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PANDORA | 7miradas

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La campaña presidencial empezó antes de ser anunciada. Mauricio Macri seguirá a la cabeza y su equipo también. Eso no quiere decir que todos los funcionarios estén tranquilos. Y tienen sus motivos.  En su eventual segundo ciclo el Presidente diseñará otra propuesta.  La situación de la economía es distinta. Y la Argentina es otra.  Una  nueva etapa presidencial requiere cambios. Lo saben los funcionarios de rango ministerial y los que lo siguen.

El peronismo sigue en coma. La agonía se expresa en la coyuntura de una Cristina Kirchner cercana a Hugo Moyano y el rechazo que provocan en la sociedad, hoy sensible y fastidiosa hacia casi todo. El costo de la vida y la inseguridad persistente enerva los juicios de la gente de a pie y eso vale para cualquier sector político. La conducta de pacotilla de Triaca lo hizo caer vertiginosamente en el aprecio social según las encuestas. Hay que  honrar el cargo.

Alfredo Cornejo preside al Partido Radical, luego de la gestión de José Corral.  Le toca definir y profundizar la alianza con Cambiemos y reclamar mayor participación.

Los radicales saben que su poder  político en la provincia de Buenos Aires se desplomó en manos del Pro. – y que aún carecer de un líder en condiciones de vitalizar al radicalismo. Hay quien piensa que Gerardo Morales podría ser un posible candidato

Enrique Nosiglia orienta desde hace años al partido en Capital Federal.. Su influencia se consolida en el país. Es un maestro en el manejo de relaciones con su partido

Los seguidores de Sergio Massa ya no cuentan con él. Se debe a su decisión a dedicarse al tema seguridad, asociado al ex alcalde de Nueva York. Sus legisladores no confían en su propia reelección y la odisea del ex gobernador Felipe Solá que gestionó ante María Eugenia Vidal el cobro de su jubilación de 240,000 pesos mensuales.

Sin un Sergio Massa activo se evapora el partido. Graciela Camaño ha dado a entender que no se presentará para renovar su cargo legislativo.

La Universidad de San Andrés difundió resultados de su investigación mensual sobre satisfacción ciudadana. En la encuesta   (#ESPOP). Algunos resultados:

“Desde octubre de 2017 a febrero de 2018, las iniciativas del Gobierno (reforma previsional, tributaria y laboral, “megadecreto”, etc.) así como diferentes affaires del equipo  (Triaca, Díaz Gilligan, etc.) erosionaron su imagen, la de sus integrantes y, en consecuencia, de las percepciones y expectativas sobre la situación general del país.”

Entre los más conocidos (los cuales más del 50% de los entrevistados tiene opinión), encabeza la lista con una imagen neta positiva el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (65%), seguido del jefe de Gabinete, Marcos Peña (63%), y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (61%).” Son  ministros percibidos abocados a la gestión y respecto de los cuales no hay asuntos personales que interfieran en la percepción de los ciudadanos.

Carolina Stanley, Lino Barañao y Germán Garavano tienen una imagen positiva entre los entrevistados, pero a diferencia de los anteriores son muy poco conocidos aún o conocidos en segmentos muy específicos y acotados.

La lista de ministros más conocidos y con imagen neta negativa es encabezada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con un 71% de imagen neta negativa (el reverso del 29% de imagen positiva).

El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman (65% de imagen negativa); de Finanzas, Luis “Toto” Caputo (60% de imagen negativa), Defensa, Oscar Aguad (57%), y el de Energía, Juan José Aranguren (54%). De todos se presume de conflictos de intereses y/o haber demostrado una buena dosis de impericia.

Los ministros son fusibles, se pueden cambiar y con ello volver a conectar el sistema. No es el caso del Presidente.  Su imagen positiva neta es del 60%. La gobernadora María Eugenia Vidal, mantiene un inmejorable 72% de imagen positiva neta. Elisa Carrió sostiene un 65% de imagen positiva neta.  Los tres se cuentan con respaldo y bien posicionados. El  declive general que los indicadores reflejan desde octubre a febrero se percibe.

