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descubren sobrecostos por u$s180 millones para construcción y obra pública

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El trabajo concluye que se trata de una industria con “elevado grado de concentración, altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva”. Además, considera que las empresas cementeras “ejercen un poder de mercado localizado”, que mediante la discriminación de precios, esto es, vender el mismo bien con precios diferenciados, generan un sobrecosto para la industria de la construcción. Este año, el Gobierno planea desembolsar 2,4 puntos del PBI en obra pública, dato récord de los últimos cinco años, y el cemento representa el 11% en la estructura de costos de los insumos de la construcción, según el trabajo.

El informe oficial comienza con una descripción de la industria del cemento: está compuesta por cuatro empresas, integradas en todo el proceso productivo, desde la explotación primaria de minas y canteras, hasta el procesamiento industrial y su comercialización mayorista y minorista. Se trata de Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda, con 17 plantas y 7000 empleos en todo el país. Describe que el mercado tiene “reducida dinámica competitiva” y añade la preocupación por el “intercambio de información” que existe entre las cuatro empresas, nucleadas bajo la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

La investigación

La práctica competitiva concreta que investigó la CNDF es la “discriminación de precios”. Observa que los precios difieren entre 15 y 44% a lo largo del país. Concluyeron que la formación del precio que cobran las cementeras a sus clientes surge en función de la distancia del cliente a la planta competidora más cercana. “El precio abonado por cada cliente dependió en gran medida de la presencia de una planta competidora cercana”, dice.

Así, entre 2013 y 2018, las empresas ejercieron un poder de mercado “localizado geográficamente”. A modo de ejemplo, para que una cementera de Santa Cruz pudiera cobrar 65% más del promedio a un cliente de la misma provincia, debido a que es la única planta en la zona, la CNDC tiene la hipótesis de que cuentan con información de sus competidores, mientras que al mismo tiempo existe en el país un elevado costo de transporte que permite que esto ocurra.

En la práctica, la consecuencia de esta política de precios implica un “sobrecosto” para la industria de la construcción. Este sobrecosto ascendió a una cifra cercana a los u$s178 millones en todo el país, el 14% total de la facturación, solo durante un año (julio de 2017 y junio de 2018).

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Consecuencias de la investigación

La CNDC se limitó a publicar la investigación en el sitio web, pero no puede avanzar con ninguna medida, debido a que no puede ser “juez y fiscal” al mismo tiempo. Para que se avance en multas, debería existir una denuncia formal de alguna empresa o realizarse un trabajo de oficio del titular de la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Roberto Feletti.

La medida concreta con la que avanzó Defensa de la competencia fue realizarle una “recomendación” a la Asociación de Fabricantes de Cemento (AFCP) para que “cesen de la solicitud, recepción y distribución de información sobre producción y despacho de cemento desagregada por provincia y con una antigüedad menor a 12 meses”, para que no puedan “coordinar su comportamiento”. La hipótesis es que, con información comercialmente sensible, surge la posibilidad de que las decisiones no sean tomadas en forma individual, lo que sería un perjuicio “para la competencia y el normal funcionamiento del mercado”.

Las cementeras cuentan con un mal antecedente: en 2005 fueron sancionadas por haber realizado cartelización durante casi 20 años, en una investigación que comenzó en 1999. Descubrieron que concertaban cuotas del mercado a nivel nacional y realizaban acuerdos de precios.


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