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el Gobierno espera que la Justicia determine cómo seguir

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«No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial», dijo el ministro. Foto / Cr

El canciller Santiago Cafiero afirmó este lunes que el Gobierno espera que el juzgado determine «el procedimiento a seguir» en el caso del avión de carga venezolano que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza y en el que viajaban 14 ciudadanos de ese país y cinco iraníes.

«No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial. Cuando se determine en el juzgado el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer»; explicó el canciller en declaraciones a la radio FM Urbana Play.

Más tarde, Cafiero amplió sus declaraciones en Radio Nacional, donde señaló que lo que se sabe desde la Cancillería «son las actuaciones judiciales».

«Es una investigación que está en sede judicial y, a partir de las medidas que va tomando el juzgado federal, van marcando el camino de las acciones que tiene que ir tomando el Gobierno», especificó el titular del Palacio San Martín.

Y agregó que «se actuó bajo la normativa que tienen que actuar en estos casos», además de remarcar que «enseguida se dio intervención a la Justicia».

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, relató que al entrar al país ninguno de los tripulantes del avión contaba con alertas rojas, pero «con posterioridad al ingreso se recibe por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán».

«La Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero si hay situaciones de esas características debe tomar determinadas acciones», aclaró en declaraciones a Radio Perfil.

El funcionario de todos modos remarcó que «nunca se les negó la posibilidad de que pudieran moverse en Argentina con un permiso provisorio», pero había «alguna complicación en papeles de la aeronave y situaciones que revisar y definir» ante las denuncias de organismos internacionales.

Cafiero reseñó que el avión «en principio paró en Córdoba» antes de dirigirse hacia Uruguay, donde el Gobierno de ese país impidió su maniobra.

«Paró en Córdoba esos días de mucha niebla que los aviones no podían bajar en Ezeiza. En ese contexto, bajó a Córdoba y luego fue a Ezeiza», detalló.

En tanto, explicó «las fuerzas de seguridad argentinas lo retuvieron» y eso derivó en la investigación que «todavía no tiene resultados».

«Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas. Nosotros seguimos con nuestros reclamos al gobierno iraní de que exista colaboración para la investigación de fondo en la causa AMIA y es algo que vamos a seguir permanentemente reclamando», subrayó.

Además, expresó que, en esa causa, «se renovaron las alertas rojas» y, aunque Argentina «continúa con su reclamo e investigación», siempre hay trabas «por esta parte del Gobierno iraní que no acepta colaborar con la justicia argentina».

La justicia

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena determinó este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones «actuó en el marco de sus facultades» en el caso del avión de carga venezolano demorado en Ezeiza y declaró «abstracto» el hábeas corpus presentado por el abogado de la tripulación.

En la resolución, emitida un domingo en razón de tratarse de una solicitud de hábeas corpus, el juez repasó los últimos acontecimientos vinculados a la llegada al país del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531.

En ese sentido, mencionó que la aeronave «fue sometida a un exhaustivo control por parte de la PSA, personal de la Dirección General de Aduana (DGA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de la Policía Federal Argentina (PFA)».


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