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Gobierno insistirá en avanzar con el revalúo inmobiliario este año

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Gobierno insistirá en avanzar con el revalúo inmobiliario este año

Será parte de las conversaciones en las reuniones virtuales con los técnicos del organismo para la revisión de las metas del tercer trimestre. Clave para el desempeño en materia fiscal.

El Ministerio de Economía le informará al Fondo Monetario Internacional (FMI), que pese a los problemas de aplicación de este año, no se renunciará en 2023 a una de las promesas más importantes en materia fiscal comprometidas ante el organismo para cumplir con el facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado.

El revalúo es uno de los objetivos fundamentales a los que el país se comprometió a cumplir en el acuerdo de Facilidades Extendidas, y de los pocos capítulos donde seriamente el país puede avanzar en mejorar la posición fiscal. Compite con la reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos, pero estima una recaudación para el año y el próximo aún mayor. El revalúo promete ingresos por $65.000 millones, mientras que la segmentación unos 15.000 millones. Esos $65.000 millones se calculan a partir de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales.

Luego, para el año siguiente el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría unos $130.000 millones. Será por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, la suba en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal. Según los números que había elaborado en su momento Martín Guzmán, el mecanismo de revalúo podría aplicarse sin problemas legales, al no relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno proponía así desde un principio respetar su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Kristalina Georgieva, no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos, sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirmaban en el Ejecutivo antes y después de la llegada de Massa al palacio de Hacienda, legalmente salvable. El acuerdo con el organismo financiero firmado en marzo pasado, incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

La intención final es que se llegue a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que implicaría un monto aproximado de $150.000 millones. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI; en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para 2022 y 2023. Para los técnicos del FMI, este avance es fundamental para creerle al Ejecutivo que se cumplirá la meta fiscal de un déficit del 2,5% este año y un 1,9% en 2023. El Fondo quiere un aval de los gobernadores, quienes en general ya se comprometieron al incremento de la presión inmobiliaria al haber cerrado el pacto fiscal de fines del 2021. Sin embargo, son pocos los que a esta altura avanzaron seriamente en la aplicación del revalúo; y por lo que se sabe en el oficialismo, muchos, como Mendoza, Corrientes y Córdoba, directamente no lo tienen siquiera en carpeta. Mucho menos compromiso hay en la Capital Federal.

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