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Los riesgos de la demagogia punitiva








El 8 de diciembre pasado, Luis Chocobar, oficial de la policía local de Avellaneda, le dio muerte, al intentar detenerlo, a uno de los asaltantes que había acuchillado a un turista estadounidense para sustraerle una máquina fotográfica. Este lamentable episodio ha suscitado un intenso debate público, que parecía superado, acerca de los límites que deben observar las fuerzas de seguridad en el empleo de armas de fuego, así como de la conveniencia de que en estos casos se presuma la legitimidad del accionar policial.





En este debate, algunas voces afirman incluso que existiría una mirada prejuiciosa de los jueces en contra de las fuerzas de seguridad y en favor de los derechos de los delincuentes, lo que habría provocado un aumento de los hechos de violencia.

Todas estas posiciones pueden considerarse separadamente. Por un lado, el caso concreto del oficial Chocobar, que originó la polémica y el papel que en su dilucidación corresponde a los jueces. Por otro lado, la necesidad o no de modificar nuestro derecho positivo que ya contiene las reglas necesarias para la solución de todos estos casos, reglas que se encuentran en armonía con los principios universales en materia del uso de la fuerza por parte del Estado. Por último, dada la complejidad e importancia que tiene la cuestión de la seguridad ciudadana es fundamental recordar que la solución de este problema no puede sostenerse con el viejo y demagógico argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía mejoran la seguridad.



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