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Crudo informe sobre represión y torturas en Nicaragua

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La investigación de HRW detalla las múltiples violaciones de los derechos humanos de los disidentes Fuente: Archivo



Torturas con descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violaciones con tubos metálicos y remoción de uñas. Estos son algunos de los abusos que sufrieron las personas que fueron detenidas por el régimen del presidente de Nicaragua,

Daniel Ortega,

durante la crisis que comenzó en abril de 2018, según un informe de Human Rights Watch (HRW), que denuncia también otras violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno.





























El informe analiza qué ocurrió luego de que miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra el gobierno y fueron duramente reprimidos por la policía y por bandas partidarias del gobierno. La represión, que duró varios meses, dejó un saldo de más de 300 muertos y 2000 heridos.

Según el texto, además de las torturas a los detenidos -que también incluyeron asfixia, quemaduras con ácido, desnudez forzada y simulacros de ejecución-, a muchos manifestantes se los encerró y se les negó atención médica.






















“También se ha procesado a cientos de detenidos por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno. En estos procesos se cometieron graves violaciones de las garantías al debido proceso y otros derechos fundamentales”, señala el texto.















“Varios manifestantes han estado detenidos en condiciones de incomunicación, han sido sometidos a juicios a puertas cerradas y se les ha negado el derecho a consultar a sus abogados”, añade.

El informe también describe los esfuerzos del régimen de Ortega para hostigar a quienes exponen sus abusos, incluyendo medios de comunicación independientes, ONG y observadores internacionales.















“El gobierno ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y veedores internacionales de derechos humanos”, dice el texto.








Según HRW, en este escenario de violación de los derechos humanos, en vez de castigar, Ortega ascendió a los altos funcionarios responsables de los abusos. “Él y otras autoridades han negado categóricamente lo ocurrido y con total inverosimilitud en muchos casos culparon a los manifestantes de los hechos de violencia. El presidente Ortega ha señalado que la policía ha sido víctima de una campaña de desprestigio”.

El informe recomienda que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea impongan sanciones individuales -incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos- contra los altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las graves violaciones de derechos humanos.








También recomienda abstenerse de transferir a las fuerzas de seguridad nicaragüenses armas, municiones o equipos que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores y exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial que supervise la investigación de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas.

Sugiere además a la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos “informar al Consejo de Derechos Humanos sobre posibles violaciones de los derechos internacionales de libertad de asociación, reunión y expresión como resultado de los procesos judiciales iniciados en Nicaragua contra manifestantes y otras figuras opositoras en el marco de las reformas antiterroristas de 2018”.








El informe se elaboró a partir de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales. Entre otros testimonios, HRW entrevistó a 12 exdetenidos, de los cuales 11 señalaron haber sufrido uno o más de estos abusos. Siete de ellos indicaron además haber presenciado abusos similares contra otras 39 personas.

También figura una lista de las autoridades responsables y apunta contra Ortega como jefe de la policía nacional.


Protestas

Miles de manifestantes tomaron las calles en abril de 2018 contra la reforma del sistema de pensiones. Tras la represión inicial, el conflicto creció hasta exigir la caída del régimen


Torturas

Las fuerzas de seguridad y bandas paramilitares castigaron duramente a los manifestantes y se llevaron miles de detenidos, que fueron torturados en distintas unidades carcelarias




















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