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Infeliz afirmación.

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Ferdinand Amunchásteguy. Nuestra realidad supera cualquiera otra que hubiésemos querido imaginar y sus consecuencias se encaminan vaya uno a saber dónde. Históricamente, es habitual que la Argentina haya sido gobernada por abogados y militares y, en estos tiempos, ha vuelto a ser el turno de los hombres del derecho. Por eso, seguramente, han llamado mucho más la atención los comentarios, dirigidos desde las más encumbradas posiciones del Gobierno, que descalifican las decisiones del Poder Judicial. El Ministro de Educación ha dedicado los últimos días, a reprochar a la ciudad haber judicializado el tema de las clases presenciales, afirmando que se trató de un intento de judicializar la política.

Demasiados son los comentarios adversos a tan infeliz afirmación, la primera y más obvia es que recurrir a la Justicia  es la forma democrática de poner coto a los excesos de los Poderes de la República, circunstancia que parecen  desconocer -o quizás querer evitar- los voceros encargados de trasmitir el mensaje.

Es cierto, como algunos intentan señalar como demérito, que los miembros del Poder Judicial conforman una minoría que está destinada a cumplir funciones esenciales para una comunidad democrática, consistente en administrar Justicia y defender los intereses de la comunidad a la que pertenecen. Esa minoría que muchos denostan por ser tal,  sin embargo, es imprescindible para asegurar que no se comentan excesos,  al tiempo que debe asegurar el respeto de los derechos que la Carta Magna les acuerda a los ciudadanos.

De tal suerte, resulta impropio señalar a la Corte como entrometiéndose en cuestiones que la política intenta reservar solo para ella pues, justamente, su función es poner límites a los excesos que el poder genera al ser ejercido hegemónicamente por quien posee mayorías propias, que pueden hacerle perder de vista el horizonte que la Constitución ha establecido para su ejercicio.

Esto de ningún modo puede derivar en el Gobierno de los Jueces, ya que tampoco el Constituyente ha querido que esa sea la realidad en la que debemos vivir. Sin embargo, el ciudadano agobiado por este encierro -justo, inmerecido o razonablemente prudente- necesita estar cierto de que existe a quien recurrir para adquirir certeza sobre aquello que  le corresponde.

Posiblemente, debiese exigírsele  a los Jueces que, al decidir las cuestiones llevadas a su decisión , expusieran con claridad las razones que conducen a ellas de modo que todos pudiesen comprender el sentido del fallo y de ese modo compartirlo razonadamente.

Sin perjuicio de lo dicho, se hace evidente que la sociedad está agobiada y no tiene vocación de escuchar razones o huecas explicaciones; la realidad que se enfrenta solo puede ser dejada atrás y mientras ello no ocurra-sea por obra del Gobierno o del azar- las  tensiones no habrán de ceder y, lamentablemente, posiblemente se incrementen en relación directa con la insatisfacción que nos brinde la vida diaria.

La niebla que dicen puede sobrevenir después del Coronavirus , en nuestro país se ha hecho presente sin dudarlo ya en este tiempo, quienes han hecho de la política su modo de vida, parecen haberse empobrecido en sus ideas, dedican su tiempo solo en marcar los errores, pero sin ofrecer la solución que anhelante espera la gente. Salidos del fondo de la historia aparecen, como si se tratara de noveles figuras, personajes que carecen de autoridad para opinar,  mientras que quienes hoy podrían aportar una esperanza,  se debaten en peleas internas que hablan de la pobre realidad que nos rodea.

Próximos a un nuevo acto electoral, casi podría anticiparse que quien puede resultar beneficiado con el apoyo popular, será aquel que tenga el pasado menos conocido y pueda augurar la esperanza de una gestión eficaz,  en la que no podrá estar ausente el respeto de la estructura de la República, y la división de los Poderes, suficientemente asegurada.

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