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PANDORA | 7miradas

Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación, es un economista notable y con gran experiencia en la función pública. Son hombres que ya cuentan con experiencia previa en la responsabilidad de gobernar.

“El gobierno no está nervioso con estos valores. No queremos ponerle un techo. Si hay privados que le quieren comprar los dólares al Gobierno, es una buena noticia. En lugar de que el Tesoro venda los dólares al Banco Central, que luego debe esterilizar los pesos emitiendo Lebacs, se los vende al mercado. Es mejor, y no hay que dramatizar.

“El dólar va cada vez menos a precios, no impactará mucho en la inflación. Es una excelente noticia que la cotización haya pasado de $18 a $ 20, es bueno para muchas economías regionales. Y eso no tiene que alterar los precios. Hay industrias que se favorecen porque ganan competitividad. Y es bueno para la reactivación. Estamos cómodos bien así”.

De acuerdo con el relevamiento de la semana pasada, el “índice global de optimismo político” se ubicó en el 40,7% y el económico, en 36,2%, con variaciones de 0,1% y 0,4%, respectivamente, en relación a la semana anterior. Son datos de Management and Fit.

En materia económica, la principal variación se dio en la precepción sobre la situación de empleo actual, que disminuyó 3.2 puntos con respecto a la semana pasada. Por otro lado aumentó ligeramente el optimismo sobre   la situación de precios actual y futura, aunque ambos indicadores siguen siendo el ancla del optimismo económico con no más de 11 puntos, según el relevamiento de la consultora.

“En termino político, sin grandes variaciones en la mayoría de los indicadores, la percepción sobre la situación política actual disminuyó 1.6 puntos, compensaba con aquella sobre para quién considera que gobierna el Gobierno Nacional (bien general versus intereses particulares), que se volvió más optimista en 1.1 puntos”.

Bajaron un 0,75 el índice de optimismo respecto de la situación política futura, que ahora se ubica en 45,2% y 0,4% el de “capacidad del Gobierno nacional futura”, situado esta última semana en el 32%.

En medio de los anuncios de recortes en el Estado e diferentes áreas, subieron un 0,8% la percepción de la “eficiencia del gasto publico2 y 1,1% el de la “preocupación nacional” en estos asuntos.

Aumento un 0,5% el índice de “aprobación de la gestión del gobierno  del presidente Mauricio Macri pero bajó un 0,7-5 el índice referido a la “honestidad del Gabinete del Gobierno nacional.”

Mariel Fornoni, a cargo de Managment & Fit dice: “Entre quienes aprueban, la mayoría son hombres y mayores de 40 años. Las mujeres son mayoría entre el 14,1% del total de indecisos. El 20,6% de los votantes de Cambiemos en desaprobación. El número es mucho mayor entre los votantes de Sergio Massa (79,2%) y los de Daniel Scioli (82,8%).”

“Ni opositores ni oficialistas dudan que uno de los motivos de la fuerte caída de la aprobación presidencial fue la polémica entre Jorge Triaca y la casera de su familia Sandra Heredia, también empleada en el SOMU. El 42,5% considera que fue un hecho de corrupción. El 19,1% lo califica como un descuido personal y un 14,6% interpreta que hubo una utilización mediática por la discusión sindical. Los indecisos al respecto son el 23,7% de los consultados.”

“El 42,8% considera que el affaire Triaca afectó mucho la imagen de transparencia del Gobierno. El 22,9% considera que incidió “algo”; un 13,3% afirma que influyó poco y un 11,4% está convencido que no afectó en nada.”

Para el analista político Sergio Berensztein, “el sindicalismo está muy segmentado desde el punto de vista organizacional. La CGT no contiene a muchos de los principales sindicalistas y gremios. Además de que en el país hay casi un 35% de trabajadores informales, lo que genera que l capacidad de representación se vea muy reducida, y esto da una mayor importancia a los movimientos sociales”.