La encuesta de satisfacción y opinión pública (#ESPOP) de la Universidad de San Andrés del mes de febrero fue la caída de las percepciones retrospectivas y prospectivas. Los entrevistados sobre la situación del país, por primera vez desde el gobierno de Mauricio Macri, la proporción de los que responden “peor” (41%) es mayor que los que dicen “mejor” (37%).

Al preguntarles a los entrevistados acerca de cómo consideran que estará el país dentro de un año, la proporción de los que consideran que estará “peor” (43%) superó a los que consideran que estará “mejor” (30%). En tres meses, la percepción de mejora y las expectativas positivas cayeron.

El contraste de percepciones en los sectores de nivel socioeconómico alto (ABC1) la percepción de que la situación mejoró llega al 50%, mientras que para un 31% de ese mismo sector social la situación empeoró. Para los estratos más bajos la percepción de que la situación mejoró solo alcanza al 23%, mientras que un 51% considera que empeoró.

Hay una correspondencia entre el nivel socioeconómico, el respaldo al Gobierno, las percepciones de mejora y las expectativas. Pero aun esa correspondencia está siendo afectada y profundizada. El Gobierno tiene la ventaja de que aún no cuenta con rivales en condiciones.

 María Eugenia Vidal no va a renovar la licencia de bingos en la provincia de Buenos Aires. Revocó la licencia de Temperley que iba a operarse en Puente de la Noria por Codere  asociado con Manuel Mautone, a quien se lo vincula con Daniel Angelici. También dispuso el cierre de los casinos de Necochea, Valeria del Mar y Mar de Ajó.

Pero el juego no cesará. El 27 de marzo se abrirá la licitación de las máquinas tragamonedas, donde la provincia provee de 3800 máquinas tragamonedas.

Un problema creciente es la deuda que mantiene la provincia con el Jockey Club. Pasa los doscientos millones aunque se menciona que la demora se debe al mal funcionamiento del sistema. Las autoridades del Jockey esperan pero se registran reacciones adversas ante el perjuicio.

La condena oficial del turf como juego de azar es relativa (solo el 1% del juego se vincula a la hípica) pero daña a los hipódromos del interior de la provincia. Las carreras de caballos en la provincia son fuente de diversión más que de juego. Hay malestar por este tema entre los pueblos bonaerenses.  La pérdida de carreras derivará en las clandestinas cuadreras, una actividad secular sin control ninguno.

Buenos Aires, trasmite su ritmo enloquecido a casi todos los que quieran habitar su suelo, y como una paradoja, les desanima cotidianamente   para enfrentar su día. Esa situación se traslada obviamente, a todos los ámbitos, incluido el judicial.

El desconcierto a veces, el abatimiento otras, se apodera de sus personajes cuando se descubren protagonistas de los males que aquejan a la sociedad. Nada parece redimirlos del juicio adverso de una sociedad que sale en persecución de los culpables necesarios, para transferir  a otros las consecuencias repudiadas de los comportamientos propios.

Frente a los episodios cotidianos en los que la violencia se ve reflejada, se bucea en los antecedentes del victimario para encontrar la resolución judicial que le dejó en libertad –aunque haya agotado la pena o la ley imponga su soltura- y nadie advierte la ausencia del personal policial que debiera prevenir que dichos sucesos ocurran.

Así se desmadejan ideas que pretenden restar responsabilidad en los hechos y trasmitir la sensación de que todos los estamentos se encuentran activos en procura de una solución. Los ciudadanos escuchan pero descreen, la inseguridad no se detiene y el hombre común intuye que alguien debe ser responsable.

Entre esa gente, algunos temas les pasan desapercibidos, aún, con la importancia institucional que poseen, y es solo consecuencia de lo distantes que están de su cotidianeidad.  No les agrada que la obra pública haya sido el feudo de unos pocos que se han enriquecido por demás, pero a veces, les cuesta encontrar el hilo conductor que vincula esas conductas con sus vidas, más cercanas al arrebato o a la agresión física.

Decimos esto porque en muchas ocasiones se   pone la atención en los temas que habrá de resolver la Justicia Federal y se pierde de vista que es la Justicia de Instrucción aquella a la que accede la mayoría de la población, la que se ocupa de los episodios que nunca llegaran a ser una noticia sostenida en el tiempo y que no comprometen a personajes conspicuos de nuestra Aldea.

