hay acuerdos para reforma electoral

Después de un triunfo legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación debate otro de los proyectos que enfrentaría un posible veto de Javier Milei: la ley de financiamiento universitario, que fortalecería el presupuesto educativo. Además, se vota el régimen de Boleta Única de Papel (que podría aprobarse); mientras que se incluyó en el temario la derogación del DNU 656/2024 que otorgó fondos reservados para el Servicio de Inteligencia (SIDE).

Durante toda la semana, el Gobierno exploró distintas alternativas para entorpecer la realización de una sesión que se le presentaba como desfavorable. En las últimas 48 horas, intentaron torcer la intención de que se presenten los bloques opositores con los que sostiene diálogo, provocando que el encuentro se caiga por falta de quórum. Posteriormente, y tras una reunión entre Javier Milei y senadores de distintos espacios con los que tiene mayor cercanía, lograron consensuar sólo dos de los tres temas que se habían acordado la semana pasada.

Sin embargo, en los primeros minutos de la sesión, el peronismo se plegó a la moción del radicalismo (que cambió de postura luego de las críticas hacia miembros del bloque de Diputados) para que se incluya el debate sobre los $100.000 millones que recibió la SIDE de manera reservada. En caso de que se obtenga la sanción en el Senado, sería la primera vez en la historia de nuestro país en que el Congreso de la Nación derogue un DNU del Ejecutivo, dado que la ley sobre Decretos de Necesidad y Urgencia fue modificada en la reforma constitucional de 1994.

El debate se dio en el marco de un amplío operativo de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía) que rodearon las inmediaciones del Congreso, en donde se congregaron agrupaciones universitarias y representantes académicos. El despliegue policial continuó en el interior de la Cámara alta: al menos cincuenta efectivos de la Policía Federal aguardaron durante horas agolpados en la puerta del Salón de las Provincias, a metros de donde ocurría la votación.

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En qué consiste la Boleta Única de Papel que se debate en el Senado

En la Boleta Única de Papel que obtuvo media sanción en Diputados todos los candidatos que compiten para un mismo cargo son presentados al elector en una sola boleta. Se trata de una modalidad que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel y el voto se expresa marcando casilleros por los partidos o frentes electorales por cada categoría. En ese sentido, se despliegan los candidatos con el logo y nombre de la alianza, nombre de la lista y la foto de los titulares, mientras que los suplentes figuran solo con sus nombres.

Este proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo, el PRO, el radicalismo y espacios federales. Tanto la chubutense Edith Terenzi como la rionegrina Mónica Silva, que habían presentaron proyectos propios, se plegaron al dictamen de mayoría. Como argumentos favorables, remarcan la igualdad de condiciones -ya que los candidatos tienen el mismo espacio-, el presunto ahorro económico por la disminución de boletas y la simplificación en el conteo. El peronismo, por su parte, expresó su oposición.

Senado: en qué consiste la ley de financiamiento universitario

El proyecto fue presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados y lleva la firma principal de Danya Tavela y otros legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

El objetivo principal de la norma es declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para este año. En este marco, la normativa busca «atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales».

Se asignará, en caso de ser aprobado el proyecto, un 85% para gastos salariales y un 15% para gastos de funcionamiento. En el caso de los gastos de funcionamiento se utilizará una fórmula que combina el IPC con la variación del tipo de cambio y la variación de tarifas de servicios públicos.

La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó el costo del impacto fiscal del proyecto en u$s 800 millones (0,14% del PBI), cifra que fue discutida por el Ministerio de Capital Humano, que lleva adelante una disputa con las autoridades universitarias y asegura que la aprobación del proyecto implica un gasto extra superior a los u$s 1.100 millones.