Juan Wahren investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA sobre movimientos sociales, opina: “En toda América Latina, ese rol de defensa de los trabajadores por parte de los sindicatos se fue perdiendo. Históricamente, nacieron como contestatarios, pero eso se fue burocratizando y perdiendo”

Hugo Moyano perdió el apoyo de influyentes jefes sindicales. Creen que su caso se debe a causas judiciales. Moyano se acerca a sectores de izquierda y a las filas de Cristina Kirchner. Su poder se debilita ante la presión de la justicia. Se le añaden problemas personales: su mujer Viviana  Zulet  maneja los negocios. Su hijo Pablo, su favorito, quiere el control del fondos. Ella le puso los límites, porque según versiones fidedignas, no sabe administrar la plata.

Como si estas tensiones no bastasen, Graciela Ocaña lo acusó  de desviar fondos del gremio y de la obra social de Camioneros hacia empresas que están en poder de sus familiares directos.

La información es de la Inspección General de Justicia, luego de evaluar la integración de los balances de las sociedades Irai SA, Dixey SA, Organización de Seguridad las Marías SA, Selca SRL y Aconra SA, entre otras.

“La documentación que ahora aporto muestra inequívocamente el grosero desvío de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y a la mutual de Camioneros, entes manejados por Hugo Moyano y acólitos suyos, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios”, sostuvo en la denuncia.

Como el mar oculta en sus aguas, la bravura de las tormentas, así también en el Palacio de los Tribunales se ocultan, tras aparente serenidad, el germen de futuras tormentas. Nuevamente intenta convertirse a la Justicia en árbitro de cuestiones que le son ajenas y se le trasladan las respuestas a incógnitas que debiesen responder otros.

La sorpresiva muerte de la ex periodista y actual Legisladora Porteña, Pérez Volpin, ha trasladado a Tribunales una nueva incógnita vinculada esta vez a la mala Praxis médica, que se atribuye a quienes intervinieron en el estudio que se le practicaba en un Sanatorio capitalino.

Los más disparatados comentarios salieron de boca de los opinólogos de turno, desde los que reprocharon la lentitud con que actuó la Justicia –que secuestró la historia clínica casi inmediatamente de conocerse el episodio que le fuera denunciado -, hasta aquellos otros que señalaron que había existido mala praxis porque, rodeada de cinco médicos, aun así, se había producido su deceso.

Tan simple y caprichosa afirmación, dejaba concluir que si una persona estuviese rodeada por cinco médicos durante toda su vida, la misma no llegaría a su fin alcanzando la inmortalidad. Toda la información, apareció teñida de intereses, algunos vinculados a la popularidad de la periodista, y otros, a los posibles intereses de aquellos que compiten en el ámbito de las prepagas con el nosocomio en el que ocurrieron los hechos.

En definitiva, la última palabra la tendrán los médicos forenses sobre los que ya se han hecho recaer sospechas, al insinuarse que entre la comunidad médica existen redes de protección que suavizan los juicios de valor cuando debe evaluarse la actividad común de los profesionales de esa área.

Mientras tanto siguen su trámite otras causas que comprometen a ex funcionarios. No recibieron respuesta sobre la responsabilidad que pudo caberles por los sucesos reprochados.

La Cámara Federal ha decidido que el Ministro De Vido carece de responsabilidad en la importación de Gas Oil, causa que inicio su camino a la difusión pública indicando que el perjuicio sufrido por el Estado superaba los 6.000 millones de dólares.

Lentamente se van apagando los fuegos de los procesos que envolvían a otros funcionarios y comienzan a aparecer las llamas en los que se vinculan con los actuales. La existencia de trascendidos, el conocimiento de negocios en paraísos fiscales, y el descontento con algunas decisiones políticas, ha cambiado la orientación de algunos comentarios que, hasta ahora, se presentaban alineados con la política oficial.

