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Funcionarios piden aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero

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La iniciativa será analizada en las comisiones de Legislación General, y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

 

Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la AFIP, del Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los funcionarios expresaron su solicitud en un plenario informativo de las comisiones de Legislación General y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

El proyecto busca otorgar mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la UIF, y entre otras cuestiones, establece también que se deberá informar al organismo las operaciones de activos virtuales, lo que incluye a las criptomonedas.

La sanción de esa iniciativa es clave para el Gobierno Nacional ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad.

Las exposiciones en las comisiones

El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, señaló que “este proyecto tuvo un buen proceso, el cual fue participativo, donde se destacan tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley 25.046 y la creación de un registro de activos virtuales”.

El funcionario explicó que «es una reforma sustancial después de once años» y dijo que «es muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo».

Otero señaló que «en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera» y se analizará tanto al sector «público en los tres poderes como al sector privado», y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó «la efectividad».

El funcionario también dijo que «es importante aprobar este proyecto de ley para tener efectividad de cara a la evaluación» y recordó que «evalúan a un país y no un Gobierno».

También detalló que el proyecto de ley tiene tres ejes centrales: la reforma al Código Penal, los cambios a la Ley 25246 y la creación de un registro de beneficiarios.

Sobre el Código Penal se incorporan dos verbos, poseer y adquirir, en base a la recomendación del GAFI, y con respecto al monto de 300 mil pesos se decidió «modificarlo debido a las causas que están en tramite».

Con respecto a la modificatoria de la ley se incorporan «activos virtuales, proveedores de activos virtuales, y clientes, beneficiarios» y sobre la UIF «se incorpora la autarquía funcional, administrativa, económica ya que la financiera ya existía».

Por su parte, el director del Banco Central, Zenón Biagosch, dijo que «después de la pandemia, los mecanismos de ofertas del servicio financiero han mutado y son distintos; por ende, los controles que se deben aplicar en ese sentido de alguna manera tienen que aggiornarse a esta nueva realidad”.

Verónica Grondona, Directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, señaló que «la identificación de los beneficiarios finales, tanto a partir de la titularidad como de otras vías de control, permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos. El registro es necesario”.

En tanto, el presidente de la comisión de Valores, Sebastián Negri dijo que «el modelo contempla la preocupación vinculada con el lavado de dinero, y esto incluye cuestiones relacionadas con la trazabilidad de las operaciones y la regulación de los umbrales. También debe trabajarse sobre la crisis de confianza».

En tanto, el titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, dijo que con «este proyecto se pretende incluir a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, minando de este modo la relación de confianza que debe existir con el cliente”.

También rechazó la inclusión como sujetos obligados a informar a los abogados el presidente del colegio de abogados porteño y ex ministro Ricardo Gil Lavedra, quien señaló que «es muy importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea; en este caso, la UIF».

La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, planteó que «se perdería la oportunidad si no se eleva el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales».

El abogado Gustavo Juana señaló que «el GAFI publicó, en el 2021, un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con activos virtuales; se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos”.

El proyecto contempla diversas reformas, pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En los fundamentos se afirma que «se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI»

«En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas», sostuvo el Ejecutivo.


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