En su conjunto, las actividades encaminadas a solucionar el tema no son de difícil implementación, aunque requieren un sensato equipo que las instrumente. Posiblemente, el sistema acusatorio que busca instalarse favorezca el tema, aunque es posible sugerir que para que ello fuese totalmente exitoso, el personal policial y de investigación,  debería hallarse sometido a la autoridad directa de los miembros del Ministerio Publico de modo de evitar la existencia de una doble cadena  de mando y órdenes.

En ese sentido, dar intervención a los miembros   del Poder Judicial en el análisis de la reforma  es una hábil decisión que les impedirá después,   opinar desfavorablemente de una modificación que se ha originado en su seno, al tiempo que recogerá las críticas que hoy pueden hacerse, a los cambios que surgen de otros sectores.

Estas digresiones, en nada ocultan los hechos de la Gran Justicia   que complica a los personajes de la vida pública que todos conocemos. Tras la decisión que culminó   desechando la investigación llevada adelante por el Juez Bonadio respecto del gas natural líquido – resolución durísima en la que los Jueces descalificaron absolutamente la actividad del perito que sirvió de soporte al Juez para decidir los procesamientos-  se aguarda la decisión que pudiera recaer respecto de Cristóbal López.

Algunos ya anticipan su próxima libertad, atendiendo a los precedentes caídos en las causas Boudou y  Baratta,  aunque sería una ironía del lenguaje que ese beneficio solo estuviese  reservado   a aquellos que inician su apellido con la B y no a los restantes procesados –incluido Báez,  omitido a pesar del tiempo de detención que arrastra, próximo al máximo permitido, sin que recaiga condena a su respecto-.

La situación de López, sin embargo, no es tan obvia como intenta hacérsela aparecer, una evasión próxima a los 10.000 millones de pesos, marca una transgresión difícil de digerir,  y con pocas posibilidades de ser justificada legítimamente,  pues el crecimiento de un grupo económico a partir del apoderamiento de esas sumas,  no demuestra una habilidad  comercial especial, sino más bien una inevitable consecuencia de la obtención de semejantes recursos sin costo alguno. La Justicia dirá –bien o mal- cuál debe ser el destino carcelario de estos empresarios forjados en el límite mismo entre  lo que es debido y lo prohibido.

Tampoco debe soslayarse el inicio de los procesos que incluyen a propios Funcionarios de este Gobierno que, en su transición entre sus actividades anteriores y el ingreso a la Administración, han dejado rastros que, en algunos casos, sugieren comportamientos  poco felices y que los Jueces están dispuestos a investigar.

En algunos casos, las decisiones resultarán un bálsamo sobre las espaldas cargadas de alguno de ellos pero otros, posiblemente,  deban transitar por escabrosos senderos, en los que los Jueces intentarán demostrar su independencia a ultranza  y mostrar los errores cometidos a una sociedad ávida de culpables.

Últimamente, ha fungido como comidilla periodística la difusión de escuchas telefónicas sostenidas entre la ex Presidente y quien fuera su ultimo jefe de Inteligencia, O. Parrili.  Es verdad que los diálogos divulgados memoran aquellos otros que, en las décadas pasadas, generaba un conocido humorista que se burlaba de la ingenuidad de sus ocasionales interlocutores.

Sin embargo, la situación deviene menos trivial y un poco más seria. Los periodistas que las han divulgado, defienden a ultranza el derecho a hacerlo -que por otro lado les ha otorgado una popularidad poco frecuente-.Sostienen para ello, que las escuchas son legales (por haber sido tomadas dentro de un expediente judicial, aunque omiten referir que los expedientes son públicos solo para las partes)   silenciando que lo ilegal es hacerlas trascender y más aún,  el modo en que pudieron haber sido obtenidas.

Pero en el país en el que poco importa ajustarse a la ley se ha convertido en regla hurtar información, violar secretos establecidos por ley – por ej. El del   nombre de aquellos que se incluyeron en el blanqueo que garantizaba su anonimato- y cualquier otra actividad que permita tomar ventaja de alguna situación. Tales comportamientos, que exponen un perfil de sociedad, posiblemente indiquen también el esfuerzo que será necesario realizar para transformarla en aquella otra idílica que soñamos.