El análisis sistemático de las actividades de algunos sindicalistas ha generado, en el ámbito propio, el alejamiento de aquellos que no se encuentran tan comprometidos respecto de los otros, que parecerían encontrarse en la mira de los que atacan la corrupción. Lentamente, Moyano parece ser, en solitario, quien deba responder por sus dineros, mientras quienes parecían sus aliados se van desvinculando de los actos de oposición al Gobierno como si quisieran pasar desapercibidos del ojo que podría escrutar sus patrimonios.

También genera incertidumbre en el Tercer Poder del Estado, la lentitud con que se determina quien habrá de suceder a la Procuradora Gils Carbó. Dicha parsimonia, antes que anticipar una decisión meditada augura, para muchos, la elección desafortunada de un personaje que no habrá de satisfacer las expectativas de nadie.

Si ello fuese así, una vez más, el Gobierno se generaría un escenario adverso, sin ningún provecho en el terreno sobre el que debe actuar. La designación, no alcanza al favor personal de alguno de los candidatos, sino que encierra la necesidad de ordenar el Órgano extra poder que fuera alimentado con la militancia, antes que con el profesionalismo.

Algunos ya reprochan la actitud del Gobierno de no poner los ojos en el papel que cumplían hace cinco años, algunos de los que son ahora convocados, como si el comportamiento pasado fuera un hecho anecdótico, y no la evidencia de un compromiso con las Instituciones que se busca rescatar.

Un error en este terreno, no por el elegido, sino por sus posibilidades de obrar en el ámbito en el que se lo designa, podría generar al Gobierno, fracasos que no se encuentra en condiciones de afrontar y, menos aún, de soportar.

Una vez ya, debió reconducir sus pasos al proponer, por decreto, a dos de los Ministros de la Corte, es que acaso se encuentra en condiciones de proponer al Senado un nombre que pueda ser rechazado o vapuleado durante las audiencias públicas?

Lo conveniente, seguramente, sería que el elegido surja robustecido tras su paso por la Cámara Alta, y no debilitado en su capacidad de gestión, después de un tratamiento doloroso de su pliego.

No le está resultando sencillo a la gobernadora ajustar los números como le piden desde el gobierno nacional. Más allá de recibir este año unos 21 mil millones más se sabe que tiene que hacer los deberes.

Arrastra el conflicto con el Banco Provincia por la modificación en el sistema de jubilaciones pero todavía tiene pendiente una reforma provisional más amplia que se paró a fin de 2017, en parte por los conflictos generados a nivel nacional.

En ese sentido se habla de una mala situación del IPS, una de las pocas cajas que en su momento no fueron pasadas a la Nación. Se dice que la gobernadora tendrá dificultades para no meter mano pero tampoco podría postergar en forma indefinida una medida que es monitoreada por el gobierno nacional.

Habrá que ver como resulta la paritaria con los docentes. Los gremios ya anticiparon que no aceptarán aumentos que no incluyan cláusula gatillo. Pero el Presidente no quiere saber nada con esa situación que puede empeorar el panorama general.

También tiene dificultades la gobernadora para que esa cláusula no se traslade a los municipios. Los intendentes que responden al Frente Renovador de Sergio Massa ya anticiparon que darán el 15 de aumento pero con cláusula gatillo. Ni hablar los jefes comunales K.

Pero la gobernadora también está teniendo dificultades con la propia tropa de Cambiemos. Por caso, en la Legislatura bonaerense que conduce Manuel Mosca, la gobernadora no obtuvo el recorte que hubiera pretendido.

Donde sí metió mano y también habrá repercusiones fue en el histórico subsidio que recibe la actividad Hípica. Por ahora lo achicó en un 25 por ciento pero ya anticipó que mandará un proyecto a la Legislatura para que, en forma a gradual, ese subsidio sea eliminado en su totalidad. Por ahora se ahorraría unos 300 millones anuales.

Claro que en el sindicato ya se declararon en alerta y dicen que solo en la capital de la provincia, unas 30 mil personas dependen del desarrollo de la actividad y que las consecuencias serán muy graves.

