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El pedido de abogados K al flamante titular de la Corte Suprema

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Martín Arias Duval, Graciana Peñafort, Carlos Beraldi y Daniel Llermanos en el Palacio de Tribunales donde dejaron la nota para Carlos Rosenkrantz.


Un grupo de abogados que integran la organización “Iniciativa Justicia” y representan a exfuncionarios kirchneristas en distintas causas se acercaron hasta el Palacio de Tribunales para pedirle a Carlos Rosenkrantz, que intervenga oficina de escuchas judiciales.

A través de una nota dirigida al flamante titular de la Corte Suprema, Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi, Graciana Peñafort, Daniel Llermanos y Martín Arias Duval se refirieron a la situación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) y solicitaron que, a los efectos de “garantizar los estándares de imparcialidad y transparencia institucional”, se disponga la “inmediata intervención” del organismo.

En ese contexto, los letrados recordaron que por el funcionamiento del organismo surgieron “severos cuestionamientos que derivaron en denuncias en trámite ante la Justicia Federal y también planteos en la órbita del Congreso de la Nación”.

Los abogados que integran llevan en la actualidad la defensa de dirigentes políticos y gremiales. Beraldi es abogado defensor de la expresienta Cristina Kirchner, en tanto que Peñafort hacía lo propio con el excanciller Héctor Timerman.

Por su parte, Llermanos se desempeña en distintas causas como defensor del jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, mientras que Rusconi asiste al exministro de Planificación Federal Julio De Vido; y Arias Duval integra el estudio Arlanian y Asociados.

En la nota remitida a Rosenkrantz, también reclamaron que se pida a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia “que proponga la designación de tres interventores con conocimientos técnicos y solvencia ética y profesionales en la materia”.

A la vez, pidieron que se dejen sin efecto convenios que la DAJUDECO pudiera haber firmado con otros organismos del Estado y que se disponga que los interventores designados realicen una “amplia auditoría” sobre el funcionamiento del organismo.



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