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La “mesa judicial macrista” existió en el gobierno del ingeniero Macri. Sus integrantes, que hoy están bajo investigación judicial, decidieron sin hesitar qué ciudadano iba preso o quedaba en libertad según su voluntad. La construcción de “fake news” que se utilizó durante 2015-2019 sigue vigente. En las últimas horas, la panelista Silvina Martínez intentó sin éxito presentarse en los tribunales para hostigar al Grupo Indalo.

Un dato para entender cómo funciona el sistema: el abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, muy orondo admitió en declaraciones televisivas que hubo espionaje ilegal. Nadie de la Justiciani de los medios de comunicación pareció acusar recibo de semejante afirmación. ¿Se puede inferir que habló con su cliente al respecto?.

 

Martínez, la panelista de Luis Majul (un seguidor de las causas de inteligencia ilegal y escuchas) acusó sin más al Poder Ejecutivo de “prácticas corruptas”. Así inicia la construcción de la “fake news” con el objetivo de perjudicar, perseguir y hostigar a los accionistas del Grupo Indalo por una obra que el macrismo le sacó dentro del plan de persecución.

Cristóbal López y Fabián De Sousa estuvieron presos de manera ilegal. Sus familias y ellos fueron perseguidos, espiados ilegalmente. La causa del cableado en el penal de Ezeiza avanza. El camarista Eduardo Farah, en declaración ante los senadores de la Nación, explicó que no había ningún delito que permita detenerlos.

La obra en cuestión es la optimización de un acueducto que atraviesa las provincias de Chubut y Santa Cruz, adjudicada en 2013. Pero ni bien llegó el macrismo actuó para perseguir y hostigar a los accionistas que no accedieron a las extorsiones. Por tal motivo, la AFIP, la AFI, jueces y medios cayeron sobre López y De Sousa.

Con relación a la causa del acueducto, la pericia oficial incorporada en el expediente 15384/2017 rechazó la denuncia por sobreprecios y dio por tierra la acusación de la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Con esta falsa denuncia inmediatamente llegó la rescisión de contrato a la empresa CPC por parte del gobierno de Mauricio Macri. Obras Públicas, en ese momento estaba a cargo de Rogelio Frigerio. Todo armado. Una denuncia falsa, un juez “receptivo” y la rescisión del contrato.

Los mismos que empujaron la operación contra Grupo Indalo se encargaron de tapar el resultado de la pericia que pidió Claudio Bonadio.El fallecido juez solicitó en aquel entonces a los peritos “constatar si los precios presupuestados y abonados posteriormente a la empresa CPC en concepto de materiales y realización de obra se encontraban dentro de los precios establecidos al momento por el mercado”. La respuesta a los 5 puntos en que se basó el trabajo fue contundente: no hubo sobreprecios.

En esta licitación pública que fue convocada por el ente ENOHSA en 2013 se presentaron cuatro oferentes. Todos los participantes fueron empresas de primera línea a nivel nacional y con amplia experiencia en este tipo de obras, resultando vencedora la empresa CPC, cuya propuesta resultó ser técnicamente aceptable y la más económica.

En la pericia, por ejemplo, en el punto 5 (Coeficiente Resumen: define la relación entre el Costo Directo y el Precio de Venta) señala que “habiendo tomado como parámetro el material de más alta incidencia en el costo de la obra, podemos concluir que para este material específico los precios presupuestados en la Oferta Básica y posteriormente abonados a la empresa CPC SA, se encontraban dentro de los precios establecidos al momento por el mercado”.

Ayer, el doctor Sebastián Bagini, abogado defensor de De Sousa, se presentó ante la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal para que “sin perjuicio de las acciones legales que corresponda efectuar, se impone que el escrito en cuestión sea devuelto en forma inmediata a su presentante por la vía que corresponda, fundamentalmente, dado que la nombrada (Silvina Martínez) ni siquiera reviste la condición de parte en este proceso”. La panelista había solicitado la suspensión de las obras de optimización del acueducto.

Fabián De Sousa anticipó que realizará las denuncias correspondientes por “daños y perjuicios” a partir de las falsedades expuestas.

Por Jorge García

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