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En plena tormenta política, comienza el juicio a los jefes separatistas de Cataluña

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezó un encuentro de 400 alcaldes catalanes que rechazó anteayer el juicio contra los líderes independentistas Fuente: EFE – Crédito: Alejandro García


MADRID.- En medio de tensiones y fuerte polarización,

España

y Cataluña enfrentan la hora de la verdad.





























A partir de hoy, el Tribunal Supremo definirá la suerte de 12 políticos independentistas, que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por los hechos de octubre de octubre de 2017, que desembocaron en la fugaz declaración de

independencia de Cataluña

.

Es el proceso más mediático y politizado, que comenzará horas después de una marcha de los partidos de derecha, que exigieron anteayer elecciones inmediatas al gobierno del socialista

Pedro Sánchez

.















El sistema judicial se juega su prestigio, y España, un desgaste de imagen ante sus pares europeos, más permeables a la prédica independentista, según la cual todo se reduce a “la persecución de un Estado fascista”. Habrá más de 600 periodistas de 150 medios. Tal fue la demanda que las deliberaciones serán transmitidas por internet y se verán desde cualquier punto del planeta. “¿Qué más transparencia quieren que esa?”, dijeron en el tribunal, que sabe el reto que enfrenta.















El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras será uno de los 12 imputados que estarán en el banquillo. Habrá cientos de testigos; entre ellos, el expresidente Mariano Rajoy y su ex número dos Soraya Sáenz de Santamaría.

El gran ausente será precisamente el expresidente regional que declaró la independencia, Carles Puigdemont. Prófugo en Bélgica, seguirá la suerte de sus excompañeros de gobierno desde la mansión en la que vive desde que se escapó en secreto, horas después de los sucesos que ahora se juzgan.








Cuatro son los delitos en danza: rebelión, sedición, malversación de fondos y desobediencia. De todos ellos el más grave y controvertido es el primero, el de rebelión. En el gobierno cruzan los dedos para que el tribunal lo rechace. La acusación dice que los implicados integraron las tres patas de “un plan orquestado” para separar Cataluña de España y enfrentan penas que van de los siete a los 25 años de cárcel.








En una creciente polarización, el gobierno independentista con sede en Barcelona entiende que se trata de un proceso “político”, con la sentencia “escrita de antemano”.

Se prevé que los siete magistrados – seis hombres y una mujer- no emitan sentencia hasta junio. Así, el veredicto no incidirá en las elecciones municipales y europeas de mayo. Pero está claro que cualquiera sea el resultado difícilmente sirva para apaciguar la aguda tensión del separatismo catalán con el resto de España.








En un proceso sin precedente, además del exvicepresidente Junqueras, en el banquillo también estará la extitular del Parlamento regional Carmen Forcadell.

Para ellos se piden las penas máximas, al igual que para “los Jordis”, tal como se conoce a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, titulares de las plataformas sociales Omium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), de activa participación en los hechos que desembocaron en la fugaz ruptura con el resto de España.

Nueve de los 12 acusados están en prisión condicional desde hace más de un año. Todos los días que dure el proceso serán trasladados desde la cárcel hasta la sala del Supremo.

En rigor, se enfrentan a tres acusaciones personadas. A la cabeza, la que encarna la Fiscalía del Tribunal Supremo, seguida por la Abogacía General del Estado, que depende del gobierno y que moderó los pedidos de castigo de la anterior. Se suma a ello una “acusación popular”, que ejerce el partido de ultraderecha Vox, que tomó vuelo en las elecciones de Andalucía en las que fue sacado del poder el Partido Socialista Obrero Español, que había gobernado allí durante más de 40 años de manera ininterrumpida.

El Ministerio Público entiende que gran parte de los acusados se “alzaron pública y violentamente” para lograr sus objetivos de ruptura constitucional. Pide la mayor pena -25 años- para Junqueras, por “rebelión y malversación”.

Por los mismos delitos reclama 16 años para los exconsejeros Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ruy, Raúl Romeva y Dolores Bassa. Rebaja la pena por entender que su compromiso fue menor.

Para Forcadell y “los Jordis” pide 17 años de prisión por rebelión, mientras que el resto de exconsejeros se enfrentan a siete años por desobediencia y malversación.

La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y, por tanto, del gobierno, no vio “rebelión” y pidió penas por un delito de “sedición”, por considerar que ese alzamiento fue “público” y “tumultuario”, pero no “violento”. Pide penas de ocho a 12 años. Desde su “acusación popular”, Vox reclama las condenas más altas, de hasta 74 años.

El momento más delicado será el de los informes finales, cuando se expondrán los delitos que quedaron acreditados. Corresponderá al ministerio decidir si mantiene el de “rebelión” -el más grave de todos- o si lo rebaja. El gobierno de Sánchez ruega en secreto que así sea.

Pasado este trámite, el juicio quedará listo para la sentencia. Después de eso, solo podría quedar el Tribunal Europeo, en un proceso de revisión que llevaría años.


Las claves del proceso en Madrid


Acusados


Los principales apuntados

  • Hay 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva. En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente y ministro regional de Economía, Oriol Junqueras, de 49 años, es el principal acusado. La fiscalía reclama una pena de 25 años de prisión para este historiador y presidente del partido independentista de izquierda republicana ERC, encarcelado desde noviembre de 2017. La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell (63 años), que leyó en octubre de 2017 la proclamación de independencia, podría ser condenada a 17 años.


Delitos


Posibles penas

  • De los 12 acusados, nueve afrontan el cargo de rebelión, agravada para seis de ellos por malversación (Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa). El delito de rebelión, según el Código Penal español, aplicable a aquellos “que se alzaren violenta y públicamente” para “declarar la independencia de una parte del territorio”, conlleva una pena de 15 a 25 años de cárcel. Esta acusación es cuestionada por los independentistas y varios juristas. De hecho, la cuestión central del proceso será probar el uso de la violencia.


Acusadores


Tres partes

  • Particularidad del sistema judicial español, en este proceso intervienen tres acusadores: la fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político; los abogados del Estado, funcionarios que defienden los intereses nacionales, que se muestran más clementes y reemplazaron el cargo de rebelión por el de sedición, y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad (será ejercida por el partido ultraderechista Vox).














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