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Espías de la AFI escucharon 220 conversaciones entre abogados y detenidos ligados al kirchnerismo

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Causas

La mayor parte de los detenidos estaban en prisión preventiva, alojados dentro del módulo destinado al programa penitenciario IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad). Las escuchas de sus llamados con abogados privados y también con defensores oficiales impactan en un amplio abanico de expedientes: “Cuadernos”, “Gas Natural Licuado”, “Oil Combustibles”, “La Ruta del dinero”, “Hope Funds”, “Operación Sapucay”, “Río Turbio”, entre otras. Hasta ahora, no se encontraron registros correspondientes al Pabellón B, al menos de los diálogos que involucren a letrados. El puntilloso registro de la AFI que plasmó en las transcripciones (cuyo destino hacia arriba en la estructura del Gobierno se desconoce) incluye charlas coloquiales, meras averiguaciones o novedades sobre el trámite de procesos, pero también instrucciones que los imputados daban a sus defensores, algo celosamente protegido por la legislación anglosajona para el ejercicio de la defensa en juicio, una garantía constitucional. La gravedad del episodio radica en que los espías tuvieron acceso a estrategias y movimientos de las defensas en tiempo real. “Pueden desprenderse responsabilidades judiciales muy grandes”, opinó ayer en C5N el secretario de Justicia Juan Martín Mena respecto a la posible vulneración de la confidencialidad que implica la intervención de los espías, enfocados en informar las charlas que mantenían los exfuncionarios con sus abogados de causas en curso, con juzgados a cargo de los detenidos.

La Corte

Para enfatizar la gravedad de lo que estaba en juego, la propia Corte Suprema expresó su postura cuando las escuchas comenzaron a proliferar y emitió una Acordada en junio de 2019, cuatro meses después de las fechas que registran los diálogos interceptados por la AFI. El máximo Tribunal “sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”, aseguró la Acordada 17/2019. Allí no solo enfatizaba la necesidad de resguardar esas conversaciones en la esfera de la intimidad –más allá de que estuvieran privadas de la libertad- y mencionó el precedente “Quaranta”. Hizo referencia al convenio de monitoreo sobre la Dajudeco (de quien dependen las escuchas) en la auditoría que derivó en las lapidarias conclusiones que Ámbito publicó, en exclusiva, el 26 de diciembre de 2020. En su desarrollo, además de subrayar las prerrogativas de actuación que tenía la oficina de escuchas y la responsabilidad de los magistrados a cargo y de los funcionarios intervinientes, la Corte dedicó un apartado a la “Confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente”. El punto VI de lo acordado fue que: “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”. Fue firmada por los cinco ministros, por unanimidad.

A partir de ahora, cualquiera de los involucrados podrá solicitar la certificación de esa prueba que puede incidir en el desarrollo de procesos abiertos, algo que también ha preocupado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –que aglutina de manera formal a los matriculados- que han sido víctimas en su tarea de representación de sus clientes, y también del Ministerio Público de la Defensa, ya que en las intercepciones hay referencias también a contactos con defensores oficiales.

El registro de este tipo de espionaje con un nivel de prueba apreciable es inédito en la historia.


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