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Espionaje ilegal: piden peritaje por los mails pinchados

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Los agentes quedaron identificados como A y B. También se pidió la nómina del personal contratado en la agencia entre el 10/12/2015 y 10/12/2019; y el envío del informe del que surgirían los nombres de A y B como intervinientes en el hecho denunciado.

La denuncia fue realizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por hechos de espionaje ilegal en el gobierno de Macri, por “pinchar” emails de oficialistas y opositores, y periodistas. La información está en un dispositivo que Caamaño adjuntó y está en manos de la justicia.

Ahora el juez, de acuerdo al pedido del fiscal Jorge Di Lello ordenó que se realice una pericia oficial con personal especializado en el tema digital a fin de que determinar todo lo relacionado con la información del disco rígido acompañado. La pericia fue encargada a la DAJUDECO, la oficina de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

La justicia pidió conocer en detalle el procedimiento que se llevó a cabo con motivo del hallazgo del disco rígido, con las actuaciones sumariales que se hubieren labrado y las constancias por las que se acreditó que lo que surgiría de los discos no corresponde a una orden judicial.

El juez le dio intervención a la DAJUDECO para hacer un peritaje sobre el disco rígido a fin de determinar qué tipo de información tiene el mismo, si existen correos electrónicos, y su titularidad, quiénes tuvieron acceso a esa información y si se puede identificar discos extraíbles que se hubieran conectado a él, según informaron las fuentes consultadas.

Finalmente, fueron aceptados como querellantes la ex legisladora tucumana Silvia Rojkes; la ministra de las Mujeres géneros y Diversidad, Elisabeth Gomez Gómez Alcorta; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol; el el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, y miembros de Nuevo Encuentro.

Según trascendió, Hugo Matzkin y el periodista Luis Majul no fueron admitidos todavía como querellantes por un defecto en la presentación ya que los escritos no tenían firma, ni acompañaban poder correspondiente.

Según la denuncia original, durante la gestión de Gustavo Arribas, al menos desde el 02/06/2016, se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados.

La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado. El disco fue hallado en dependencias de la Agencia y pudo detectarse las personas que habrían accedido con credenciales al mismo.

De acuerdo a la denuncia, las tareas de inteligencia “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido.


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