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EL DIVORCIO CATALÁN – 7miradas

El Parlamento regional viene de aprobar la norma que autoriza la consulta separatista para el 1º de octubre; Rajoy denunció “un golpe a la democracia” y reclamó acciones penales.  Ambas partes tienen mucho que perder, según los resultados y las reacciones. La Diada, manifestada en las calles de Barcelona, fue impresionante. Eso no implica mayoritaria. Las expresiones callejeras suelen ser engañosas.

El gobierno de Mariano Rajoy, en alerta máxima, denunció que en Barcelona se estaba consumando “un golpe a la democracia”.

La ley aprobada establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”. O sea se la coloca por encima de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Exime a las autoridades regionales de obedecer sentencias judiciales. Es un choque frontal.

Los bloques opositores -minoritarios en bancas, pero que sumaron más del 50% de los votos en las últimas elecciones autonómicas- denunciaron un “atropello a sus derechos”. Los diputados de Ciudadanos, el socialismo y el PP se ausentaron durante la votación. Los legisladores separatistas cerraron el trámite con una ovación de pie y cantando el himno de Cataluña.

El presidente Carles Puigdemont ya advirtió que no acatará sentencia alguna que impida el referéndum. Ya firmó el decreto de convocatoria. Rajoy insiste en que la votación nunca se celebrará. “Usaremos toda la fuerza de la ley para defender la unidad de España y los derechos de los catalanes. Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos en cada momento”, dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy coordinó sus movimientos con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que le dieron su “apoyo absoluto” ante el desafío catalán. Rajoy impugnará la ley ante el TC, que ordenará su suspensión. El gobierno quedará ante la disyuntiva de tomar medidas más drásticas o tolerar la rebeldía. Los recursos judiciales que presentó Rajoy podrían derivar en que el TC disponga la suspensión o inhabilitación de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por desobedecer una orden de no tratar leyes consideradas ilegales. Más adelante podría pedir acciones contra el gobierno regional.

La nueva ley contempla que el referéndum se celebre el 1º de octubre con la siguiente pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. El resultado será vinculante. No establece un piso de participación ni una cifra mínima de votos favorables para determinar el ganador. Establece que, en caso de triunfar el sí, en un plazo de 48 horas se declarará la independencia y se abrirá la transición hasta la constitución de la nueva república.

Faltan días para la fecha clave. Para impedir la celebración del referéndum catalán, el Ejecutivo español puede imponer sanciones disciplinarias o imputarlos penalmente por “desobediencia” o “rebelión”

Otra opción del gobierno para impedir el referéndum es declarar por decreto una “situación de interés para la seguridad nacional”. El dispositivo le daría al gobierno de Rajoy el poder de controlar de manera directa y temporal a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra

La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que anula las competencias de una región autónoma.

Se haga o no un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre, son extremadamente elevadas las probabilidades de que la región no se separe formalmente del resto de España. Las barreras legales, políticas y financieras son casi infranqueables.

Con certeza el resto de Europa, y de hecho el mundo, observa la confrontación entre los separatistas de Cataluña y las autoridades centrales de España. España atraviesa su mayor crisis constitucional desde el regreso de la democracia a fines de los años setenta.

Los dos bandos restringieron la pelea al ámbito político y legal. Una medida temeraria por parte de los exaltados separatistas, o de los intransigentes de Madrid entregados a la integridad territorial de España, puede tener consecuencias nefastas.

Los resultados de los sondeos de opinión, muestran que los votantes en Cataluña apoyan el hecho de que se haga un referéndum pero de ninguna manera están a favor de una total independencia.

Según un estudio realizando por el propio centro de investigación de opinión pública de Generalitat, el 49,4% está en contra de la independencia, y el 41,1% a favor.

Si el referéndum se hace, el resultado podría ser diferente. Se verá distorsionado por la elevada tasa de abstención. En una votación informal sobre la autodeterminación llevada a cabo en noviembre de 2014, la mayoría votó a favor, pero asistió el 40% del electorado.

La ley de referéndum de Cataluña no establece una cantidad mínima de votantes para que el sufragio sea válido, por lo que en teoría una minoría del electorado podría colocar la región en camino hacia la separación. Un resultado así resta credibilidad a los independentistas.

El  gobierno central en Madrid tiene una batería de instrumentos legales y financieros para paralizar los intentos de secesión de Cataluña. El fondo de liquidez del gobierno central, que ayuda a financiar las regiones de España, no puede usarse para costear el referéndum. Madrid podría ir mucho más lejos y suspender la autonomía de la región.

No hay apoyo a la independencia de Cataluña de gobiernos de la Unión Europea. Se desgarra España. Cuánto, cuándo  y cómo es la cuestión a plantearse.

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