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El origen del descrédito

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Existe una Argentina subterránea, oculta, que parece surgir de la niebla en la que los perfiles se presentan borrosos y difíciles de definir. Hoy, entramos en esa zona en la que todo puede sorprendernos y en la que somos incapaces de predecir lo que va a ocurrir. Una vez más, los argentinos esperamos que una solución mágica ponga fin a nuestras desazones.

Los desaciertos y una realidad adversa, han generado la necesidad de soluciones que esperamos se generen, sin saber sobre qué bases habrán de apoyarse los nuevos escenarios, que la sociedad reclama y espera con urgencia.

En uno de los ejes en los que se reclaman cambios es, obviamente, el de la Justicia, vapuleada y devaluada en la consideración general y merecedora de un tratamiento prioritario. En ese aspecto,  las expresiones del nuevo Gobierno merecen un análisis detenido, porque entre ellas y sus acciones,  existen todavía divergencias que impiden encontrar la seguridad del cambio que se busca.
Fueron claras las expresiones del Presidente cuando aseguró que era imprescindible terminar con los “operadores” judiciales y la injerencia de los servicios de inteligencia entre los muros de Comodoro Py. Al escuchar esas claras definiciones,  un bálsamo pareció descender sobre el espíritu de muchos que vieron en esos dos extremos, el origen del descrédito que rodea hoy, el mundo de las decisiones judiciales.

Mientras la esperanza esperaba verse concretada en acciones positivas, los primeros pasos dados, impiden asegurar que la instalación de una nueva realidad se presente de inmediato. Y es que la designación de la Ministro de Justicia, persona bien recibida entre Jueces y abogados, se vió asociada prontamente con la de su segundo en la cartera, conocido como vinculado a los servicios de los que se decía había que alejarse y a las operaciones que se había comenzado a denostar.

También se convirtió en tema habitual para los argentinos hablar del Lawfare, expresión desconocida hasta hace unos pocos días y hoy concepto familiar en cualquier reunión más o menos elevada,  en la que se discutan los problemas de este bendito país. Ese ya conocido por todos- abuso de los instrumentos jurídicos y judiciales desviados para perseguir a los enemigos políticos- tiene en la Argentina, como es habitual, especialistas que pueden sorprender a cuanto individuo intente abordar el tema. Los maestros europeos que pergeñaron sus líneas, deben aprender del ciudadano porteño que conoce todos los vericuetos de tan espinoso tema.

El antiguo trabalenguas que, casi remedando a Cervantes, decía que “la ley dice lo que los Jueces dicen que la ley dice” o el concepto Kelseniano de que el derecho vigente es el que se puede hacer cumplir, han debido ceder paso a esta nueva visión que Rafael Bielsa consolidó en su libro. Sin embargo, lo que podría preocupar a alguien es que se utilice esa teoría para designar funcionarios que se encuentran sometidos a proceso y a los que, desde el Ejecutivo, se los tiene por víctimas del Lawfare, anticipando su inocencia.

En realidad, hasta podría compartirse el juicio de valor sobre las personas involucradas, pero lo que debe rechazarse de plano –siguiendo los principios enunciados por el propio Presidente de lograr una Justicia independiente-   es que el Ejecutivo, aunque sea el Provincial, interfiera en una competencia que le es absolutamente ajena, anticipando cual debe ser su decisión, lo que la Constitución Nacional expresamente le prohíbe.

Esa confusión, que mezcla la decisión popular reflejada en una elección, con la legitimación  para decidir sobre todas las cuestiones que involucran al ciudadano, antes que parecerse a una democracia, parece volver sobre los conceptos propios del Feudalismo en la que quien se encontraba investido del Poder lo ejercía en todos los ámbitos  en que actuaba.

Podría decirse sin temor a errar, que es también Lawfare opinar sobre lo que la justicia debe decidir para “hacerlo correctamente”. Que el sistema judicial debe actualizarse, es una conclusión a la que muy pocos podrán oponerse, pero presumir que solo un criterio mayoritario legitima sus decisiones, es abandonar el criterio de Republica para comenzar el tránsito hacia los sistemas  totalitarios.

La actualidad ofrece herramientas que permiten enmendar los excesos en los que se incurra –de propósito o por error- y es en ese sentido que debe avanzarse y no dejando arbitrariamente en manos ajenas, las decisiones propias del Poder Judicial, cuyos excesos deberán castigarse y sus errores corregirse, pero sin abandonar los principios que la Constitución establece para ello.

Que la Justicia sea la herramienta con la que se busque castigar las diferencias de pensamiento, fue y es, matar a la República. Es probable que el sistema merezca ser revisado, pero es seguro que debe ser respetado como el último resguardo de los derechos del individuo,  ante  un Estado que se  sirve de sus  miembros, en vez de asegurarles el bienestar que le ha sido delegado conseguirles.

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