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El Amazonas: una región clave que Bolsonaro amenaza volver más conflictiva

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Miembros de la tribu munduruku, habitantes ancestrales de la gran selva brasileña Crédito: Meredith Kohut /NYT


Los proyectos del ultraderechista brasileño, que consideran la selva fuente de recursos económicos, encuentra fuertes resistencias




RÍO DE JANEIRO.- Así se decidió: los mineros tenían que irse. Sus excavadoras y mangueras de alta presión habían destruido kilómetros de tierra a lo largo del río, contaminado el agua, envenenado a los peces; eran una amenaza para el estilo de vida de quienes habitan la zona amazónica desde hace miles de años.





























Así que una mañana de marzo, los líderes de la tribu munduruku juntaron sus arcos y flechas, guardaron algo de comida en sus bolsas y se subieron a cuatro barcazas para ir a expulsar a los mineros.

Así comenzó la confrontación. Es un pequeño ejemplo de las batallas que libran por su existencia, las comunidades indígenas en


Brasil
no solo se tratan de su supervivencia, sino de qué sucederán con el Amazonas en su conjunto.















En los últimos años, el gobierno brasileño redujo considerablemente los fondos destinados a comunidades indígenas y algunos legisladores han impulsado cambios regulatorios para que distintas industrias puedan acceder a zonas amazónicas protegidas por la Constitución brasileña.















Brasil acaba de elegir además como presidente a


Jair Bolsonaro
, que promueve la eliminación de las tierras indígenas protegidas. También prometió reducir algunas leyes ambientales, a las que considera un obstáculo para el crecimiento económico, y ha dejado muy claras sus intenciones respecto del Amazonas. “Donde hay tierra indígena -dijo en 2017, debajo hay riqueza”.

Mucho antes del triunfo de Bolsonaro, sin embargo, las tribus originarias que pueblan el Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, ya eran vulnerables a los mineros, los leñadores y los agricultores. De 2006 a 2017, en Brasil la selva perdió más de cuatro millones de hectáreas. Con la victoria de Bolsonaro, los líderes de diversas tribus temen que la situación empeore.








“Representa la institucionalización del genocidio”, dice Dinamã Tuxá, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.








Los expertos sostienen que la tasa de deforestación del Amazonas -considerado “el pulmón del mundo” porque absorbe cantidades enormes del dióxido de carbono es tal que Brasil no podrá alcanzar las metas medioambientales que estableció en 2009, cuando se presentó como ejemplo de desarrollo sostenible en una cumbre de la ONU.

“Los impactos combinados de la deforestación, el cambio climático y el uso extensivo del fuego han dejado al Amazonas en un punto crítico -subraya Thomas Lovejoy, especialista de la Universidad George Mason. Los pueblos indígenas, que son los mejores defensores de sus tierras, quedan en estado de vulnerabilidad si desaparece la selva”.








La batalla por el futuro del Amazonas se da muy lejos de las cámaras legislativas de la capital, Brasilia. En 2014, después de que la economía brasileña entró en recesión, los políticos y los líderes industriales que promueven reducir las regulaciones ambientales aprovecharon la oportunidad para sacar ventaja.

Lograron debilitar varias protecciones que establece la Constitución de 1988, pero en muchos casos esos cambios legales se ven superados por la realidad: legalmente o no, mineros, leñadores y agricultores ya han modificado el panorama.

“No se han rendido en lo que respecta a las leyes, pero han priorizado la estrategia de gestionar los hechos en el terreno -indica Cleber Buzzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, grupo que defiende los derechos de grupos indígenas. Buscan crear una realidad irreversible”.

Esa nueva realidad puede verse con claridad desde el aire: tajos de colores naranja que fueron excavados entre los ríos y árboles. Hay pocas franjas de explotación tan claras como la mina de oro ilegal en Posto de Vigilancia, uno de los poblados munduruku más remotos.

Osvalro Waru Munduruku, el jefe de la tribu, empalidece cuando explica cómo su aldea, de unas quince familias, se convirtió en punto de minería ilegal y comercio.

El presupuesto de la Fundación Nacional del Indio (Funai), agencia federal dedicada a la asistencia de grupos indígenas, se redujo sustancialmente en los últimos años, lo que dificultó que los poblados más remotos consiguieran alimentos o servicios básicos. Así que cuando en 2015 llegaron los primeros “mineros blancos” y le sugirieron hacer un acuerdo, Waru se vio tentado. La recesión había llevado a muchos brasileños a buscar oro en la selva y Waru pensó que si iba a haber una fiebre del oro en esa parte del estado de Pará, quizá convendría pactar ganar una parte para su pueblo.

Los mineros en el poblado de Waru talaron una franja en el bosque para tener un pista aérea y construyeron un asentamiento y una pequeña iglesia. Acordaron darle a Waru el 10% de las ganancias mensuales.

“Ahorrábamos hasta que hubiera suficiente para comprar cosas para la comunidad”, dice. Con eso la tribu adquirió un nuevo motor de barco, un generador eléctrico y una radio. Pero luego empezaron los brotes de diarrea entre los chicos. Las minas le dieron al río un extraño color café. Los pescados, parte de la dieta de la comunidad, empezaron a tener rastros del mercurio usado para extraer oro.

A lo largo del río Tapajos, los munduruku que juntos suman más de 14.000 integrantes han quedado separados en decenas de pueblos. “La generación de nuestros abuelos tenía una organización muy fuerte -dice Ezildo, de 41 años-. Todos estaban unidos y había poco contacto con la gente blanca”.

A medida que crecieron los campamentos de mineros y empezaron a llegar los alimentos procesados, las drogas, el alcohol y la prostitución, muchos munduruku intentaron hacer dinero. Cambiaron sus dietas; adoptaron vicios. Muchos munduruku temen que su estilo de vida haya sido alterado para siempre. “Estamos enfermos, física y espiritualmente”, dice Ezildo.

Los líderes indígenas denunciaron finalmente la situación y hubo redadas estatales contra los mineros ilegales, pero sin mayores resultados. “La expectativa era que iba a llegar el Estado y expulsar a la gente blanca”, dijo Danicley de Aguiar, activista de Greenpeace que ha asesorado a los munduruku. No fue así.

Para el procurador federal Paulo de Tarso Moreira Oliveira, en el Amazonas “lo que vemos es un crimen que queda impune”.

















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