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el silencio no es Justicia

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Día a día, los medios de comunicación brindan a toda la sociedad un detallado seguimiento del juicio oral y público por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Si bien resulta esperable que la mayoría de la población se enfoque en cuestiones como la brutalidad del crimen, quienes abordamos el hecho desde la óptica del Derecho Penal vemos varias peculiaridades que llaman la atención.

Por un lado, tenemos a la Querella y la Fiscalía, que se presentan al debate bajo una hipótesis (la de la “coautoría funcional”) que resulta extremadamente difícil de probar fuera de toda duda. Frente a esto, vemos a una única Defensa para los ocho imputados, cuya estrategia hasta ahora fue la de presentar una postura uniforme, sin importar la participación que uno u otro haya tenido (lo que en los medios se ha denominado “pacto de silencio”).

En consecuencia, ante una situación en la que difícilmente se pueda concluir que los ocho acusados cometieran el delito (tipificado como homicidio doloso agravado por alevosía y concurrencia de dos o más personas) de igual forma y contribución, necesariamente se desprende la conclusión de que la Defensa no debería ser igual para todos.

No es lo mismo, en materia de responsabilidades penales, quienes propiciaron las patadas y golpes morales, con evidente alevosía y en “patota” de dos o más personas; que los dos o tres (de los ocho acusados) que al parecer solo arengaron o filmaron los cobardes y mortales acontecimientos.

Para muchos, las diferencias en el dominio de los hechos, participación y/o el nivel de conciencia de los acusados en el homicidio calificado, puedan no ser relevante a la hora de añorar la prisión perpetua sobre todos los acusados.

Sin embargo, bajo la lupa de las teorías de la responsabilidad penal, probar tales detalles de los hechos que conforman la acusación, resulta clave para sostener o no la prisión perpetua que se pretende.

Como dice Andrew Ashworth de la Universidad de Oxford, no todos los acusados pueden “caer en la misma bolsa”. Las diferencias que plantea la abundante prueba reunida (testimonios, videos, pericias, ADN) son de vital importancia para el respecto del debido proceso, que es uno de los pilares del Estado de Derecho.

Para decirlo de otra forma, el hecho de que haya un único equipo de abogados para los ocho imputados afecta directamente el Derecho a la Defensa de aquellos que legítimamente podrían aspirar a una pena menor (o, incluso, a la absolución). Y eso, a su vez, condiciona a la totalidad del proceso judicial.

El propio Abogado de los imputados debería comprender que existen incompatibilidades en los intereses de varios de sus defendidos y que, por ende, no se debería representar a los ocho por igual.

Dichas incompatibilidades ya han empezado a surgir. Lo demuestra la decisión de varios de los imputados de pedir la palabra para negar su presencia y participación en la escena del crimen.

Incluso, si tales diferencias en la defensa subsisten, existe la posibilidad (refrendada por la jurisprudencia y algunos códigos procesales) de que el propio Tribunal decida obligar a los imputados a nombrar otros defensores en un plazo perentorio y, de no hacerlo, designarles Defensores Públicos.

La Justicia solo es justa si se respetan los derechos fundamentales del proceso; que le caben por igual a las víctimas y acusados de este horrendo asesinato. Para ello, resulta indispensable que, de una forma u otra, este “pacto de silencio” se rompa.

Roberto Durrieu es Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina.


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