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el asalto de las zonas marrones

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El mes pasado se cumplieron 30 años de la publicación de un ensayo emblemático del politólogo argentino Guillermo O’Donnell. Se tituló “Estado, democratización y ciudadanía”, y en el texto, O’Donnell se corría de la discusión del momento, que desde hacía ya varios años se encontraba enredada en el análisis de las instituciones que surgían en las democracias recuperadas en la región. O’Donnell, ya en ese momento, no quería hablar de la transición democrática: quería volver a hablar del Estado.

O’Donnell notaba -era un texto preliminar que esbozaba ideas muy potentes pero sin un desarrollo exhaustivo- que en América latina la presencia del Estado era heterogénea. La presencia se medía en dos dimensiones: un grupo de funcionarios al menos mínimamente eficaces para resolver los problemas de la ciudadanía y una serie de leyes correctamente sancionadas y respetadas por todos.

Para el autor, en los países de la región podían identificarse áreas con presencias del Estado muy diferentes. Para pintar esos mapas, sugiere tres colores: zonas azules en las que el Estado está presente territorialmente y funciona bien, zonas verdes en las que el Estado está presente pero funciona mal o tiene un sesgo que beneficia a partes de la población (una clase social, una raza) y no a otras, y zonas marrones, en las que el Estado casi no tiene presencia y su eficacia es muy mala.

En aquel texto de finales de 1993, Ecuador -el otro es Bolivia- era uno de los dos países que presentaba una “heterogeneidad extrema”. Eso quiere decir que en un territorio relativamente pequeño O’Donnell veía muchas zonas marrones, algunas verdes y unos pocos puntos azules.

Todavía no había ocurrido la monumental crisis económica de fines de los ‘90, ni la dolarización, ni los diez años del populista Rafael Correa, ni el avance avasallador del narcotráfico, y para el autor, la muy desigual penetración y eficacia del Estado ya era el principal problema ecuatoriano.

O’Donnell puso esas diferencias de intensidad en un mapa y se dedicó menos a analizar la multiplicación capilar de las fallas del Estado, que hoy se podrían localizar no sólo geográficamente sino también en cortes más transversales que abarquen instituciones, clases sociales o incluso edades de distintas zonas, pero lo que está pasando en Ecuador es, a todas luces, una implosión del Estado.

Luego de una campaña electoral cruzada por una violencia extrema -con asesinato de candidato incluido- los ecuatorianos pudieron elegir a un presidente, Daniel Noboa, que se encuentra sitiado por un poder que controla buena parte de la vida del país. Para decirlo de otro modo: se cumplió el ritual del voto, pero se eligió un presidente que, según él mismo dijo, tiene su poder amenazado.

Grupos de narcos, que no solo controlan la producción y la venta de drogas sino otros delitos, tomaron medios de comunicación, al menos una universidad y algunas cárceles. Noboa declaró un “conflicto armado interno” y consideró a los atacantes un “grupo terrorista” que será reprimido por las Fuerzas Armadas.

¿Es este episodio un verdadero golpe de Estado con características completamente novedosas para la región? Aún no se puede decir eso. Sí se puede afirmar, en cambio, que es un asalto de las fuerzas que crecieron en las zonas marrones hacia territorios que aún no controlaban.


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