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JUSTICIA DESVALORIZADA. | 7miradas

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Si bien no era esperable que en este tiempo de receso judicial se tuvieran demasiadas noticias vinculadas a su actividad, en verdad,  la expectativa de obtener alguna definición sobre la suerte de la Justicia Federal tenía un razonable andamiento, sobre todo, atendiendo al protagonismo que la de la Capital ha adquirido.

El rol cumplido en las investigaciones que pueden considerarse como vinculadas a la actividad “política” o con un fuerte contenido institucional que repercute en ella, conducía a esperar algún tipo de movimiento que relacionase al nuevo Gobierno con sus estructuras. Salvo las declaraciones de campaña, vinculadas a excesos o disconformismo con alguna de sus decisiones, poco es lo que se ha actuado a su respecto.

El tema, posiblemente, pueda encontrar su cauce en decisiones laterales que no se dirigen directamente a intervenir en la actividad del Poder Judicial aunque, obviamente, habrán de afectarlo en su desarrollo.

La primera movida del Ejecutivo aparece incluida en la ley “solidaria” que aunque se presenta como dirigida a paliar las desigualdades que se advierten en la sociedad, mirando a los menos favorecidos y no poniendo su centro en aquellos sobre los que habrán de producirse las modificaciones que pueden alterar su “status”, contiene un directo mensaje al Poder judicial al que coloca en el centro de la escena cumpliendo un papel poco feliz, exponiendo lo que en un principio  se calificó como un régimen de privilegio, para atemperarse luego y convertirlo en un régimen “especial” de jubilaciones.

Lo cierto es que en un país estragado, con una economía en crisis severa, adjudicar beneficios extraordinarios a un sector no lo hace amigable para el resto de la sociedad y sus acciones , en consecuencia, pasan a conformar la actividad de un enemigo encubierto, movido exclusivamente por la perversidad dirigida a mortificar a quienes deben compartir el mismo grupo.

Si a esa situación añadimos el ya remanido argumento de que tampoco participan del pago del impuesto a las ganancias -sean cuales sean las razones para ello- habremos de concluir que el ataque a ese Poder de la República se encuentra próximo a triunfar dada la impopularidad -cierta o generada- que lo rodea.

Frente a ese sutil desgaste que lo instala en la sociedad que integra como un grupo prebendario y prácticamente innecesario para el buen funcionamiento del Estado, se dejan trascender otras reformas que alterarían su actual funcionamiento. La primera la duplicación de los Jueces federales de Comodoro Py -12 nuevos nombramientos que conformarían un nuevo grupo de poder que, no solo licuaría la ingerencia de los actuales , sino que impondría un nuevo perfil dentro del fuero-.

Si a esas nuevas designaciones se suman las vacantes existentes -por lo menos dos, la del juez Torres ya instalado en la provincia de Buenos Aires, y la del Juez Rafecas, ya anunciado futuro Procurador- y las que en el futuro pudiesen generarse (Maria Servini, podría alejarse del cargo en procura de un merecido descanso , al igual que los Jueces Bonadio y Canicoba, el primer afectado en su salud y el último por los años que lleva ejerciendo el cargo) la justicia Federal de la Capital podría modificarse de un modo sustancial lo que alcanzaría también a la Corte Suprema cuyo número dice podría elevarse a doce miembros.

Aunque esta última especie, y la división en Salas del máximo Tribunal son una vieja propuesta, esa circunstancia le restaría poder en su función de “cabeza” del Poder Judicial y lo convertiría  en un servicio de justicia y no en contrapeso de los excesos de los otros Poderes.

En ese escenario no puede dejar de advertirse el propósito de modificar el funcionamiento general de la Magistratura ( pués si solo se tratara del mal manejo atribuido a alguno de sus integrantes, el camino previsto y regulado es otro, y la Constitución establece el modo de su remoción).

Es por eso que debe advertirse la posibilidad de que exista en la cabeza de algunos la posibilidad de generar un debilitamiento del Poder Judicial por la vía elíptica de debilitarlo y oponerlo al resto de la sociedad como si se tratase de un estamento casi feudal, oligarquico y maligno.

En ese juego de danzas y contradanzas  la revisión de lo actuado en la causa en que se investiga la muerte del fiscal Nisman, no resulta, tampoco un ingrediente menor, pues, una vez más, mezcla a los Jueces con los servicios de inteligencia y a estos con operaciones judiciales que les debieron estar vedadas. Así las cosas, sin el propósito de encontrar manipulaciones indebidas o prohibidas, lo cierto es que la realidad nos muestra un Poder Judicial absolutamente desvalorizado frente a la sociedad en la que participa, cuyos pasos futuros aparecen limitados por el descrédito y amenazado por la opinión adversa que se ha instalado. Se encuentra en manos del Gobierno, restituirle su lugar o hacerse cargo del cambio de paradigma al que habrá de conducir, entonces, a la República como la conocemos hoy.


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