  Los empresarios afectados se preocupan en el corredor de la ruta 9, integrado por las plantas de Pepsico, Donnelley, Lear, Mondelez y el complejo químico Zárate-Campana (Petrobras, Atanor) pueda inclinarse hacia la izquierda violenta.

El titular de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, monseñor Jorge Lugones, ofició una misa en la catedral de Lomas de Zamora de la que participaron referentes del Triunvirato de San Cayetano, la alianza piquetera que integran la CTEP, la CCC y Barrios de Pie.

Lugones, jesuita que dirige la Pastoral Social y los movimientos sociales coinciden con un plan de lucha lanzado por estas organizaciones que saldrán a las calles mañana, en reclamo de una ley de Emergencia Alimentaria, y sumar fuerzas para la protesta que organiza el sindicato de Camioneros, el 21 de febrero en la 9 de julio.

El papa Francisco recibió por tercera vez en el Vaticano a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, de la Universidad Estatal de Milán.

A la salida del Palacio Apostólico, Carlotto, de 87 años, mencionó que tuvo una charla “muy cálida” de entre 15 y 20 minutos, y que vió al Papa “preocupado por la Argentina”, así como por otras situaciones “salvajes” del resto del mundo.

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, insultó al ministro de Defensa, Oscar Aguad, a quien le atribuyó la intención de “militarizar el Estado”. “El ministro Aguad, otro hijo de puta.”, atacó la titular de las Madres: “Quieren armar una fuerza de despliegue rápido, o sea, un Estado militarizado, con el respaldo de Estados Unidos”.

La AFIP volvió a rechazar la venta del Grupo Indalo que Cristóbal López y Fabián De Sousa buscan hacer a favor de OP Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Alberto Abad se opuso a la operación a través de la cual López, , preso por defraudación, busca desprenderse de 170 sociedades que conforman el holding.

Poca claridad en los números del Grupo, falta de fundamentos para la venta, y serias dudas sobre la garantía del pago de la deuda millonaria con el Estado si se concretara la operación.Toda operación de Indalo debe contar con la autorización del juez Ercolini para levantar la inhibición de bienes..

La  AFIP en su rol de querellante y denunciante en la causa por la cual  López y De Sousa están presos, investiga la defraudación al Estado por 8.000 millones de pesos que no pagó Oil Combustibles SA al organismo recaudador, con los que se financió el grupo durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

La AFIP planteó que el objetivo del Estado “no es otro que obtener la sanción de la supuesta conducta ilícita y lograr con la mayor celeridad y completitud el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de la maniobra defraudatoria”.

Los movimientos sociales convocaron a “debatir a dirigentes sindicales el apoyo mutuo de ambos sectores de cara a las dos marchas que se vienen, mañana y el próximo miércoles.

La votación final fue la de marchar todos juntos y en ambas fechas en la “búsqueda de la unidad el movimiento obrero contra un Gobierno que gobierna para ricos”.

 Pablo Moyano habló del frente judicial que enfrenta su familia: negó que se trate de una movilización para defenderse de las causas judiciales.

Juan Grabois asesor formal de un dicasterio del Vaticano (Paz y Justicia) muy cerca del Papa Francisco repudió la iniciativa del Gobierno que prevé enviar personal de Desarrollo Social a los comedores y a los cursos de capacitación para tomarles presente a quienes vayan, “¿Cómo unos conchetitos con posgrado nos van a decir cómo se le da la leche a nuestros hijosBasta de faltarle, el respeto a los pobres”.

Juan Carlos Schmid mandó un mensaje a las organizaciones sociales que vienen pidiendo un espacio en la CGT: “Muchos veces dije puertas adentro de la CGT que nosotros tenemos que pasar el movimiento de los trabajadores para incluir a los trabajadores de la economía popular”

 Schmid es el mayor defensor del vínculo con los piqueteros, resistido por otros  sectores de la CGT.

