Diputada del PRO sumó críticas al decreto de Milei que reglamentó el Acceso a la Información Pública

La diputada nacional Silvana Giudici cuestionó este martes a la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, diciendo que desde que asumió su cargo en 2022 emitió normas que restringen el acceso a la información y la transparencia activa y reclamó su modificación «para garantizar el pleno derecho de acceso a la información pública«.

Anchorena -designada en su cargo por el entonces presidente Alberto Fernández- se presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, celebrada en la Cámara de Diputados y en la que se debatió el Decreto 780/24, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La presencia de la funcionaria fue un pedido formal realizado por los diputados de la oposición Karina Banfi (UCR); Juan Manuel López (CC), y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Silvia Lospennato (PRO) y su colega Silvana Giudici.

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«Solicitamos en las mesas de coordinación Parlamentaria que mantenemos con el Poder Ejecutivo que se presente ante la Comisión de Asuntos Constitucionales la titular de la AAIP. Ahora, estamos reclamando la modificación de las últimas normas dictadas, para garantizar el pleno derecho de acceso a la información pública», dijo Giudici.

«El origen de las restricciones al acceso a la información pública establecidas por el Decreto 780 se encuentra en la Resolución 80/24, emitida por la propia directora de la AAIP, Beatriz Anchorena», argumentó la diputada. «No puede ahora desconocer su responsabilidad en la elaboración de esa norma».

Anchorena defendió que el decreto presidencial no fue redactado, ni impulsado ni avalado por la Agencia que conduce y culpó al Procurador del Tesoro de incentivarlo.

«Tenemos los principios de la Ley 27.275 en su artículo 1 que son fundamentales a la hora de interpretar armónicamente el Decreto 780», dijo Anchorena, quien declaró que «materialmente y objetivamente la agencia no redactó, no impulsó, y avaló el decreto 780″. 

«No tuvimos una intervención formal con un dictamen técnico ni jurídico propio, así como tampoco participamos de reuniones ni de mesas de trabajo«, agregó ante la comisión.

«El Decreto se caratuló en la Presidencia, fue a la Secretaría de Planificación Normativa donde se elabora un primer proyecto de decreto que va luego a jefatura de Gabinete y se gira al buzón general de la agencia una versión preliminar que no fue el que se terminó publicando en el Boletín Oficial de modificación del decreto reglamentario», detalló.

«Al tomar conocimiento la dirección de contenido y normativa de acceso a la información redactó comentarios sobre los puntos críticos a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible llevarlo a cabo una reunión, ni una mesa de trabajo. Finalmente, la idea de que podamos subir las modificaciones no se pudo llevar a cabo porque el Decreto tenía que ser firmado ese día».

Según Anchorena se «enteraron de la medida a través de la publicación del Boletín Oficial y ese mismo día teníamos programada una reunión con agencias«.

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En respuesta a la presentación de Anchorena, Giudici cuestionó: «La titular de la agencia sostiene que sus objetivos son promover y fortalecer el acceso a la información pública y mejorar las condiciones de los datos personales, pero quiero desmentir que esos objetivos se hayan cumplido».

Y agregó: «Traigo datos que lo demuestran, y llevamos años luchando por la libertad de expresión y la protección de los datos personales. No están cumplidos esos objetivos».

El decreto 780/24 reglamentó el artículo 1 de la normativa estableciendo que «la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil«.

El decreto también indica que no se entenderá como «información pública» aquella que contenga «datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido».

La diputada Giudici señaló que, con la Resolución 80 el gobierno libertario adoptó medidas restrictivas al acceso a la información pública, y en cuanto a la protección de los datos personales, la directora de la AAIP no cumplió su misión.

«Cuando asumió su cargo, y durante la gestión de Alberto Fernández nada se hizo para proteger los datos privados de los ciudadanos en manos del Estado, ya que ocurrieron graves filtraciones: el hackeo a la Dirección Nacional de Migraciones, la filtración de datos personales del Ministerio de Salud, la filtración de 45 millones de DNI en el RENAPER, y en mayo de 2022, el hackeo de la aplicación Mi Argentina. Y así puedo seguir con muchos más ejemplos», concluyó la legisladora.

ds