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Reclaman cumplimiento del fallo que anuló el aumento de tarifa de transporte

La Defensoría del Pueblo de Chaco reclamó el cumplimiento del fallo judicial que anuló el aumento de tarifas del transporte automotor de pasajeros entre Resistencia y Corrientes.

El defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, recordó que a pesar de la obligación de cumplimiento por los demandados “ni la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ni el Ministerio de Transporte de la Nación han acreditado dar cumplimiento a la orden judicial ni han manifestado el mecanismo que se instrumentará para acatar la sentencia que ordena retrotraer la tarifa del transporte de pasajeros entre Chaco y Corrientes”.

Por un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones difundido a principio de este mes se obligó a que se retrotraiga la serie de aumentos que se dieron desde el 2013, hasta que se celebre la audiencia pública correspondiente, apuntó el ombudsman.

El cuestionamiento del aumento del precio de la tarifa data desde hace tres años cuando pasó de 6 a 7 pesos aunque ahora ya es de 8,50 pesos por lo que el ombudsman dijo: “no tenemos información de la modalidad de acatamiento del fallo de la judicatura, y menos aún de la audiencia pública a la que se encuentran obligados a convocar previo al aumento tarifario”.

“Esta conducta omisiva trae aparejado enormes perjuicios para los más débiles: los usuarios, que una vez más se ven afectados al tener que pagar un precio por el pasaje que es absolutamente ilegal conforme lo dispuso el fallo de mención”, acotó.

El defensor insiste en que “el remedio por excelencia para compulsar al cumplimiento de la sentencia es la aplicación de sanciones conminatorias, tendientes a sancionar a los mismos funcionarios públicos, cuando incurran en desobediencia a los mandatos judiciales”.

También entiende que “la Administración Pública debe funcionar bajo la Constitución y las leyes” y sostuvo que “la coacción jurisdiccional judicial gravita por igual sobre las dos partes en el proceso”.

También señaló que “sin distinción de que una de ellas sea el propio Estado nacional, estas sanciones no deslindan responsabilidades penales por la presunta desobediencia judicial”.

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