Derecho, género y trabajo en la era Milei

A horas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es oportuno recordar la importancia de esta fecha en el contexto que estamos viviendo, en la era presidencial de Javier Milei, a pocos meses de la irrupción de estas nuevas derechas en el poder político, y desafortunadamente en el Gobierno.

Si vamos a hablar de las consecuencias que trajo la presidencia de Milei en el ámbito laboral es necesario tener presente inicialmente el impacto que tiene desde lo ideológico-discursivo, presentándose sin dudas como un grave retroceso en términos de discusión pública, dado que se propuso desde el proyecto de ley ómnibus, y más aún desde el propio DNU 70/23, lo que en la práctica sería un aniquilamiento de conquistas laborales valiosísimas para todas las personas que trabajan, sumado a un desconocimiento voluntario e injustificado de los avances indispensables y necesarios en cuestión de género y diversidades.

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Las reformas que busca introducir en materia laboral están destinadas a criminalizar la huelga y la protesta social a niveles tales que vulneran las libertades más básicas de cualquier persona dentro de un Estado de Derecho, y tiene como objetivo además desfinanciar a las organizaciones y desalentar el ejercicio del derecho de huelga, protegido constitucionalmente.

Estas modificaciones legislativas se insertan dentro del marco de mayor ajuste, desregulación y achicamiento del Estado en materia de empleo y acción social realizados por el nuevo Gobierno, en un contexto de grave crisis económica, crecimiento de la pobreza y pérdida estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios y los ingresos de los sectores más vulnerables.

Esta situación es de suma gravedad por representar el abandono total por parte del Estado de su rol de garante de los derechos humanos laborales y sociales impuesto por mandato constitucional, atentando directamente contra los derechos de toda la ciudadanía.

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Mariano Fuchila

Además, pretende modificar conquistas en materia de prevención de las violencias por razones de género y derechos alcanzados por las maternidades, dado que busca modificar la forma en que puede implementarse la licencia por maternidad, así como eliminar la protección especial en caso de despidos por embarazo, reformar la Ley Micaela al punto de desnaturalizarla totalmente, entre otras propuestas regresivas.

Es que ni en el DNU 70/23 ni en el proyecto de ley ómnibus existe un solo párrafo que beneficie a las mujeres y diversidades. Muy por el contrario, como siempre son los sectores más afectados en momentos de crisis, ajustes y guerras, en la historia de la humanidad.

Por todo ello, el escándalo sigue, porque como decía Simone de Beauvoir “…Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra…”.

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En los últimos días escuchamos de parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir la Perspectiva de Género en el ámbito público, así como también prohibir el uso del lenguaje inclusivo, en idéntico sentido, regresivo, desprotectorio e inconvencional en materia de derechos humanos.

Como si ello fuera una concesión graciosa del patriarcado, que hoy decide retroceder, que actualmente propone constituir al movimiento feminista como su enemigo, siendo que fue el único movimiento político en los últimos años capaz de confrontar estructuras arraigadas en la sociedad, así como instalar debates y cuestionamientos en casi todos los temas, con profundidad y contenido, como, por ejemplo, poniendo en cuestión el trabajo de cuidados, ya que eso que llaman amor, es trabajo.

Sumando con esto nuevos motivos por los cuales el Estado incurriría en violación de compromisos asumidos internacionalmente, ya que tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencias para toda la ciudadanía y, especialmente, para quienes integran grupos en situación de vulnerabilidad como son las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, entre otros grupos en situación de discriminación estructural, que en los últimos años han podido dar visibilidad a sus luchas, así como obtener el reconocimiento de sujetos de derecho que merecen particular, adecuada y reforzada protección estatal.

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El Estado tiene la obligación de intervenir por mandato constitucional en la lucha contra la violencia de género, y de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, así como contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados de los mismos.

Como profesionales de la abogacía, nos toca resguardar tales compromisos asumidos, no sólo por el Estado, sino en cabeza de los particulares, siendo imperioso luchar contra el flagelo de la violencia de género, denunciar los incumplimientos de los deberes asumidos y propiciar espacios libres de todo tipo de violencias, en el compromiso de trabajar por espacios igualitarios, inclusivos y plurales.

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Todavía no contamos en nuestro Colegio Público de la Abogacía con un compromiso concreto en muchos temas importantes, como por ejemplo la adopción de un protocolo para la atención de situaciones de violencia de género, algún régimen de licencias por cuidados para quienes integramos la matrícula, o la declaración de inhabilitación de plazos en tiempos específicos. Por ejemplo, este viernes 8 de marzo, a fin de que las mujeres, diversidades y quienes deseen hacerlo puedan participar en las actividades de reflexión, toma de conciencia o marchar en defensa de tales consignas, entre muchas otras.