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Elecciones en Cuba: votar sin elegir

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Desde que la Unión Europea (UE) firmó su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el gobierno cubano en 2016, no ha criticado el sistema electoral en la isla que contradice el Acuerdo mismo en materia de derechos de participación política de todos los cubanos.

Ahora es el momento para que la UE deje de calificar a Cuba como “democracia de partido único”, lo que constituye una contradicción en los términos – una categoría inventada en su informe sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo del 2016 – y exija que los cubanos puedan elegir a su propio gobierno en elecciones libres y democráticas.

El sistema electoral cubano tiene, al menos, tres problemas fundamentales: en primer lugar, que no cualquiera puede postularse para ganar un escaño en la Asamblea Nacional, cada candidato o candidata debe ser aprobada por un comité, llamado Comisión de Candidatura, compuesto por un puñado de organizaciones leales al Partido Comunista de Cuba, que hasta la fecha nunca han nominado a alguien de la oposición.

En segundo lugar, solo se nomina un candidato o candidata para cada escaño en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el pueblo, y ni siquiera los seguidores del régimen, puede elegir entre candidaturas con propuestas y rostros diferentes.

Y, en tercer lugar, la nueva ley electoral establece que el sistema «excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato». Por lo tanto, está prohibido hacer campaña.

Aunque el acuerdo con Cuba del 2016 dice que la promoción de los principios democráticos y el respeto de todos los derechos humanos “constituyen un elemento esencial”, la UE no dijo nada cuando se adoptó una nueva constitución en el 2019, que dice que el Partido Comunista, “único” es “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Tampoco se pronunció cuando la nueva ley electoral fue adoptada el mismo año. Ambas leyes violan claramente el acuerdo.

En su momento, la UE apostó por silenciar las críticas para mantener buenas relaciones con La Habana – también cuando los tribunales cubanos condenaban a defensores de derechos humanos a largas penas de prisión – y, desde ahí, promover reformas económicas y ambientales, intercambios culturales, etc.

Sin embargo, los levantamientos populares en favor de libertad y democracia del 11 de julio de 2021 y del verano de 2022 (y la brutal represión de la seguridad del Estado) demostraron que esta postura no ha contribuido ni a la economía ni al respeto de los derechos humanos en el país.

A partir del 11J, el actual Alto Representante para política exterior de la UE, Josep Borrell, se ha sacado la mordaza y criticado la represión en varias ocasiones. En noviembre, por ejemplo, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución contra el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba, la UE declaró que la Unión sí estaba en contra del embargo, pero que Cuba también debería liberar a todos los presos políticos, ratificar los pactos internacionales de derechos humanos e invitar a los relatores especiales de la ONU.

También dijo que Cuba debería permitir tanto a las organizaciones de la sociedad civil cubanas como a las europeas participar en la implementación del acuerdo entre la UE y Cuba.

Sin embargo, nada ha dicho aún frente a la falta de elecciones libres y democráticas en la Isla ̶ una demanda ya popular en Cuba̶, que ha hecho imposible que el pueblo cubano pueda elegir una opción distinta a la que gobierna desde 1959. Está claro que las y los cubanos pueden votar, pero no elegir.

Ante situaciones similares en otros países, la UE ha sido verticalmente crítica: en el 2021, cuando el gobierno de Nicaragua encarceló a los siete candidatos presidenciales de la oposición y promulgó una nueva ley que otorgaba al gobierno el control de la administración electoral, Josep Borrell constató que “la oposición ha quedado eliminada” y que no había condiciones para un proceso electoral “creíble y legítimo”.

Tras las elecciones, la UE afirmó que los comicios carecieron de «garantías democráticas» y «legitimidad», y pidió a Daniel Ortega que devolviera “la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, que es su titular legítimo”. Además, condenó el encarcelamiento de activistas estudiantiles, liderazgos rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y empresarios durante la campaña, diciendo que la violencia había convertido al país en una «república del miedo». Y señaló que la Unión podría ampliar las sanciones ya existentes contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

Ha llegado el momento de que la UE muestre el mismo compromiso con Cuba. Debería exigir elecciones democráticas, declarar que el actual sistema electoral no es legítimo y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

El 26 de marzo se realizarán lo que frente al mundo se presenta como elecciones y no hay oposición reconocida por el gobierno en el país, no hay candidaturas que representen políticas diferentes a las del gobierno y no hay oportunidades para que la gente vote por el cambio.

A partir de julio, España será presidente de la Unión Europea y podría adoptar una postura férrea frente el sistema político en Cuba. Según la Organización Cubana de Derechos Humanos Justicia 11J, 768 de las 1.812 personas detenidas durante y después de las protestas de julio de 2021 siguen en prisión. La gran mayoría de ellos han sido condenadas a largas penas de prisión. España y la Unión Europea deberían exigir al gobierno cubano que devuelva la soberanía de Cuba al pueblo cubano, su titular legítimo.

Manuel Cuesta Morúa es Vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y autor del libro “Ensayos progresistas desde Cuba” (CADAL, 2014).  Erik Jennische es Director del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.


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