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El kirchnerismo lanza debate sobre intervención federal de la Justicia jujeña

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El kirchnerismo lanza debate sobre intervención federal de la Justicia jujeña

El proyecto pertenece al legislador kirchnerista Guillermo Snopek, quien mantiene una guerra política y personal con el gobernador radical, Gerardo Morales. El mismo día se analizará la iniciativa de “capitales alternas” que envió el Gobierno a la Cámara alta.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y la de Asuntos Constitucionales del Senado realizarán el martes próximo una reunión plenaria para tratar el proyecto de “capitales alternas” enviado días atrás por el Gobierno. Tras esa discusión, la segunda comisión analizará de manera individual una urticante iniciativa que encendió las alarmas en la oposición: la “intervención federal a la provincia de Jujuy en su Poder Judicial, a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Los artículos 3 y 4 del proyecto son contundentes en cuanto al objetivo del texto, ya que se declara “en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público y a los Magistrados de los Tribunales Inferiores, de la provincia de Jujuy”, por un lado, y se deja claro que el interventor federal no podrá “ejercer por sí la función judicial”, pero tendrá “la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.

“A mí no me dio orden ni Alberto -Fernández- ni Cristina -de Kirchner-”, aseguró Snopek tras presentar el proyecto, a fines de febrero pasado, y dijo que no deben tener “ningún temor” los magistrados que cumplieron sus funciones “correctamente” y quienes hayan actuado “de otra manera que no corresponde a la ley”.

Sobre estas cuestiones se explaya Snopek en los argumentos del proyecto. Por caso, señaló: “Hoy, el Poder Judicial de esta provincia demuestra su total dependencia a los intereses del Poder Ejecutivo, que desde el año 2015 conformó los diferentes estratos judiciales a su discrecionalidad y necesidades políticas y personales. Llama la atención que a través del planteo de supuestos escenarios de crisis -como ser la Judicial en su oportunidad, la de caducidad de los mandatos, y ahora la de seguridad-, los Poderes Ejecutivo y Legislativo arremeten contra todas las garantías establecidas en la Constitución provincial y la nacional, siendo convalidadas las nuevas normas, por el Superior Tribunal de Justicia provincial”.

Para el legislador kirchnerista, la intervención federal “resulta ser el único medio útil, necesario y eficaz con el que se cuenta para restablecer el funcionamiento de la Justicia, el cual es uno de los pilares fundamentales de la convivencia en comunidad”, y que el “avasallamiento no puede ser avalado por el Congreso de la Nación y se debe propugnar por el restablecimiento de las instituciones afectadas, a fin de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales” del pueblo jujeño.

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