La anti-política de Derechos Humanos

El gobierno argentino se auto-denunció esta semana ante las Naciones Unidas señalando que en nuestro país no se respetan los Derechos Humanos, no existe una Justicia independiente y se encuentran condicionados pilares de la democracia como los procesos electorales y la libertad de prensa.

Lo hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, principal organismo internacional encargado de monitorear su respeto y cumplimiento. El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla habló en Ginebra de “pérdida de legitimidad del Poder Judicial, por la práctica del lawfare o guerra jurídica” y señaló que “un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático que 40 años atrás recurría a los golpes militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar los procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”.

Ni los más enconados opositores llegaron a tanto.

La presentación generó perplejidad en otras delegaciones y muchos observadores internacionales. ¿Cómo se suponía que debía responder el Consejo de la ONU? ¿Acoger la denuncia recomendando al gobierno argentino dar respuestas por sus auto-incumplimiento? ¿O hacer lo que finalmente hizo, un llamado a respetar la independencia de la Justicia?

La utilización de los organismos y foros internacionales para la batalla ideológica deriva de una concepción partidista de la política exterior, que proyecta al escenario internacional la política doméstica y parece desconocer que ante la comunidad internacional los gobiernos no representan a una parte de sus sociedades sino a los estados en su conjunto, por encima de las diferencias: a sus instituciones y poderes, a su sociedad civil. Salvo en circunstancias extremas de guerra civil o dictaduras en las que se desconoce o se encuentra cuestionada la legitimidad de sus autoridades.

Pretende además darle tipificación jurídica a una categoría política controversial y opinable como el “Lawfare”, elevándola al rango de violación grave a los Derechos Humanos, lo que devalúa la prevalencia de éstos y condena a su transgresión como principio universal de cumplimiento obligatorio.

Hemos visto a gobiernos negacionistas, que ocultan o rechazan los crímenes de Estado cometidos en sus países en el pasado. Hemos visto a gobiernos reconocerlos y pedir perdón. Lo que es más raro de ver es a gobiernos democráticos denunciar ante los foros internacionales a las propias instituciones del Estado y la sociedad a las que debe representar.

Particularmente penoso, en este caso, siendo como lo es nuestro país un ejemplo en materia de juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad, no solo por lo que el gobierno se atribuye de manera excluyente sino precisamente por lo que quiere atropellar: la independencia de los jueces respecto de los gobiernos -que ha permitido juzgar y condenar- y la división de poderes que distingue a una república de otro tipo de regímenes, poco respetuosos de los Derechos Humanos, por cierto.