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El impacto de la ultraderecha fue una nota clave de la jornada en España

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Una ciudad como Alcalá de Henares, con sus 200.000 habitantes, es terreno fértil para el ascendente partido, el que más curiosidad y más temores genera en el nuevo mapa de la política española. Muchos de quienes recorren sus calles son estudiantes universitarios llegados desde diferentes rincones del país, pero la mayoría de estos debió volver a sus hogares para votar. Entre los realmente locales, muchos son jubilados que disfrutan de la placidez del lugar y que defienden, como las mismas tradiciones que Vox: la españolidad, los toros y la caza.

El crecimiento de la agrupación ha sido explosivo. Fundada en 2013, sacó dos años después menos del 0,5% en las elecciones locales de Andalucía, para pasar a casi el 11% en las de diciembre último, lo que le permitió ingresar a la legislatura local. Este domingo fue el día del gran golpe en las legislativas españolas, en las que se apropió el ala posfranquista del Partido Popular (PP), señal de una época que conviene sumar a fenómenos como los ascensos de Donald Trump y Jair Bolsonaro y, sobre todo, de los partidos “populistas” de derecha en toda Europa.

Los discursos de sus líderes, Santiago Abascal y, detrás de él, Javier Ortega Smith, son muy encendidos y se apropian del lema bolsonarista: “España por encima de todos”. La propuesta de flexibilizar la tenencia de armas, viene con ejemplo: el primero confesó que va siempre acompañado de su Smith & Wesson.

El programa partidario incluye tanto propuestas maximalistas como otras que forman parte del sentido común de la época: el acento en que la inmigración debe ser legal; “elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad”; que pueda deportarse a los migrantes que cometan un delito grave o reincidan en alguno leve; y que los sin papeles pierdan de por vida el beneficio del “efecto llamada” para sus familiares.

Vox no puede definirse de modo simple como un grupo antiinmigración o xenófobo. Conciente, como todo el arco político local, de que la inmigración es una necesidad en el contexto actual de bajísima natalidad, rasgo que promete paliar con un “apoyo decidido a las familias numerosas” y con la “creación de un Ministerio de Familia”, declara preferir “las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España”. Es decir, si tienen que llegar jóvenes para trabajar y financiar la seguridad social, mejor que sean latinoamericanos que musulmanes.

El nacionalismo español de Vox se hace más agresivo en relación con los nacionalismos de adentro, que amenazan con desmembrar el país, especialmente el catalán, cuyo auge explica en buena medida, como espejo, el de este partido. Así, el rasgo dominante de la plataforma es el fortalecimiento de las competencias del Estado español en detrimento de autonomías como la catalana y la vasca, algo que, de aplicarse, causaría convulsión.

Para el enemigo separatista catalán, ni justicia. Las “100 propuestas” abogan por la “suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales”, así como la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”.

Vox propone, como contrapartida, “dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona” -así, con mayúsculas-, agravando “las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas”.

En ese sentido, llama a impedir cualquier “menosprecio” del castellano, al que define como “español”, en las regiones autonómicas. Pero lo más llamativo pasa por su idea de “transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario”, un programa que huele fuerte a centralismo franquista. “Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia”, sostiene con algo más que audacia.

El espíritu de la época reaparece en la relación con la minoría musulmana del país, abogando por el automático “cierre de mezquitas fundamentalistas”, por la “prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del islam” y por la “expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad”. Otra vez, lo que se intuye de Vox parece peor que lo que el propio Vox predica. ¿Quién puede decir que esos serían abusos? Más cuando busca proteger los derechos de las mujeres en el país. ¿Pero es así?

Mientras proclama su interés en mantener a las mujeres a salvo de la opresión islamista, promete la lisa y llana “derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro”. En su lugar, promete “una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños” y la “supresión de organismos feministas radicales subvencionados, (con) persecución efectiva de denuncias falsas”.

El nacionalismo reaparece en relación con la Unión Europea. No hay en Vox vestigios de una postura adversa a la pertenencia de España al bloque, pero, a tono con la ultraderecha continental, sí un reclamo de menos Bruselas y más Madrid. Para eso pide “un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones”.

El “grupo de Visegrado” remite a una alianza de monarquías centroeuropeas del siglo XIV que fue reflotada en 1991 por países excomunistas de acceso reciente al bloque: República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Su agenda es de derecha dura y tendiente al fortalecimiento de los Estados nacionales “vis-à-vis” la burocracia de la UE.

En esa línea, Vox propone la “reducción del gasto político europeo” y la “exclusividad del Estado en (…) relaciones internacionales”.

Si la ultraderecha a lo Trump o a lo Bolsonaro es indudablemente proempresa, la vocación de Vox es más vacilante. Eso explica que el empresariado local no mirara con buenos ojos en la campaña un eventual Gobierno tripartito con el conservador PP y el liberal Ciudadanos.

En efecto, su propuesta tiene un sesgo intervencionista cuando habla de “fomentar la reindustrialización de España”. Además, plantea una “rebaja radical del impuesto sobre la Renta” y “reducir el tipo general del impuesto sobre Sociedades al 20%”. Pero, a la vez, habla de una “reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos”, menor gravamen a los combustibles y un “amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial las numerosas”.

España que viene de sufrir mucho para mejorar sus cuentas fiscales. Ante eso, los empresarios hacen suyas las palabras que Christine Lagarde dirigió hace poco a los argentinos: “Sería una tontería darle la espalda al trabajo realizado”.

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