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La Argentina feudal de ahora y su variante del derecho de pernada

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Para el politólogo Andrés Malamud, es un error considerar feudales a las provincias argentinas en las que ciertos grupos familiares se perpetúan indefinidamente en el poder.

En la Catamarca de los Saadi, el Chaco de Capitanich y el Tucumán de Alperovich no están de acuerdo, para no abundar en la mención de territorios feudales. Y ni siquiera hay que irse muy lejos del kilómetro cero de la Argentina: los llamados “Barones del conurbano bonaerense”, ¿no son líderes permanentes de virtuales feudos?

Malamud basa su afirmación en que el feudo es “un sistema de producción” y en esas provincias argentinas lo que existe es “un sistema de distribución”.

Es así: en el feudalismo existían los “siervos de la gleba” (una de las tantas fórmulas que usamos para esclavizar a nuestros semejantes), y el dueño del territorio también era dueño y señor de la vida de esas personas que trabajaban su tierra, quienes podían usar una parte de lo que producían para alimentarse. Aquí y ahora, los dueños políticos de los territorios no producen nada, viven de la coparticipación que reparte el gobierno central y reparten lo que se les da la gana como se les da la gana entre los habitantes, que tampoco producen, sino que en su gran mayoría son empleados del gobierno. Explicado así, hasta parece mejor aquel feudalismo que este.

En Formosa, el setenta por ciento de los empleados con aportes tiene un puesto estatal. Catamarca está muy cerca de ese récord: el sesenta y cinco por ciento de los trabajadores son empleados provinciales o municipales.

No son las únicas. A nivel nacional, el 37% de los asalariados registrados desarrolla sus actividades en el sector público; de ese total, el 19% corresponde al orden nacional y el 81% a las provincias. En el cuadro de las que tienen más empleados públicos que en la actividad privada también están La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Misiones, Corrientes y San Luis.

Queda claro que el patrón del que depende el alimento de la familia es el gobernador.

En los feudos, dice también Malamud, había reglas y normas, a tal punto que estaba establecido hasta cómo debía cumplirse el derecho de pernada, pero en algunas provincias de la Argentina no rige la ley, sino la arbitrariedad, y se piensa que se tiene derecho a ser creativo en ese terreno.

Tres caras de las víctimas del feudalismo político argentino: Paulina Lebbos, Cecilia Strzyzowski y María Soledad Morales.

¿Qué es el derecho de pernada, como se llamó en España al nombre original latino ius primae noctis (el derecho de la primera noche)? Dicho crudamente, el que le permitía al señor feudal desvirgar a cualquiera de sus siervas la noche de bodas. A ese punto llegaba su propiedad sobre las personas.

¿Y en las provincias argentinas? Claro, no rige la ley, pero existen muchas variantes por afuera que, en muchos casos, incluyen la muerte.

Los dueños de la vida, el honor y la dignidad de los demás

Algunos historiadores aseguran que el de la primera noche no era un derecho fijado por alguna ley, sino que se trataba más bien de una costumbre en la que no primaba el contenido sexual, el placer del sexo con una jovencita virgen, sino que el señor mostraba así a sus vasallos que su dominio sobre ellos llegaba al punto de poder quitarles hasta la dignidad. Sí, a sus vasallos, porque el derecho de pernada no afecta solo a la mujer sometida, sino al honor y dignidad de quienes no pueden hacer absolutamente nada para evitarlo, como sucedió y sucede en la Argentina feudal que aún existe.

Esta, la de querer reducir la condición humana a una cosa, es una de las tentaciones y hábitos que se han extendido en el tiempo, no solo en la política, o en el extremo del régimen militar, sino hasta en mínimos círculos en los que el que manda siente el gozo de demostrar a sus empleados, o dependientes, que su poder es absoluto.

Lo curioso del nombre “derecho de pernada” tiene una explicación: así se llamaba en España al rito feudal en el que el señor, tocando con la pierna el lecho nupcial, simbolizaba que los descendientes de ese matrimonio también serían sus siervos, es decir heredaban esa forma de esclavitud, y la volverían a heredar sus hijos, lo que no invalidaba el derecho del amo y señor a tener sexo con sus novias antes que ellos.

De Fuenteovejuna a Catamarca

El 10 de diciembre de 2011, los Saadi volvieron a gobernar Catamarca, aunque lo hicieron con disimulo: asumió Lucía Corpacci, quien durante la campaña no usó su segundo apellido. Es hija de Teresa Saadi, hermana del fundador del clan, Vicente Leónides Saadi, y, por lo tanto, prima hermana de Ramón, a quien Menem le mandó a Luis Prol en 1991 como Interventor Federal debido al escándalo que había generado la violación y asesinato de María Soledad Morales por los que llamaban “los hijos del poder”.

La historia es muy conocida, se han escrito varios libros periodísticos (los de Norma Morandini y Alejandra Rey, entre otros importantes), y Héctor Olivera filmó El caso María Soledad en 1993, pero bien podemos hacer un poco de memoria sobre los puntos fundamentales y cómo se obstaculizó la investigación para proteger a los violadores, asesinos y hasta a los encubridores.

