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El exilio involuntario

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Ferdinand Amunchásteguy. Como siempre, la imaginación nos sorprende con las medidas que genera el Gobierno para paliar la pandemia que hemos sabido mantener en nuestras fronteras. Ahora la reducción a 600 personas como número de ingresantes diarios al país, reduce la posibilidad de abandonar el territorio,  ante la incertidumbre de un eventual regreso.

Si como los números oficiales indican, se encuentran en el exterior cerca de 50.000 ciudadanos serán necesarios 100 días para que retornen, si es que no se les agregan algunos pasajeros más, y siempre suponiendo que los que regresan son solo argentinos.

Esta disposición termina con el sueño de algunos de vacunarse en otros países,  ya que la vuelta se prolonga en el tiempo mucho más allá de lo que, razonablemente,  los vacunandos, podían estimar. Si bien es cierto que en apariencia están ingresando al país dosis en cantidad suficiente como para paliar los contagios, no es menos cierto que estas medidas, aparentemente sanitarias, naturalizan una restricción a la libertad individual que, ante la imposibilidad de realizar un control efectivo de los posibles contagiados, opta por encerrar a los argentinos en su territorio, en el que también deben moverse siguiendo estrictos límites.

La angustia del encierro, que los psicólogos se han agotado en explicar, empieza a ser advertida hasta por los más ignorantes en esa materia, la tensión en las calles, el malhumor que se ha adueñado de los argentinos y las reacciones impropias, son evidencia de ese malestar que,  lentamente, se traslada a todas las actividades.

Pocos son los ámbitos en los que no se han visto ingresar las consecuencias del virus chino y, obviamente,  el judicial no podía sustraerse a esa característica. Las puertas cerradas, las luces apagadas y la ausencia del personal y Magistrados, ha convertido a esa actividad en un quehacer aún más hermético del que podía atribuírsele en aquel tiempo que creíamos normal. Sabíamos de antaño “que no es bueno que el hombre esté solo”  y si ya existía una función solitaria,  esa era la de administrar Justicia, en la que el Juez solo, con su conciencia, debía aplicar la ley de modo de restablecer el orden social alterado por la conducta que se sometía a su decisión.

Esa soledad en la decisión,  sin embargo, se combinaba con la necesaria interacción con la sociedad a la que pertenecía, para comprender sus problemas y necesidades. Ese inevitable nexo  hoy se encuentra ausente y expone con mayor fuerza, los desvíos que el poder puede instalar en aquellos que lo detentan. En esa aislada soledad, se hace frecuente la solución dogmática de los sucesos,  alejándose lo decidido de aquel propósito que es esencial a la administración de justicia.

La posibilidad de resolver los temas sin tener que enfrentar a los protagonistas  de ellos posibilita, aún inconscientemente, el exceso de un racionalismo que lo aleja del principio de justicia y aumenta la insatisfacción de la sociedad respecto de la actividad de los jueces. Del mismo modo,  la no confrontación personal deja sin voz a una de las partes que deben ser oídas  y, consecuentemente,  desequilibra el silogismo que debe ser desentrañado por los jueces.

Quizás, en esta situación, podamos preguntarnos a qué se debe el silencio del Maximo Tribunal que en el último tiempo ha silenciado pronunciamientos que debiese haber resuelto con más premura. Seguramente decidir si la coparticipación de la Ciudad está correctamente menguada o no, era cuestión que requería cierta velocidad, aunque es evidente que no decidir el tema,  otorga un cierto poder de gestión ante aquellos que podrían verse incluidos en la decisión. Ese silencio desde uno de los Poderes del Estado -el Judicial- abre la puerta a que, quienes habitualmente participan en esa actividad, se excedan en sus comentarios desde el lugar que no les corresponde ocupar,  así el ex Juez Zaffaroni o el jefe de los abogados del Estado- el vacunado Zannini- trasmiten sus criterios como si fuesen miembros del Poder Judicial y trasladan a los ciudadanos las bonanzas de un relato que no ha superado aún el control de constitucionalidad privativo de los Jueces.

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