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Colombia vota muy polarizada

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Treinta y nueve millones de colombianos (un millón y cuarto más de mujeres que de hombres) están llamados a las urnas para elegir al presidente de los próximos cuatro años tras una campaña repleta de insultos y la posibilidad histórica de que la izquierda alcance el poder.

Más de 12.000 puestos de votación (58% en las áreas rurales) han sido habilitados por la Registraduría, el organismo electoral de control, a lo largo de un país más extenso que dos Españas y una Portugal juntas. Casi otro millón de colombianos registrados en el exterior han podido votar en las embajadas y consulados de 67 países.

Las encuestas predicen que ningún candidato conseguirá la mitad más uno del total de votos emitidos. Los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta que se celebrará el 19 de junio, dentro de tres semanas. Desde 1994 el único presidente elegido en la primera vuelta ha sido el derechista Álvaro Uribe en 2002 y 2006.

Sólo tres de los seis candidatos aspirantes tienen posibilidad de pasar a la segunda vuelta: el izquierdista Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, que encabeza las encuestas con algo más de un 40% y es la tercera vez que se presenta a la presidencia; el derechista Federico Gutiérrez con un 22% y el populista Rodolfo Hernández, que puede convertirse en la gran sorpresa porque ha duplicado sus opciones de voto en el último mes. Los votantes de Sergio Farjado, un candidato que se ha desinflado durante la campaña electoral, pueden ser determinantes durante la segunda vuelta que se presenta muy reñida.

La abstención ha sido casi siempre la ganadora de cualquier elección colombiana desde hace tres décadas. De las cinco elecciones presidenciales realizadas en el nuevo milenio sólo en las dos vueltas de 2018 el número de votantes superó al de abstencionistas. En las elecciones de 2010 la abstención superó el 56%, La media de abstención desde 1990 supera el 52% aunque este promedio podría cambiar hoy.

La campaña electoral ha sido una de las más sucias de las últimas confrontaciones. En la contienda se ha utilizado noticias falsas, graves acusaciones sin pruebas, ataques a la salud mental de los candidatos y amenazas. El candidato derechista Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, llegó a decir que la organización criminal y narcoparamilitar Clan del Golfo, capaz de paralizar todas las actividades productivas durante cuatro días en siete departamentos a principios de mes, «iban a obligar a los ciudadanos a votar por Gustavo Petro» y que no querían ver un solo voto en sus zonas de influencia para el resto de candidatos. Por su parte el candidato izquierdista dijo que «tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico».

Las hostilidades entre los candidatos se multiplicaron a partir del 13 de marzo cuando se hicieron públicas oficialmente las distintas candidaturas. Petro fue acusado de «sufrir un episodio depresivo grave en la época que trabajó en la embajada en Bélgica» por la candidata Ingrid Betancourt, que se retiró la semana pasada de la carrera presidencial.

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, acusó a Francia Márquez, aspirante a vicepresidenta de Colombia en la candidatura política de Petro, de tener nexos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) sin aportar ninguna prueba. Otra noticia falsa afirmaba que se estaban entregando cédulas de identidad a venezolanos (en el país hay dos millones) para que voten por el candidato izquierdista. Las mentiras y las noticias falsas han obligado a la campaña electoral de Petro a crear una página web dedicada a desmentir informaciones engañosas en su contra.

En los últimos días los principales candidatos han participado en varios debates con la intención de arrancar el voto a los indecisos que superan el 10% de los votantes, según las encuestas. El candidato populista Rodolfo Hernández, acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación desde hace un año por corrupción durante su periplo como alcalde de Bucaramanga, se ha ausentado de los debates y ha preferido dirigirse a sus simpatizantes a través de las redes sociales. «He tomado la decisión de no asistir a ninguno durante esta última semana porque no quiero contribuir a un espectáculo de egos y ataques», se excusó.

La estrategia del izquierdista Petro y del centrista Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, ha sido relacionar al candidato derechista Federico Gutiérrez con el actual presidente Iván Duque que vive sus horas más bajas por su desastrosa política económica y de seguridad.

Vinculado al ex presidente Álvaro Uribe, el hombre más poderoso de la política colombiana de las últimas dos décadas con casi 300 investigaciones abiertas contra él, Gutiérrez intenta aparecer hoy como un candidato independiente del «uribismo» para evitar el castigo electoral. Ha sido, incluso, capaz de criticar al actual presidente, un aliado en su campaña electoral.

En el último debate electoral se abordó el acuerdo firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se ha cumplido en muchos puntos. El izquierdista Petro señaló que «el primer punto es hacer una reforma agraria, que sería la mejor manera de recuperar el territorio nacional para la ciudadanía y quitarle el poder a las bandas criminales».

El derechista Gutiérrez prefirió hablar de las negociaciones con la guerrilla del ELN. «Mantengan un cese unilateral e indefinido del alto el fuego, dejen el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y de matar a nuestros policías. Si hay voluntad de paz, nos sentamos con ellos a negociar el fin del conflicto», sostuvo el candidato. Por su parte, Petro señaló que «el Estado ya firmó un acuerdo internacional con el ELN, que ha sido desconocido por el actual gobierno». «Nuestra intención es iniciar negociaciones de inmediato y conseguir un rápido desmantelamiento», reafirmó el candidato.

Petro aseguró que hay dos opciones en esta elección presidencial: «O mantener las cosas como están en Colombia, es decir seguir con la corrupción, la violencia y el hambre o cambiar, conseguir la paz y una democracia transparente». Gutiérrez también habló de cambio pero «debe ser seguro, sin poner en riesgo al país, un cambio que nos lleve a buen término».

La misión de la ONU en Colombia pidió que las elecciones presidenciales se desarrollen sin actos de violencia «con una gran participación y en un ambiente de respeto» que garanticen «los derechos políticos de la ciudadanía y de sus representantes y un conteo transparente».


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