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EL VIAJE A LA JUSTICIA.

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Siguiendo su vieja tradición trashumante, los gitanos han seguido su camino alejándose de las noticias y perdiéndose en la niebla. Lo que parecería iba a constituirse en una noticia duradera, se diluyó en pocas horas. Quizás, cuando el magnicidio desapareció y solo quedamos enfrentados a un suceso de violencia cotidiana, las luces del escenario se apagaron, para que ignoremos el final de un suceso que nunca debió tener principio.

Casi parece una constante en nuestra realidad, que una novedad desplace a otras que, envejeciendo rápidamente, se ocultan en los pliegues de nuestra memoria. Hasta hace días,   los niños de San Miguel del Monte,  también a punto de retirarse de la escena, fueron el vehículo usado para cuestionar a la Ministra Bullrich y alguna de sus declaraciones, no siempre alineadas con lo que varios quieren oír.

Las noticias policiales, anticipo de las actuaciones judiciales posteriores, solo ponen en evidencia el incremento de la violencia que afecta a los habitantes de la ciudad y del conurbano. Junto con esa realidad,   nace el reclamo por una justicia más severa y más sensible a las preocupaciones de los ciudadanos.

Contemporáneamente, comienza el tratamiento del nuevo Código Penal por la Legislatura Nacional. Las novedades que contiene sorprenderán a algunos y no a otros aunque, sin dudas, existen en el proyecto   cuestiones que habrán de generar polémicas.

Sin demasiado esfuerzo, y más allá de los cuestionamientos técnicos en los que se detendrán los especialistas, puede anticiparse que lo referido a la interrupción del embarazo habrá de reeditar los enfrentamientos entre dos bandos no dispuestos a escucharse.

Del mismo modo, y también frente a una realidad inflexible, volverá a ponerse en juego el tema de las libertades durante el proceso y las condenas cortas. La sociedad deja entrever su vocación por los encierros, como un modo de evitar   la peligrosidad de quienes comenten delitos continuamente.

Sin embargo, ese clamor que no entiende de corrientes científicas más modernas, o de penas alternativas, o de medidas de reeducación avanzadas, se guía por la sensación de desprotección que percibe,  cuando advierte que quien protagonizó un nuevo episodio, solo acaba de recuperar su libertad tras una acción similar cumplida solo unas horas  o días antes.

De todos modos, lo que parece sencillo de lograr en los hechos, se encuentra condicionado por una situación concomitante, consistente en la declaración de la emergencia carcelaria que también se dispone en este tiempo. El Estado carece de la capacidad de alojamiento de aquellos a los que todos pretenden encerrar. En realidad, carece de capacidad de alojamiento para el número insatisfactorio de detenidos actuales, mucho menos, para incrementar el mismo como pretende buena parte de la población.

Así, el tema se debate buscando responsables antes que soluciones. Ora, serán los Jueces que dejan en libertad a aquellos a los que no tienen donde alojar –siguiendo algún criterio de peligrosidad (por cierto falible)-; ora, serán los legisladores que dictan leyes benévolas atendiendo a las mismas razones o finalmente los miembros del Ejecutivo, que no disponen de los dineros necesarios para construir los establecimientos para “educación y no para castigo” como dijeron hace dos siglos   nuestros constituyentes.

Mientras tanto, los integrantes del Poder Judicial, han iniciado paros de protesta por cuanto no se les ha actualizado el salario, atribuyendo dicha circunstancia al enfrentamiento existente entre sus integrantes y algunos miembros del Ejecutivo.

Lo cierto, es que lo que ocurre ha enrarecido aún más los humores en el seno de la Corte Suprema, donde el enfrentamiento  entre sus miembros se percibe ya sin ninguna dificultad, imputándose culpas reciprocas y haciéndose desplantes  cotidianos.

Al mismo tiempo, las primeras repercusiones de la incertidumbre política, han afectado a las designaciones que se encontraban en el Senado para recibir el correspondiente acuerdo. Varios son los pliegos demorados esperando establecer quienes serán las nuevas autoridades nacidas de los próximos comicios.

Mientras tanto,  el Fiscal Stornelli continúa evitando concurrir al Juzgado de Dolores, al tiempo que aparecen escuchas que permiten vislumbrar que la actuación de quienes investigan esta historia, se encuentra más comprometida en una operación política,  que en el descubrimiento de la verdad.

 

Que tiempo antes de que los hechos ocurrieran,  ya hubiese personas que conocieran lo que estaba por suceder, obliga a  presumir un armado  alejado del espontáneo descubrimiento  de una actividad irregular. Salvo alguna condición clarividente –extraña en estos días- la única posibilidad de conocer el futuro es haber participado en su creación.

Distinta será la solución jurídica que se busque para validar dichas intervenciones, sin embargo, para el hombre común,  es suficiente reconocer una voz y comprender sus dichos,  para saber que se enfrenta a la verdad.

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