La frase del entonces diputado Ángel Luque, en un reportaje de Clarín del 4 de abril de 1991, con la que explicaba por qué su hijo no podía ser culpable del crimen es toda una definición del funcionamiento del poder feudal en Catamarca: “El cuerpo no habría aparecido porque tengo todo el poder para hacer desaparecer el cadáver”.

Guillermo Luque, condenado a 21 años de prisión por la violación y asesinato de María Soledad Morales, con su padre, el diputado Luque.Guillermo Luque, condenado a 21 años de prisión por la violación y asesinato de María Soledad Morales, con su padre, el diputado Luque.

El lunes 10 de septiembre de 1990, unos operarios de Vialidad Nacional la encontraron muerta a siete kilómetros de la ciudad. Su cuerpo estaba totalmente desfigurado, con signos de haber sido violada. Tenía la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba el cuero cabelludo, las orejas y un ojo. Su padre la reconoció por una pequeña cicatriz que tenía en una de sus muñecas.

De acuerdo con la reconstrucción de lo sucedido la noche anterior, Luis Tula, de quien estaba enamorada desde los quince años, la llevó a una fiesta en la discoteca Clivus, en la que estaban Guillermo Luque (el hijo del diputado nacional de esa frase condenatoria), Pablo y Diego Jalil (sobrinos de José Guido Jalil, el intendente de la ciudad en ese entonces), Arnoldito Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía), donde la drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella, por lo menos, cuatro jóvenes, todos pertenecientes a ese sector social que los catamarqueños llamaban “los hijos del poder”. La autopsia confirmó que María Soledad había muerto de un paro cardíaco producido por la dosis letal de cocaína que le habían obligado consumir.

Con la aparición del cadáver, se puso en marcha la maquinaria de protección de los asesinos: el jefe de la policía de la provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra, ordenó que lo lavaran, con lo cual borró huellas y señales de modo irrecuperable.

Más de dos meses tardó en abrirse la investigación judicial, y cuando la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue más que evidente.

En 1991, los Saadi perdieron su primera elección. El diez de diciembre, asumió el nuevo gobernador, el radical Arnoldo Castillo, quien había sido el último gobernador nombrado por la dictadura y ganó con el 49 por ciento de los votos. Ramón Saadi conservó el 30 por ciento de votantes a pesar del escándalo, y le devolvió a Castillo la banda presidencial que él le había puesto en 1983.

El atronador silencio en el que se hacían las multitudinarias marchas pidiendo justicia para María Soledad.El atronador silencio en el que se hacían las multitudinarias marchas pidiendo justicia para María Soledad.

El cambio de gobierno no modificó las reglas con las que se rigen los feudos políticos, y el juicio oral se pudo iniciar recién en 1996, durante el segundo período de gobierno de Arnoldo Castillo. Comentario al pasar: ¿quién lo sucedió en la gobernación a pesar de las críticas a la herencia de cargos que habían hecho durante la campaña? Su hijo Oscar, que había sido senador, cargo en el que lo reemplazó su padre cuando le transfirió la gobernación. Gatopardismo de la más rancia estirpe.

Esta misma práctica de heredar los cargos familiares había sido utilizada por los Saadi desde 1983 hasta 1991. A Ramón Saadi lo sucedió su padre en 1987, Vicente Leónides Saadi, y Ramón reemplazó a su padre como senador nacional por Catamarca, pero Vicente murió en 1988, por lo que Ramón se presentó como candidato y ganó las elecciones; renunció como senador y dejó a su hermana Alicia en ese lugar.

En 1996 las fuerzas del feudalismo no pudieron parar más el inicio del juicio porque Catamarca se había ido transformando en Fuenteovejuna. No pedían la muerte del comendador, sino mucho más: justicia. Algunas conciencias deben haber sido sacudidas por el atronador silencio en el que se hacían esas marchas de protesta multitudinarias organizadas por la monja Martha Pelloni, rectora del colegio de monjas del Carmen y San José, en el que María Soledad cursaba el último año cuando la mataron, pero la evidente actitud parcial de los jueces, especialmente de Juan Carlos Sampayo, produjo un nuevo escándalo y se anuló el juicio.

Un año llevó la apertura del nuevo, y el 27 de febrero de 1998, Guillermo Luque fue condenado a veintiún años de prisión por la violación y asesinato de María Soledad Morales (solo cumplió catorce), y Luis Tula fue condenado a nueve como partícipe secundario del delito de violación.

El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, que podría alcanzar a la plana mayor de la policía catamarqueña, al exgobernador Ramón Saadi, al subcomisario Luis Patti y al propio Carlos Menem, además de esclarecer las responsabilidades de los otros participantes en la fiesta en la que drogaron, violaron y asesinaron a María Soledad Morales. Pero era “mucho pedir”: nunca se hizo.

Lucía Corpacci Saadi gobernó hasta 2019. La sucedió Raúl Jalil, quien volvió a ganar en 2023 con el cincuenta y seis por ciento de los votos. ¿A quién? Al candidato de La Libertad Avanza (los adalides de terminar con la casta), su primo José, que sacó el cuarenta y ocho, y dice que, además de pariente, es amigo de Raúl.

