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Hidrovía: los privados quieren un lugar en el órgano de control

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Hidrovía: los privados quieren un lugar en el órgano de control

La UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados aportaron un estudio de factibilidad al Gobierno para la licitación.

El Gobierno manifestó su intención de entregar a las provincias el control de la hidrovía. Ahora el sector privado reclamó ese control en el futuro organismo responsable de monitorear las obras en más de 3000 kilómetros de los ríos De la Plata y Paraná.

En esta oportunidad se sumó la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina del Acero. Las entidades privadas financiaron el estudio de u$s1,4 millón, a cargo de Latinoconsult, firmas holandesas y universidades nacionales.

“La hidrovía fue el motor que permitió el crecimiento de las exportaciones en la Argentina”, explicó Horacio Díaz Hermelo, de la UIA, durante la presentación del trabajo ante referentes de la carga, el transporte, los gremios, dragadoras internacionales y funcionarios.

Desde 1995, la producción agrícola creció 3,4 veces hasta las 144,6 millones de toneladas actuales. Por la hidrovía se transportan unas 100 millones de toneladas y cada año navegan alrededor de 4200 buques.

Un río más profundo permite más carga en la bodega y así un flete más eficiente. Su señalización es vital para navegar las 24 horas. La ampliación del canal y de zonas de cruces eliminan los cuellos de botella derivados de una infraestructura obsoleta para el tamaño y cantidad de buques actuales.

La hidrovía se financió con subsidios del Estado y peaje cobrado a los usuarios, que pasó de u$s 0,96 por tonelada de registro neto (TRN) a u$s3,06.

Esta variable (TRN) remite a las características del buque, y nada tienen que ver con la carga o las toneladas transportadas.

La gestión anterior y el lobby agroindustrial forzaron el argumento para que se interprete que cada tonelada de granos pagaba “un precio de peaje” de 3 dólares. En realidad, el costo afrontado por la carga es de 2,4 dólares por tonelada.

Para los privados el peaje es responsable de los “altos costos logísticos”. Pretenden un peaje más barato y, a la vez, una mejor hidrovía.

“Es lo que vinieron a plantear los CEO de las principales dragadoras del mundo. Se puede hacer el trabajo con una menor tarifa de peaje”, sugirió uno de los asesores de la Bolsa de Comercio de Rosario ante una consulta de Ámbito Financiero.

El estudio coincide con el elaborado por el Gobierno anterior: eliminación de los subsidios estatales, y obras financiadas por el concesionario.

Los privados plantearon detentar parte del control de la hidrovía y altos estándares medioambientales como vara excluyente (o direccionadora) de los pliegos.

La UIA representa a las terminales automotrices (la totalidad del comercio exterior de vehículos se realiza por barco) y a la industria metalúrgica a granel, que mueve 8 millones de toneladas por agua (el 90% corresponde a la industria siderúrgica).

Con el lobby agroindustrial forman el conglomerado de presión que busca limitar la incidencia de la logística en el cuadro de resultados.

“Buscamos colaborar con la licitación y aportar datos técnicos para tener una decisión sustentada”, indicaron. “Así vamos a evitar los sobrecostos y a bajar los costos logísticos”, ampliaron.

Este mantra fue el eje discursivo de Dietrich cada vez que habló de temas marítimos y portuarios.

Cambiemos llevó el argumento al paroxismo cuando en un acto de la UIA en 2017, el expresidente Macri tildó de mafiosos a los prácticos (capitanes que asesoran en la navegación a los buques extranjeros) por no querer bajar sus tarifas.

Dietrich forzó a la baja todos los servicios que pagaba la agroindustria. No pudo con el peaje de la hidrovía.

Lo hizo en defensa de los “chacareros”, pero nunca pudo explicar por qué éstos no recibían un mejor precio por su producción luego de las bajas en las tarifas que los exportadores pagaban en practicaje, amarraderos, puertos y remolcadores.

La letra e interpretación sobre la estructura de los costos llegaba a oídos del Gobierno anterior por boca de una de las empresas más activas de lobby pasado: Vicentin.

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