En el marco de la causa por lavado de dinero, donde ya fueron indagados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, el juez Julián Ercolini ordenó la intervención judicial por seis meses, de la empresa Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate; con “facultades de información, administración y recaudación”. La acefalía de la empresa desde el 20 de diciembre y la documentación adeudada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) son argumentos centrales de la medida. Los Kirchner ya tienen todas sus empresas intervenidas por la justicia.

El complejo cuatro estrellas conocido como Alto Calafate -propiedad de Hotesur-, es investigado por los alquileres que Lázaro Báez pagó a través de siete empresas y por la administración del mismo, garantizando a la ex Presidenta desde 2008 a julio de 2013, unos 27 millones de pesos.

El hotel Alto Calafate fue el primero que adquirió la ex familia presidencial, en 2008. Meses después, Báez constituyó la empresa Valle Mitre con la que  gerenció el lugar hasta julio de 2013. La compra del establecimiento hotelero fue por 4.900.000 dólares.

Hotesur SA contaba con veeduría judicial y su administración estaba a cargo de Idea SA de Osvaldo Sanfelice. La firma hotelera fue intimada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por encontrarse acéfala desde el 20 de diciembre. Sin autoridades en su directorio, Máximo y Florencia Kirchner señalaron que no pueden nombrar nuevas directivos por la “persecución judicial que sufren”.

Ercolini entendió la situación de Hotesur “ha variado sustancialmente en los últimos meses; por lo que corresponde disponer su intervención judicial”.

La empresa dueña del Alto Calafate “evidencia un panorama incierto respecto de la marcha y funcionamiento de la empresa y una actitud dilatoria en el cumplimiento integral y oportuno de los requerimientos de los auxiliares de justicia y que, por lo tanto.

Has ausencia de libros contables y societarios de la empresa y a falta de colaboración de la firma con los veedores judiciales.

Con la intervención del hotel Alto Calafate, se pretende una “correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes”, y vez proceder “a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo”.

La jueza del fuero civil de Mar del Plata Patricia Juárez firmó la inhibición general de los bienes del ex vice presidente, a pedido de Daniela Andriuolo, la ex esposa de Boudou que vive en Italia.

La resolución sobre la inhibición de sus bienes es consecuencia de un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que el año pasado le ordenó a Boudou rendir cuentas por bienes ganancias del matrimonio que mantuvo con Andriuolo.

Trata del auto japonés que más tarde registró con domicilio y sellos falsos. Andriuolo sostenía que era parte del patrimonio a dividir. Boudou, que no. Según el fallo de la cámara Civil, el ex vicepresidente cambió tres veces la fecha de adquisición del famoso auto.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se cite otra vez a declarar como acusado al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa donde ya está procesado por rendición de viáticos falsas, al imputarle por otros dos nuevos hechos.

Di Lello amplió la imputación a Boudou y a su ex secretario privado Carlos Romano y requirió al juez federal Ariel Lijo que vuelva a citarlo a declaración indagatoria.

El fiscal aludió a dos facturas por las que ambos no fueron indagados.

En el caso de la primera, se presentó como parte de una rendición de un viaje a Paris (Francia), en diciembre de 2010 por 19.937 euros, pagos de “sala de reuniones y traslados del señor Ministro y comitiva” entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010.

La otra, número 79.263, se presentó por 3.863 euros como “gastos eventuales” de otro viaje a Paris de Boudou, en una gira que incluyó Roma y Milán en Italia, entre el 14 y 19 de marzo de 2010.

Para el fiscal hay “pruebas suficientes” para ampliar las indagatorias y acusar a Boudou por estas dos rendiciones de viáticos que según pruebas en la causa, serían falsas.

 En alguna oportunidad Boudou pretendió pagar a sus abogados con cargos en el Parlamento. En fin, fue rechazado y ya pasó.

