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El Congreso se prepara para discutir reformas centrales durante el verano

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El Congreso Nacional empezó a convertirse en los últimos días en el escenario donde el Gobierno planea discutir durante el verano las reformas que considera centrales para su gestión y que aspira a aprobar en el período legislativo extraordinario.

Las bancadas del Frente de Todos ya empezaron a marcar los tiempos parlamentarios para materializar parte de la agenda de políticas públicas del Poder Ejecutivo, luego de un año dedicado casi por completo a mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus.

El pasado martes, en el marco de una maratónica sesión por el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario a los grandes patrimonios, una iniciativa para la cual logró cosechar apoyos el bloque conducido por Máximo Kirchner, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso la iniciativa para legalizar el aborto.

El trabajo legislativo será entonces la plataforma de discusión de algunas de las políticas públicas con las que el Gobierno pretende seguir mitigando las consecuencias de la pandemia de coronavirus, como el caso del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.

El proyecto del Ejecutivo, bajo la coordinación de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, con aportes de un equipo interdisciplinario de los ministerios de Salud y de Mujeres, aspira a darle legalidad y gratuidad a la interrupción voluntaria del embarazo, además de sumar la atención postaborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como Plan de los 1.000 días.

De lograrse la sanción de la norma, el Congreso podría hacer historia en lo que queda del año o en el inicio del período extraordinario porque modificaría un encuadre legal que data de 1921.

Además, la aprobación de este miércoles de los proyectos de Presupuesto 2021, la ley Yolanda y la media sanción en Diputados de la ley del Fuego aparece como la antesala del ritmo que podría cobrar en las próximas semanas la discusión parlamentaria.

Con el giro al Senado del proyecto de Aporte Solidariario y Extraordinario para los grandes patrimonios, el Gobierno empezó a materializar su idea de trasladar durante el verano al ámbito legislativo las discusiones sobre políticas que considera centrales para su agenda de gestión.

Por ejemplo, la ley Yolanda -llamada así en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales de Argentina, Yolanda Ortíz- establece que todos los empleados públicos deben recibir una capacitación con perspectiva en medio ambiente.

También, el FdT logró darle media sanción también a la iniciativa de manejo del fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados -en plazos de 30 a 60 años- para evitar prácticas especulativas y negocios inmobiliarios.

El trabajo legislativo será entonces la plataforma de discusión de algunas de las políticas públicas con las que el Gobierno pretende seguir mitigando las consecuencias de la pandemia de coronavirus, como el caso del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.

Según datos de la Afip, ese aporte alcanzará a un universo de 9298 personas (constituye el 0,02% de la población) y permite que el Estado recaude 307 mil millones de pesos. El oficialismo explicó que esa recaudación equivale a algo más de tres pagos del IFE, con el que se asistiría a unas 9 millones de personas.

«Sólo 253 personas aportarían la mitad de esa recaudación (150 mil millones)», indicaron y explicaron que el 20% del aporte será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria.

Otro 20% será dirigido a las pymes; el 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares; el 20% a becas del programa Progresar y el otro 25% a exploración y desarrollo de gas natural.

En este marco, las expectativas del Frente de Todos de la Cámara de Diputados pasan también por analizar en el período extraordinario la reforma tributaria, la promoción de créditos para la compra o construcción de vivienda, y el consenso fiscal que discuten el Gobierno y los gobernadores, entre otras cuestiones.

Para eso el cuerpo deberá definir si se mantiene el protocolo de funcionamiento virtual que vence el 30 de este mes, que tanto el presidente de la Cámara, Sergio Massa, como el bloque que conduce Máximo Kirchner quieren mantener, al menos en el trabajo de las comisiones que permitió tener más reuniones de esos cuerpos asesores a lo largo del año, en comparación con el 2019.

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