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El CELS denunció el ‘uso político del encarcelamiento’ de Milagro Sala

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló este lunes que en la detención de la dirigente social Milagro Sala se da un «uso político del encarcelamiento» a través de la «construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla», y reiteró que el «hostigamiento político y judicial» que sufre la referente de la Tupac Amaru afecta su salud.

«Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización», sostuvieron desde el CELS a través de un comunicado donde denunciaron además que «el escenario de persecución y hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica».

Al cumplirse siete años de la primera detención de la dirigente, el organismo advirtió que el hostigamiento ejercido sobre su persona «estuvo acompañado por situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación».

Al respecto, recordó que a partir del delicado estado de salud físico y mental de Sala, en noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que adopte «las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud» de Milagro.

«Ningún varón que participe en política vive el grado de persecución, intimidación y acoso que transita Milagro Sala, con el afán de limitar su influencia y acción«, sostuvo el CELS.

En esta dirección, advirtieron sobre el entrecruzamiento de «la búsqueda por menoscabar su construcción popular» y «la violencia política por razones de género que se ejerce contra ella», sumado a «la radicalización de la que es objeto».

En 2021, el CELS; junto con Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), denunciaron al Estado argentino ante la CIDH por la «situación de hostigamiento y criminalización que padecen tanto ella como la Tupac Amaru».

También recordaron que en la convalidación de la Corte Suprema de Justicia de la condena a 13 años de prisión el pasado diciembre no se contemplaron «las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegó su defensa».

Asimismo, desde el CELS advirtieron que en la última semana el estado de salud de la referente de la Tupac Amaru «empeoró y sus médicos evalúan intervenirla por una patología previa».

«Durante estos siete años de privación de la libertad de Milagro, también varies de les integrantes de la Tupac Amaru sufrieron similares episodios de hostigamiento, con el objetivo de desarticular definitivamente la organización», remarcaron.

En esta línea, denunciaron que el Gobierno de Jujuy «subordinó al Poder Judicial provincial en función de sus objetivos políticos: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos y se reabrieron otros en los que se la había desvinculado».

«A Milagro se le abrieron 12 causas y atravesó seis debates orales y públicos. La finalidad de esta estrategia es asegurar su situación de encierro y desprestigiarla», remarcaron.

Además, recordaron que la causa judicial contra la protesta que dio origen a su detención en 2016 sigue pendiente de juicio oral y que «la persecución por este hecho continúa hasta hoy».

«En toda la Argentina, por supuesto incluida la provincia de Jujuy, la protesta y la organización política y social son derechos. Su ejercicio nunca puede ser blanco de la persecución penal», completaron.




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