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¿En qué consiste la reforma del Ministerio Público Fiscal? – Télam

 
El proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, confeccionado sobre la base de un consenso entre Cambiemos y el peronismo, comenzó a ser debatido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación que postergó la discusión hasta el próximo martes, tras una audiencia en la que hubo cuestionamientos desde el kirchnerismo a la iniciativa acordada entre el oficialismo y un sector del peronismo.

La iniciativa fue presentada el viernes pasado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y cuenta con las firmas del radical Angel Rozas; del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto y del peronista salteño Rodolfo Urtubey.

¿Qué es el Ministerio Público Fiscal?

Es un órgano constitucional bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales o públicos.

Los fiscales son los encargados de defender los intereses públicos en los procesos judiciales, instando la acción pública, en tanto que los defensores públicos son los encargados de defender los derechos de las personas perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna circunstancia, no pueden ejercer su defensa, como en el caso de los menores, incapaces o afectados por discriminaciones.

¿Cómo funciona -por ahora- el Ministerio Público Fiscal?

•Ambos cargos principales son designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.
•Gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad.
•No pueden ser arrestados excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.

Puntos centrales del proyecto que se debate

1) Elimina la duración vitalicia, tanto del titular de la Procuración como el de la Defensoría General de la Nación, que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación, de 75 años.

2) El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

3) La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, la mitad más uno, 37 votos en lugar de los 48 (con asistencia perfecta) que representa hoy en día los dos tercios.

4) Para su remoción, el proyecto en estudio reemplaza al juicio político por una decisión del Ejecutivo o de la Cámara baja con acuerdo del Senado, para lo que sólo exige el consenso de la mitad más uno de cada cuerpo. Un punto cuestionado por la Asociación de Fiscales, el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Poder Ciudadano y la Asociación Iberoamericana de Fiscales, entre otros, porque debilitaría la independencia del Ministerio Público.

5) En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de cinco años de permanencia en el cargo para el fueran designados.

6) La Comisión Bicameral del Congreso de la Nación (formada por ocho senadores y ocho diputados) tendrá un mayor peso, ya que el procurador estará obligado a brindar un informe anual y obligatorio ante ese cuerpo, que a su vez tendrá la potestad, si así lo requiere, de citar al procurador y la presentación de algún otro informe.

7) El proyecto disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Lavado, Narcocriminalidad, Lesa Humanidad, Trata, Violencia Institucional, Violencia contra las Mujeres, Corrupción, entre otros. Y disuelve direcciones como la Políticas de Género y recupero de Activos. Establece que “el procurador general podrá disponer por resolución la creación (…) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.

8) En la Ley del Ministerio Público de la Defensa se incluirán los mismos requisitos de designación, remoción y duración en el cargo para el defensor general de la Nación.

Voces a favor y en contra

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, pidió en el Senado “despojarse de las situaciones más político partidarias” en el debate  y consideró que el proyecto de ley acordado entre Cambiemos y el PJ busca generar “contrapesos y controles” en ese organismo.

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Al defender en el Senado el proyecto, el ministro de Justicia, explicó que “al haber un período más corto” de duración en ese cargo “se requieren mayorías más ágiles” en el Congreso para su designación.

De esa forma, Garavano respondió a las dos críticas medulares del proyecto impulsado por Cambiemos: la reducción del mandato actualmente vitalicio del procurador a cinco años (y una posible reelección por otros dos períodos) y el establecimiento de una mayoría simple para su nombramiento o remoción, en lugar de los dos tercios que se requieren hoy.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron el proyecto con la presentación de un documento ante los legisladores.

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“Hacemos saber nuestro profundo rechazo al proyecto en tratamiento por tener directas implicancias negativas en la defensa y promoción de los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido por representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba Taty Almeida de Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras asociaciones.

A través del documento, aseguran que el proyecto impulsado por el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; y el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, “afecta la autonomía e independencia del Ministerio Público”.

Asimismo, para los organismos se “pone en riesgo la creación y positiva actuación de las Procuradurías y Unidades Especializadas”, a la vez que amenaza “la fuente laboral de cientos de cuadros jurídicos” formados durante el mandato de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración.

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