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Alrededor de la deuda

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Hay propuestas de los deudores dentro de lo que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Comité de Acreedores de Argentina consensuó junto al Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina. Establece depositar los u$s503 millones en un depósito de garantía en manos de un tercero en señal de buena fe, necesario para evitar se active la aceleración del cross default.

Argentina dilatará el pago en concepto de interés por los bonos Global 2021 (AA21), 2026 (AA26) Y 2046 (AA46), todos bajo la Ley de Nueva York.

La nueva postergación es la segunda de esta negociación. Según el cronograma dispuesto, la Argentina debiera haber cerrado esta instancia el 8 de mayo pasado. Entonces  se había estipulado que se podría extender hasta el 22. El lapso se vuelve a ampliar. Las diferencias entre las partes, impiden apurar los tiempos.

Entre las propuestas de cada uno de los bonistas hay diferencias que pueden ser compatibilizadas. En el caso de algunos bonos el ritmo de adhesión a la oferta es importante e incluso alcanza al 80%. Falta el visto bueno de sectores más duros. El nivel de conflicto no es el mismo que días atrás.

Si el Gobierno y los tres grupos de acreedores con los que negocia no logran  un acuerdo para ese día, y la Casa Rosada no concreta ese pago, la Argentina caerá en el temido default.

La propuesta del tercer grupo de acreedores Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group) es la más agresiva: alcanza a los tenedores de bonos que fueron canjeados en 2005 y 2010, reclama mejor trato que los acreedores que confiaron en el gobierno de Macri a partir de 2016 y amaga una Cláusula de Acción Colectiva (CAC) de un 85%.

Este grupo, incluye a fondos como Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group, busca que el Gobierno pague intereses desde el 15 de noviembre, con un cupón de 1,25%. Sin plazo de gracia.

Quieren cobrar ahora los intereses del Discount y asociarse al crecimiento futuro de la economía con un cupón PBI, auditado por el FMI para diluir los efectos de una manipulación estadística.

“Todas las contraofertas de los bonistas rondan un Valor Presente Neto (VPN)  entre 58 y 60 centavos por dólar con una tasa de salida (exit yield) calculada en un 10%. La primera oferta del Gobierno, que fue calculada en 37,5 de VPN, y también de los 44 que presento en esta ronda. Los números podrían acercase hasta los 50 o 52 centavos por dólar para alcanzar un acuerdo. Provincias argentinas están contratando asesores y evaluando opciones para sus cargas de deuda extranjera mientras la administración de Alberto Fernández avanza en sus propias conversaciones con bonistas para reestructurar u$s 65.000 millones.

Media docena de gobiernos provinciales toman sus medidas en tanto la  Argentina negocia con los bonistas externos cuyo límite es el vencimiento por u$s 500 millones. .

Las provincias tienen una deuda de u$s 15.000 millones.  Dependen de los desembolsos del gobierno central. Un fracaso en un acuerdo entre Nación y los bonistas complica la posición de los distritos ante sus acreedores. Idéntica situación de la provincia de Buenos Aires –en default legal-  ningún acreedor se presenta en la Justicia mientras existía una negociación.

Las reglas de Wall Street convalidadas en los fallos judiciales implican una negociación cuando las partes presentan soluciones al acuerdo. Los acreedores requieren: cobrar intereses devengados, capitalizar los intereses durante el período de gracia, y subir dos puntos la tasa promedio de interés en los pagos futuros a partir de 2021 o 2023.

La alternativa más cercana, es ir a un “default corto”. Una cesación que dure unas semanas hasta que cierren las negociaciones.

Un acuerdo que establezca las bases para que la Argentina se quite un yugo que asfixia –como otros, bajo la sombra de la peste- el despegue del gobierno de Alberto Fernández,

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