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El impuesto invisible

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Alejandro Catterberg*. Prometer bajar impuestos no es rentable políticamente porque la elevada carga impositiva es un problema solo para un sector minoritario de la sociedad. Con el correr de las décadas, la dirigencia política argentina ha creado un esquema tributario en donde la mayoría de la gente no paga impuestos o no sabe que los paga.

Los impuestos en nuestro país están concentrados en una fracción minoritaria de la sociedad -que carga sobre sus espaldas una de las mayores presiones tributarias a nivel global-, o se encuentran escondidos y se recaudan disimuladamente. Se pone el peso de los impuestos sobre las empresas, los comerciantes, los productores y los exportadores, pero no sobre el ciudadano común. O al menos no de forma directa. Se esconden impuestos en el consumo (con el IVA y otros tributos internos sobre el combustible, cigarrillos, el juego o las entradas de cine, entre tantos otros) y en los salarios en blanco (con aportes y contribuciones). Y cuando todo esto no alcanza se recurre al más dañino de los impuestos camuflados: el inflacionario.

Treinta millones de ciudadanos están en condiciones de elegir presidente, gobernadores y representantes. ¿Cuántos de ellos pagan impuestos de forma directa y conscientemente? Como cuarta categoría de ganancias abonan un poco más de dos millones de personas; los autónomos son cuatrocientos mil; los monotributistas, alrededor de un millón y medio; las presentaciones de Bienes Personales son alrededor de un millón. Por más que se agreguen otros tributos a este listado (muchos son contribuyentes que se superponen entre sí), pareciera que el número de personas que tienen una experiencia directa con el fisco es extremadamente inferior al de votantes.

Una posible respuesta al interrogante puede surgir de una encuesta que realizamos en Poliarquía Consultores, donde le preguntamos a una muestra nacional representativa de los argentinos qué impuesto tenía mayor impacto sobre sus ingresos o patrimonio. Se trató de una pregunta en que la respuesta era abierta y espontánea, es decir, no le dábamos un listado preestablecido del cual poder seleccionar las opciones de respuesta. El 25% respondió «la luz». Cuando sumamos otras respuestas, como «el gas» o «el agua», obtenemos que uno de cada tres argentinos sostiene que el impuesto que más lo afecta es, en realidad, el pago de un servicio público. Dicho de otra forma, un tercio de los argentinos no paga ningún impuesto que sea mayor que su cuenta de luz o gas, o no sabe que lo hace.

La distorsión es más llamativa aun cuando se la analiza por segmento socioeconómico. Entre los argentinos de clase baja (alrededor del 50% de la población), la mención al pago de la energía eléctrica alcanza al 45% y la suma de los servicios públicos, al 52%. En los sectores de clase media es del 27%, y disminuye al 13% entre las clases media-alta y alta. Es cierto que la confusión de asimilar el pago de un servicio público como la electricidad a un impuesto puede deberse a la carga impositiva que aquel acarrea, lo que constituye un nuevo ejemplo de lo mencionado anteriormente: los dirigentes políticos esconden en las boletas de luz, gas y agua una serie de impuestos nacionales, provinciales y municipales cuyo cobro implicaría un costo político que no quieren afrontar.

Luego de las menciones al pago de servicios públicos aparecen el IVA, con el 22% de las respuestas, los impuestos inmobiliarios (14%), las tasas municipales (7%), el impuesto automotor y patentes (4%) y el monotributo (3%). El resto de los tributos obtienen menos del 1% de las menciones. El impuesto a las ganancias, que es la principal forma de recaudación en los países desarrollados, solo es mencionado por el 11% de los encuestados (30% de las menciones en las clases media-alta y alta).

Comprender que las tarifas de servicios son para un amplio sector de la sociedad un impuesto sirve a su vez para reconsiderar parte de la historia reciente. Bajo este enfoque, para muchos argentinos lo que hizo Mauricio Macri durante su gestión no fue un sinceramiento de las tarifas o un ajuste de precios atrasados, sino un enorme impuestazo.

El problema del esquema tributario argentino no es solo que el país termina teniendo impuestos de mala calidad, distorsivos y regresivos que no generan incentivos para la inversión y la creación de empleo, sino que altera la noción básica sobre cómo debería funcionar el Estado y el sistema político. Bajo este sistema, el oficio del político es entregar, ofrecer y repartir servicios, bienes y subsidios, deslindándose de la antipática tarea de cobrar y recaudar. Este fenómeno lleva a que en la población argentina el concepto de restricción presupuestaria sea una rareza. La experiencia básica del ciudadano que paga sus impuestos siendo consciente del monto por el que contribuye al fisco para que el Estado financie sus gastos está ausente en la vida del argentino común. Para amplios sectores de la sociedad, el Estado es un baúl infinito de recursos al cual se le puede exigir todo tipo de expendio sin entender su escasez ni origen. Cuando a un gobierno le faltan recursos o una ayuda no llega es, en la visión popular, porque «se la afanan» o porque «gobiernan para sus amigos».

Es necesario romper con esta dinámica. En lo económico, para generar los incentivos correctos que permitan retomar un sendero de crecimiento e inversión. En lo institucional, es preciso que todos los ciudadanos paguen impuestos para que los dirigentes políticos empiecen a tener incentivos para bajarlos. Para que los argentinos empiecen a comprender que los recursos son escasos y que por ello es fundamental priorizar unas demandas sobre otras. Para que se exijan mayor control y rendición de cuentas. Para que disminuya la tolerancia a la corrupción. Para que muchos comprendan que, además de derechos, tienen obligaciones. Y para que muchos dirigentes dejen de pensar que hacer política es solo repartir bienes y subsidios.

Alejandro Catterberg* Es Presidente y cofundador de Poliarquía Consultores. Es máster en Métodos Cuantitativos en Ciencias Sociales por Columbia University, New York, Estados Unidos y licenciado en Economía y un Posgrado en Finanzas, por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos Aires, Argentina. Estas reflexiones fueron publicadas en “La Nación”.

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