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De cuánto será la multa a la CGT por la movilización del 24E según el protocolo «antipiquetes»

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La CGT movilizará el próximo 24 de enero frente al Congreso de la Nación, con la expectativa de poner cerca un millón de trabajadores en las calles con el objetivo de presionar al cuerpo legislativo para que rechace el proyecto de ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

La alta expectativa sobre la marcha alcanza también al Ejecutivo nacional que activará todos los mecanismos de disuasión para mermar el peso de la marcha dispuesta por la central sindical.

En este marco, cabe hacer la pregunta de cuánto será el monto que el gobierno intentará imponer a las organizaciones gremiales por ejercer el derecho a la protesta social.

Por esta razón, el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, ya adelantó que las organizaciones sindicales tendrán que abonar el costo del operativo de seguridad, tal como establece el protocolo “antipiquete”.

En las últimas horas se conoció que la cartera ministerial comenzó a enviar notificaciones a distintos gremios para notificarlos del monto a pagar por la movilización realizada el 27 de diciembre, cuando la central obrera marchó hacia Tribunales para presentar el amparo contra la vigencia del Capítulo IV del DNU, referido a las modificaciones en la legislación laboral argentina.

El Ministerio de Seguridad intimó a las organizaciones sindicales que participaron de la marcha de diciembre, a pagar la suma de $40.000.000 en un plazo de diez días hábiles.

Si ponemos en consideración que de la marcha del 27 de diciembre participaron aproximadamente 20 mil personas, a cuánto ascendería el costo del operativo para una movilización que apunta a estar más cercana al millón de trabajadores. Multiplicando la suma equivalente de aquella jornada por la cantidad de manifestantes que se esperan para el 24E, la suma podría alcanzar los 4 mil millones de pesos.

Desde la CGT se emitió un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional, con el encabezado “el gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”, en el que da cuenta de esta situación, y advierte que es “una nueva provocación” y que es “un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos”, explica el documento.

En esa línea la entidad madre del sindicalismo argentino remarcó que la disposición del gobierno es “ilegítima y contraria a la Constitución Nacional” y que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a la huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”, por las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo.

Resta esperar los calculos del gobierno que facilitará la tarea de los analistas de los medios de comunicación, puesto que tendrá que calcular la cantidad de personas que participen de la movilización, para labrar las actas correspondientes y establecer los costos del operativo de seguridad.

Lo seguro es que de esta manera el Ejecutivo sigue sumando méritos para ocupar un lugar en el banco de acusados por la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que analizará entre otros el caso argentino, en la convención de junio en Ginebra, por violar el artículo 85 del convenio del órgano internacional que proteje las acciones amparadas dentro de lo que se considera la libertad sindical, considerando a la protesta y a la huelga como ejes fundamentales de este derecho, así como por el contenido regresivo de las reformas propuestas por el gobierno de Milei.


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