“El Papa juzga que no es el momento oportuno para viajar a la Argentina, y nosotros respetamos esa decisión y acompañamos. Él tiene sus motivos para entender sobre los tiempos y sus momentos. Nosotros acompañamos esa decisión”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, luego de reunirse con el Papa junto al resto de la cúpula del Episcopado.

Los obispos le renovaron al Papa su deseo “de que visite la Argentina cuando lo juzgue oportuno”. “Por ahora, el Papa no viajará a nuestro país, decisión que respetamos y acompañamos”.

El Sumo Pontífice percibe que no siempre hubo multitudes ni en Chile ni en Perú y tanto en Alemania,  Italia y el Vaticano –por razones distintas- crecen las resistencias de los fieles. Un tema caliente es su defensa encendida de los emigrantes del África y Medio Oriente. Los europeos resisten un tema que afecta su forma de vida.

Francisco quiere dejar memoria como “El Papa de la pobreza”  y crítico del sistema capitalista. Sus negociaciones con China van viento en popa. Es una prioridad de los jesuitas recuperar espacio en ese enorme país, donde alcanzaron influencia hace siglos antes de morir en el martirio.

La Argentina acusa la declinación de su popularidad:  el 53% de los fieles lo apoyan. Estas cifras preocupan a más de un obispo.

Es difícil hablar en Argentina del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sin mencionar a Guillermo Moreno. El organismo celebró sus 50´ años. En el Teatro San Martín, el actual director del Indec, Jorge Todesca, y el presidente Mauricio Macri, remitieron una y otra vez a la “oscuridad” de los tiempos pasados y repitieron la palabra “reconstrucción”.

Todesca consideró que la entidad que conduce está recuperando “prestigio internacional”. “Construimos un Indec del siglo XXI, ya que fue destruido extraordinariamente”. El Presidente tuvo expresiones muy favorables para Todesca, un veterano de la economía y la política con experiencia en gestiones oficiales complejas.

La decisión de cambiar el año base del Producto Bruto Interno está en los planes  del Indec, que reconstruye Jorge Todesca.  El año  2004, año base que se usa para evaluar la evolución del PBI, será actualizado porque se durmió en el tiempo.

Hay varios proyectos en consideración para definir en el 2017. Primero se deben dar determinadas características del período como un año de relativa estabilidad. Ese año se contaría con información de sectores de la economía. En noviembre de 2017 comenzó la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que finalizará en noviembre; ya se trabaja el Censo Agropecuario; se terminó el Minero; y está en agenda este año el Censo Económico, para lo cual primero desde el Indec, se firmará un convenio con la AFIP para acceder a datos agrupados. 2017 podría terminar siendo el nuevo año base.

Actualizar el año base es uno de los puntos que recomiendan desde el FMI para alinear las estadísticas argentinas a los estándares internacionales.

El Indec busca “bases encadenadas” para el PBI, una práctica más moderna ya implementada en varios países. Es necesario contar con información actualizada de censos económicos.

El movimiento de autoconvocados del campo uruguayo reunió a unos 270 delegados de todo el país que representaban a sectores de la ganadería, lechería, agricultura, arroz, hortícolas, forestal, servicios agrícolas, jurídicos, emprendedores, transporte, industria y comercio.

El vocero del movimiento, Marcelo Nogue, dijo que la asamblea facultó a los delegados a participar en las mesas de diálogo, llevando la proclama del acto masivo de Durazno, con reclamo de baja de costos a la producción y de recorte de gasto público. “Hay una batería de medidas. Una mesa de representantes instrumentará la evaluación permanente de cómo vayan las conversaciones”. Tema a seguir.Los hijos de Cristóbal están a punto de enfrentar los tribunales. El juez Julián Ercolini analizará en las próximas semanas un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para indagar a Cristóbal Nazareno y Emiliano López por lavado de dinero y asociación ilícita, inhibiendo  sus bienes.

Se trata de una causa paralela a la de Oil Combustibles. Se cree que a través de la empresa Agosto SA habrían  canalizado el dinero que no se le pagó al fisco por el impuesto al combustible.

