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Sueños Compartidos: citaron a declarar a Hebe Bonafini, los Schoklender y De Vido

Hoy 22:35

El detenido exsecretario de Obras Públicas, José López; el exministro de Planificación, Julio De Vido; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron citados a indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, entre un total de 43 imputados, por presuntas irregularidades cometidas en el programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos.

 Entre los citados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 se encuentran también el exministro de Trabajo Carlos Tomada y el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

 Los citados a indagatoria deberán concurrir a los tribunales en un plazo que va desde el 4 de julio hasta fines de septiembre y el primero de ellos será Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, sindicado como el nexo entre el Gobierno de Cristina Kirchner y las Madres de Plaza de Mayo y los Shoklender.

El listado de las 43 personas citadas incluye también al actual diputado y exintendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi; al exjefe comunal de Ezeiza Alejandro Granados; y a los expresidentes de los institutos de Vivienda de la Ciudad, Claudio Freidin, y de Santiago del Estero, Daniel Nasif.

 También están citados a declarar los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Maurice Closs, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien en un descargo por las redes sociales señaló que “la provincia de Santiago del Estero ha cumplido todos los procedimientos legales” y que no se va a amparar en sus fueros y que acudirá al llamado de la Justicia (10 de agosto) para aclarar “cualquier situación o duda”.

 El programa Sueños Compartidos fue asignado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y estaba dirigido por los hermanos Schoklender, acusados de ser parte de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la Justicia se comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados a este plan.

 El juez investiga si parte de esos fondos habrían sido “detraídos luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.


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