaría un componente de aumento de los ingresos nominales del Tesoro Nacional y 2) permitiría una cierta licuación de los gastos en remuneraciones y contribuciones a la seguridad social. Ambos factores, junto con la decisión de mantener “pisados” o muy dosificados los gastos, especialmente los vinculados a la obra pública, podría reflejarse en una aparente reducción del déficit (base caja) en el primer cuatrimestre del corriente año. A nuestro entender estos elementos no alcanzarían para evitar la suba del déficit del corriente año. (Continuará próximo número).

 

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