Ahora La mancha de Rolando, que acompañó musicalmente en las correrías de Boudou se declara en mora. El actual Ministerio de Cultura le pagó siete de los quince recitales que la banda hizo en el último año de la gestión kirchnerista. Los otros los rechazó por “irregularidades administrativas”.

El 2 de diciembre de 2015 la ex Secretaría de coordinación y contratos de gestión, aprobaron y adjudicó a la Mancha de Rolando una serie de conciertos por $ 2.160.000. La cifra no fue abonada por la gestión de Cristina Kirchner y el grupo de rock hizo el reclamo al actual ministerio de Cultura. El reclamo terminó en la justicia.

El ministerio de Cultura indicó en su escrito que las presentaciones del grupo de rock “habrían sido realizadas antes de la notificación de la orden de compra”. Menciona “severos vicios” en de contratación a la banda.

El representante legal de la banda inició una nueva causa y denunció el incumplimiento del pago “por un contrato celebrado durante la gestión anterior” y que el Estado “debe afrontar”.

La Mancha estaba incluida en un registro de conjuntos musicales tenidos en cuenta por el Estado. Se determinó que se hacían conciertos y después se emitían las facturas.

La banda se retiró del registro: “no quieren saber nada con esta gestión”. Y tampoco la gestión con ellos. Están fritos.

Se discutieron desafíos y brechas que la candidatura argentina debe atravesar para integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El evento fue organizado por el CSIS.

La OCDE —establecida en el año 1961— es una institución que se define como “promotora del desarrollo económico en el contexto de instituciones democráticas que promuevan el bienestar ciudadano”. Actualmente cuenta con 35 países miembros. México y Chile son hasta ahora los únicos latinoamericanos, mientras que Colombia y Costa Rica se encuentran en avanzado proceso de acceso.

La OCDE promueve políticas públicas en áreas como gobernanza pública, política fiscal, acceso a la justicia, mercados financieros, ciencia y tecnología, educación, empleo y asuntos sociales, salud, transparencia, medio ambiente, comercio internacional, industria e innovación, economía digital y defensa del consumidor.

Desde el cambio de gestión a finales de 2015, el Estado argentino decidió iniciar un proceso que permita que la Argentina sea invitada a formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La membresía conlleva un número importante de responsabilidades en cuanto a las políticas a ser implementadas y los mecanismos de discusión e implementación de las mismas, mientras que como contrapartida provee una serie de beneficios en el mediano y largo plazo.

Andrés Ibarra recortó su ministerio, Modernización: de 277 secretarios, subsecretarios, cargos extra escalafonarios y de alta dirección pública eliminó o cambió 104- Un 38% de su área.

Guillermo Dietrich suprimió 12 de los cargos políticos en el Estado- que tiene bajo su mando; en total, el 9% del plantel.

El Presidente Mauricio Macri busca reducir el gasto. Se redujeron 974 subsecretarías y cargos el Poder Ejecutivo.  Una quita del 25% de los cargos políticos y ahorrar 1400 millones de pesos por año.

Dos ministerios con alta baja de cargos fue el de Desarrollo Social. Carolina Stanley: redujo el 38%; Al igual que la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, con menos nueve subsecretarías.

En Hacienda, que lidera Nicolás Dujovne , un 34%. De los 280 que estaban demás, quedaron 184.

Los números del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en total la reducción de cargos y de gente fue del 20%. Frigerio pasó de administrar seis secretarías y 14 subsecretarías a tener ocho secretarías y cuatro subsecretarías.

Seguridad, redujo 60 secretarios, subsecretarios, cargos extra escalafonarios y de dirección pública. 33% de su plantel.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , pasó de tener 152 a 117 cargos políticos (-23%) y en Cultura, a cargo de Pablo Avelluto, de 106 a 79 (-22%).  La Secretaria General, que lidera Fernando De Andreis, bajó de 174 a 140 (-20%)

Aníbal Ibarra renunció como abogado defensor de Cristina Kirchner en la causa AMIA.  En su renuncia recordó que, a pesar de haber sido sobreseído en tres instancias judiciales, los ataques en su contra por el caso Cromañon le valieron “agresiones personales”. No renunció al cargo de asesor en el consejo de la Magistraturaa ni a su sueldo, naturalmente.


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