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El Gobierno de Lula empieza a desmantelar la red que organizó a los asaltantes y Bolsonaro ya habla de «acontecimientos lamentables»

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El Gobierno de Lula da Silva empieza a atar cabos sobre quiénes y cómo organizaron el asalto violento a las instituciones el pasado domingo mientras estas tratan de recuperar la normalidad total. Brasil ha sufrido una sacudida a nivel político y los tres poderes, asediados por los radicales, ya se mueven a toda velocidad para depurar responsabilidades. Por lo pronto, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó este martes de que ya han identificado en diez estados a los responsables de financiar a los participantes en las manifestaciones. 

«Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses«, explicó, al tiempo que la cifra de detenidos se mantiene en los 1.500, algunos de los cuales ya fueron enviados a diferentes zonas a la espera de ser juzgados. Eso sí, 600 de ellos han sido liberados. En cuanto a la red que los organizó, el ministro aseguró que todos los identificados «serán llamados a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas».

Sobre los arrestados, paralelamente, se está realizando un monitoreo de sus condiciones por parte del Gobierno después de que algunos denunciasen «tratos inhumanos» tras su detención. La preocupación por la situación de los bolsonaristas radicales arrestados, que en su mayoría están confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, fue manifestada por el ministro de Derechos Humanos del Gobierno de Lula, Silvio Almeida, en un comunicado. Esta cartera, añadieron, actuará junto al ministerio de Defensa «para que la legalidad siempre sea observada».

Por otro lado, Dino ha responsabilizado al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue «determinante» para posibilitar el asalto a los edificios públicos. Con todo, el objetivo, matizó, es «devolver» la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia «lo antes posible», sin que eso evite una «revisión» profunda en el cuerpo policial por su responsabilidad. Todos los focos se pusieron rápidamente sobre las fuerzas de seguridad, en gran parte por su posicionamiento pro Bolsonaro durante las últimas semanas. «Hemos vivido un Capitolio brasileño», sentenció Dino, en alusión a lo sucedido en 2021 en Estados Unidos.

En el otro lado se encuentra el gran señalado: Jair Bolsonaro. El expresidente brasileño, acusado de instigar a los asaltantes, sigue ingresado en EE UU aquejado de un dolor abdominal, y lamentó que no pueda tener «días tranquilos» para superar sus problemas de salud. A la vez se refirió a los acontecimientos de los últimos días como «un episodio lamentable». Sin embargo, varios congresistas han comenzado a recabar los apoyos necesarios para establecer una comisión especial parlamentaria que investigue su grado de implicación en unos actos por los que los más de mil detenidos pueden enfrentarse a cargos relacionados con el terrorismo, la rebelión y el golpismo.

Entonces la duda que surge es si volverá o no a Brasil a corto plazo. Washington ya ha confirmado que aún no ha recibido una petición por parte del Gobierno de Lula y en las últimas horas entró también en escena Italia: los lazos familiares de Bolsonaro con el país transalpino activaron los rumores sobre que podría estar pensando instalarse allí. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, niega por el momento que esa vía esté abierta mientras el Ejecutivo que lidera Giorgia Meloni, otrora afín al bolsonarismo, ha expresado su rotundo rechazo a lo ocurrido en Brasilia.

Tenemos que combatir firmemente a los antidemócratas, a los golpistas y a quienes quieren un régimen de excepción

Asimismo, el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha prometido este martes castigar a todos los responsables del asalto, tanto por acción como por omisión. «Las instituciones castigarán a todos los responsables. A aquellos que realizaron los actos, aquellos que los financiaron, aquellos que los alentaron«, recalcó. Y fue muy rotundo: «Tenemos que combatir firmemente a los antidemócratas, a los golpistas y a quienes quieren un régimen de excepción». Por su parte, el nuevo jefe de la Policía ha prometido que actuarán «con firmeza» contra aquellos que participaron en las revueltas.

En ese escenario, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles una reunión extraordinaria para «considerar los actos antidemocráticos» que han ocurrido en Brasil. La OEA explicó que la sesión ha sido solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y la Secretaría General. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, que comparten liderazgo en la nueva ola progresista que surca Latinoamérica, levantaron ayer, lunes, la voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil y pidieron «unidad» regional para fortalecer las democracias.

Con apenas una semana en el poder, Lula actuó de forma quirúrgica para acabar con la insurrección que además provocó un cierre de filas internacional en defensa de su Gobierno. El recién reelegido presidente decretó la intervención federal en el área de seguridad de Brasilia y organizó reuniones de urgencia con los jefes de los poderes Legislativo y Judicial y con los 27 gobernadores del país. Prácticamente todos asistieron, incluidos los alineados con el exmandatario Bolsonaro, como el de Río de Janeiro, Claudio Castro; y Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien fue ministro de Infraestructura durante su gestión.Aunque la crisis no acaba en el frustrado golpe del domingo. El bolsonarismo más radical ha mostrado músculo en la calle.  


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