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Aborto legal 2020: cuáles son las diferencias entre el proyecto del Gobierno y el de la Campaña

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Aborto legal 2020: cuáles son las diferencias entre el proyecto del Gobierno y el de la Campaña

A pesar de que los textos plantean puntos similares, una de las principales diferencias es la objeción de conciencia, uno de los temas álgidos del debate en 2018.

El Presidente Alberto Fernández envió este martes al Congreso de la Nación su proyecto para legalizar el aborto que lleva el nombre de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”.

La iniciativa, que había sido anunciada el 1° de marzo pasado en la Apertura de Sesiones Ordinarias y aplazada por la pandemia de Covid-19, ingresó junto al Plan de los 1000 días que busca apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.

El proyecto del Ejecutivo se suma al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fue presentado por octava vez el 28 de mayo 2019, tras el revés sufrido en el Congreso en 2018, y que aún cuenta con estado parlamentario.

Si bien, el Gobierno nacional trabajó en la iniciativa junto a miembros de la Campaña, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Salud, los proyectos presentan puntos en común y algunas diferencias.

Ambos plantean que las mujeres e identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. En los dos se deja en claro que más allá de ese plazo, el aborto seguirá siendo legal en casos de violación o cuando corriere riesgo la vida o la salud de la identidad gestante.

Además, se plantea la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción. También en ambos proyectos se indica que el aborto será gratuito tanto en hospitales públicos y deberá ser cubierto por obras sociales y prepagas. De hecho, todas las prestaciones y medicación necesaria quedan incluidas en el programa Médico Obligatorio (PMO).

Uno de los puntos en los que difieren es que el proyecto del presidente Alberto Fernández plantea la objeción de conciencia, punto inexistente en la iniciativa de la Campaña. El artículo 10 establece que el profesional que haga uso de esta prerrogativa deberá “mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión; derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”.

Además, se indica que el personal sanitario no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo “en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”, ni se podrá alegar “objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”.

“El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”, cierra el artículo.

El tema de la objeción de conciencia fue uno de los puntos más debatidos durante el tratamiento del proyecto en 2018, tanto que el dictamen que se sometió a debate lo había incluido entre sus artículos.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito explicaron a Ámbito que la objeción de conciencia “en los términos de derechos sexuales y reproductivos es una herramienta para obstaculizar, dilatar y frenar los derechos de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar y las diversidades”.

“No debería ser así. La Campaña llevará sus argumentos porque aprendimos de la realidad efectiva, por eso nuestras demandas son en función de las necesidades que vemos cotidianamente a través de nuestras redes y regionales en todo el país”, agregaron.

Otro punto de disidencia, aunque menor, es que el proyecto de la Campaña da un plazo máximo de cinco días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud, mientras que el Gobierno estira ese plazo máximo a 10 días corridos.

Ambas iniciativas también plantean las modificaciones pertinentes al Código Penal para garantizar la despenalización del aborto o las penas que correspondiesen en caso del no cumplimiento de la ley.

Así, en los dos proyectos se indica que se establecerán penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

En el caso del proyecto de la Campaña se agrega que “la pena se elevará de uno (1) a tres (3) años de prisión si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a 5 años de prisión”.

Ambos proyectos despenalizan el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes.

Otra de las disidencias es que mientras que en el proyecto del Gobierno se establece una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare”, para la Campaña “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.

El texto del Gobierno aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.

Por último, ambos proyectos contemplan que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios “tienen la responsabilidad de implementar la ley de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

“En líneas generales leímos que el proyecto del Ejecutivo está bien. Toma muchas fórmulas que proponemos como Campaña. También toma el marco normativo de garantía de derechos. Vamos a estudiar con más detenimiento la letra. Sabemos que irán a debate y que habrá modificaciones”, concluyeron a este medio desde la Campaña.

Proyecto del Poder Ejecutivo

Proyecto IVE Ejecutivo.pdf

Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Proyecto IVE Campaña 2019.pdf

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