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Embates contra la Justicia que generan rechazo en los países democráticos

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El cuestionamiento del gobierno estadounidense al intento de juicio político contra la Corte impulsado por el Gobierno es otro llamado de atención.

El pedido de juicio político a la Corte Suprema (CS) por disconformidad con las sentencias del Máximo Tribunal lleva a una situación insostenible en un Estado de Derecho, ya que toda vez que esto ocurra este comportamiento se convertirá en la escapatoria para no cumplir los fallos de la CS.

El Ejecutivo argentino, la mayoría de los gobernadores oficialistas e importantes referentes peronistas han resuelto no cumplir el fallo de la CS que detrajo por decreto y luego por ley una parte importante de los fondos que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así se desconoció la reforma constitucional de 1994 que le concedió en el nuevo artículo 129 el estatus de organismo territorial autónomo en un pie de igualdad con las provincias, retrotrayendo la posición de la CABA a la situación previa a ello cuando era un mero organismo territorial autárquico con la legislación a cargo del Congreso y el Intendente designado por el presidente. Por lo tanto, toda modificación de este tipo requiere de la bilateralidad, esto es, del acuerdo de ambas partes, Nación y CABA.

La reasignación de fondos a la CABA no perjudica a las provincias. Así, la CS manifiesta con claridad que, “corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias.

En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria. La desobediencia de los pronunciamientos de la CS importa la inobservancia de la Constitución y, por ende, el derrumbe de la República.

Así la cosas, el gobierno de Joe Biden ha solicitado el respeto de las instituciones democráticas y la separación de poderes frente a la disparatada decisión del gobierno argentino de iniciar un juicio político a la CS.

Con anterioridad la célebre organización de derechos humanos, Human Rights Watch, afirmó en un informe (haciendo referencia a la Argentina) que el ataque a los jueces por parte del gobierno “socava el Estado de Derecho”.

Estos embates a la independencia de la Justicia generan un rechazo manifiesto en el universo de los países democráticos. Acentúan la dificultad de lograr inversiones que permitan la llegada de fondos frescos lo que constituye una importante contribución a la reversión de la situación por la que atraviesa nuestra maltrecha economía.

Se trata de escuchar el paradigma que lanzara en su momento el primer mandatario estadounidense cuando expresó que en el momento actual a los países se les plantea la opción entre democracia o autocracia. Si no se respetan los fallos judiciales, se destruye la separación de poderes, la independencia de la Justicia, se incumple groseramente la Constitución y por ende se provoca el derrumbe de una República.

Daniel Sabsay es Profesor Titular y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA.


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