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Cambios en la Superintendencia: una promesa que descomprime el déficit de las obras sociales pero no lo soluciona

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El cónclave que el consejo directivo de la CGT mantuvo con el Presidente le dejó sinsabores pese a que se llevaron la promesa oficial de una ayuda de $11 mil millones para cubrir los gastos de Discapacidad de las obras sociales, unos $3 mil millones menos que los que había calculado el fallecido Eugenio Zanarini cuando se encontraba al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Justamente Alberto Fernández no cedió al pedido de los gremialistas para que David Arachuan, actual gerente de la SSS, sea promovido a la conducción de la institución pero no se opuso a que continuara en su puesto. “Sólo cambió la cabeza pero la estructura queda igual”, apuntó una fuente gremial consultada. Es que al frente del organismo que regula la seguridad social quedó el cirujano sanjuanino Daniel López, que hasta entonces revestía en el programa Incluir Salud adonde llegó de la mano de Ginés González García en Salud. Ex directivo de la obra social Osecac, en el gremio de Armando Cavalieri lo recordaban como un dirigente “aliado”.

En las últimas horas un colaborador del Presidente dijo que se le tomará juramento a la vuelta de la gira europea que este sábado emprenderá el jefe de estado. Se descarta, no obstante, que el funcionario tome posesión del cargo antes del regreso de la comitiva presidencial a la Argentina previsto para el próximo viernes.

Si bien no pudieron elegir a un candidato propio, tampoco La Cámpora logró tomar el apetecible cargo. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, era uno de los interesados en desembarcar en el organismo para poder darle forma a su proyecto de una ley nacional de salud que integre los tres subsistemas, el público, el privado y el de las seguridad social, algo que era resistido por los caciques sindicales.

Durante el almuerzo realizado en la Residencia de Olivos, con todo, los dirigentes gremiales se llevaron el compromiso de Fernández para que $11 mil millones por año se destinen al transporte y a la educación de pacientes discapacitados vía recursos del Tesoro nacional y ya no desde las arcas de las propias obras sociales. Hace unas semanas el fallecido superintendente había calculado ese gasto en $14 mil millones. La otra gran erogación que tienen las obras sociales es la cobertura de tratamientos complejos con la compra de medicamentos de 300 mil dólares por unidad. Sobre la necesidad de establecer “un pool de compras” con el estado, no hubo respuesta.

“Alberto dijo que sí al gasto por Discapacidad y la idea es que Transporte absorba una parte y Educación, la otra. Pero muchas veces había dado su consentimiento para medidas y después no se cumplió así que vamos a esperar”, se sinceró la fuente consultada.

Tampoco hubo guiño oficial para la pretendida modificación del régimen de monotributo para aumentar la cuota de los monotributistas sociales para que puedan ingresar al grupo familiar y, de este modo, poder retenerlos en una prestadora de salud. Si el gobierno cedió en una reforma sobre la libre elección de obra social, por lo que los afiliados deberán permanecer el primer año desde el ingreso laboral en su obra social de actividad, como una forma de evitar el desfinanciamiento del sistema.




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