La firma también pertenece a Osvaldo Sanfelice, socio en la inmobiliaria del diputado Máximo Kirchner y presunto testaferro de los K en el hotel Waldorf.

Pollicita recordó que Cristóbal aprovechó “una estrecha relación personal y comercial con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner” para armar el Grupo Indalo, compuesto por múltiples sociedades en las que “realizaron un importante aporte Cristóbal Nazareno y Emiliano”, corredores de automovilismo.

Agosto SA, una “sociedad pantalla” destinada al alquiler de maquinarias. Desde allí, “cimentaron una estructura para canalizar fondos que provendrían de una defraudación sistemática, deliberada y permanente al Estado”.

Nazareno y Emiliano habrían participado el 20 de octubre de 2017 de la venta de las acciones del grupo Indalo, junto a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Les estaba expresamente prohibido por estar inhibidos, según se desprende del fallo que metió preso a Cristóbal. El juez ordenó testimonios para profundizar la investigación.

Emiliano y Nazareno viven  en la Patagonia y en el departamento de su papá en Puerto Madero. Todas las semanas visitan a Cristóbal en la cárcel de Ezeiza. Allí hablan  de las novedades judiciales.

El empleo asalariado privado recuperó el nivel de dos años atrás. Son 6.277.200 trabajadores a noviembre de 2017, 11.000 más que en el mismo mes de 2015. El salario promedio real cayó 1,5% respecto a ese mismo año.

Los datos del Ministerio de Trabajo marcan que en noviembre el total de trabajadores registrados sumó 12.335.700. Son casi 300.000 más que en noviembre de 2015. La casi totalidad de este mayor empleo – unas 200.000 personas– se concentró en el monotributo y monotributo social, otras 63.000 en el sector púbico y 32.000 entre el personal doméstico. Los asalariados privados registrados aumentaron en 11.000 personas.

Una parte del mayor empleo obedece a la regularización de empleos informales, y también a la tercerización de actividades. Aún así el aumento del empleo registrado acompañó o fue inferior al crecimiento de la población activa.

Los asalariados privados formales, con 6.277.200 registrados, superaron por primera vez el nivel de 6.266.800 de dos años atrás. Aquí hay dos etapas bien diferencias. Durante 2016, hubo una pérdida de 66.700 empleos asalariados formales y durante 2017 se crearon 77.200.

El Ministerio de Trabajo informó que durante 2017 realizaron 183.746 inspecciones, número mayorr a los años anteriores.. Se relevaron 381.000 trabajadores y se detectó que 116.500 – el 30,6%–no estaban registrados. Las empresas regularizaron a 61.000 trabajadores y el resto siguió sin regularizarse, manteniéndose las multas. El 80% de las empresas con empleo no registrado corresponde a establecimientos de menos de 5 trabajadores. A su vez, aún se mantenían 52.000 empresas en el Registro de empresas sancionadas (REPSAL).

La participación de los diputados massistas Daniel Arroyo y Felipe Solá en la organización de un acto por la unidad peronista junto a kirchneristas y randazzistas generó cortocircuitos dentro del bloque del Frente Renovador. Su presidenta, Graciela Camaño, salió a aclarar la disconformidad con la iniciativa.

“Soy absolutamente contraria a esta jugada de algunos personajes. Hace tres meses tuvimos una elección y lo que menos espera la gente de nosotros es que nos estemos juntando para ver cómo hacemos en la próxima elección, o autopromoviendo candidaturas”, opinó Camaño..

Sergio Massa, se despega de la movida y recalca que su “límite” es el kirchnerismo. Lo cierto es que su autoridad política desfallece.  “La decisión fue mía, personal, y de Daniel Arroyo. No fui en nombre del Frente Renovador”, aclaró Solá. Está todo dicho.

En Washington, Patricia Bullrich hizo acuerdos de colaboración con el FBI, la DEA, la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security) y el Departamento de Estado.  Se  trata de alinearse con la agenda estadounidense de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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