Apenas otro detalle: Raúl Jalil es hijo de José Guido Jalil, quien era el intendente de Catamarca entre 1987 y 1991, cuyos sobrinos Pablo y Diego Jalil fueron acusados de participar en la violación y asesinato de María Soledad Morales. Su primo José, que es médico, fue perito de parte en el caso María Soledad. ¿De qué parte? Una pista, Enrique Prueger fue el asesor de la familia Morales.

Estos feudos no producirán, pero son resistentes al paso del tiempo.

De Emereciano Sena a José Alperovich

El 2 de junio de 2023, casi veintitrés años después de que los padres esperaran en vano el regreso a su casa de María Soledad Morales, desapareció en Resistencia Cecilia Marlene Strzyzowski. Estaba casada con César Sena, hijo de Emereciano y Marcela Acuña, dirigentes piqueteros precandidatos a diputado e intendenta de Resistencia en una boleta alineada con Jorge Capitanich, quien buscaba su cuarta gobernación del Chaco en las PASO de 2023.

En noviembre de 2019, José Alperovich, tres veces seguidas gobernador de Tucumán, y que por no poder postularse a un cuarto mandato era senador nacional por su provincia (qué casualidad: sucedió a su mujer, Beatriz Rojkés), fue denunciado penalmente por una asistente, la que además formaba parte de su familia, por abusos sexuales cometidos entre 2017 y 2019.

Emereciano Sena está preso en la comisaría Tercera Resistencia; Marcela Acuña, en la Comisaría Sexta Resistencia, y su hijo César en el Complejo Penitenciario de Villa Barberán, también en Resistencia, todos imputados como coautores de la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski y esperando el juicio.

Capitanich eliminó de su lista al matrimonio Sena y dieciséis días después de la desaparición de Cecilia Strzyzowski ganó las PASO del Frente Chaqueño por más del noventa y nueve por ciento de los votos, pero el 17 de septiembre perdió la reelección a gobernador.

Los dirigentes piqueteros Emereciano Sena y Marcela Acuña, imputados en la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski.Los dirigentes piqueteros Emereciano Sena y Marcela Acuña, imputados en la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski.

Leandro Zdero, el candidato de Juntos por el Cambio, asumió formalmente sus funciones como gobernador el 9 de diciembre de 2023 porque había acordado con Capitanich adelantar un día el traspaso del mando.

Dos días antes, la jueza de garantías María de las Mercedes Pereyra aceptó el recurso de habeas corpus presentado por Marcela Acuña y dispuso que los Sena debían “revincularse” familiarmente y reunirse durante cuatro horas en la cárcel en la que está preso César el 14 de diciembre (su cumpleaños número 20) el 21, el 28 y el 4 de enero (qué casualidad, otro cumpleaños: el de Marcela Acuña).

Para que se realice esa “revinculación familiar”, que ha sido tan eficaz para que la familia alcanzara sus objetivos comunes, los padres deben ser trasladados cada vez mediante un operativo policial que incluye la participación de personal de la Dirección General de Policía Caminera, del Departamento Cuerpo Operaciones Especiales, de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas, de las Comisarías Tercera, Quinta y Séptima de Resistencia, y de la División Canes.

Hay que estar atentos a la predicción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski: “Para mí, ellos terminarán libres, con subsidio estatal e indemnización. Los Sena manejan todo, gobiernan el Chaco”.

El juicio a José Alperovich por los ataques sexuales a su asistente personal, hija de un primo segundo, ocurridos desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019, comenzó el lunes 5 de febrero, casi cinco años después de que fueron denunciados porque se intentó que la investigación estuviera a cargo de la justicia tucumana, pero en mayo del año pasado la Corte ordenó que los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires.

José Alperovich el primer día del juicio por abusos sexuales y el empapelado de la ciudad de Tucumán con los afiches de la condena social.José Alperovich el primer día del juicio por abusos sexuales y el empapelado de la ciudad de Tucumán con los afiches de la condena social.

Durante esos años, la defensa de Alperovich estuvo a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia, quien en diciembre se retiró y dejó encargados de demostrar la inocencia de Alperovich a dos abogados de su estudio, Augusto Garrido y Mercedes Rodríguez Goyena, quienes ya comenzaron a actuar en el juicio oral.

El juez que dictará sentencia es Juan Ramos Padilla, quien participó, junto a Luis D’Elía, de movilizaciones en las que se pedía la liberación de los “presos políticos” por casos de corrupción, como la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido y el “mapuche” Jones Huala, y fue denunciado por convocar a una pueblada para presionar al Tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner por la llamada Causa Vialidad.

Por lo visto y escuchado, es muy posible que los abogados dejados a cargo del asunto por el ministro de Justicia de la Nación incluyan en la defensa el tema de la “causa armada” por enemigos políticos, que Alperovich viene sosteniendo desde el principio, tal como lo hizo cuando mataron a Paulina Lebbos en Tucumán.

Sí, el Tucumán de Alperovich tiene un caso similar al de María Soledad Morales, pero sin resolver: el asesinato de Paulina Lebbos, estudiante universitaria de 23 años que había ido a bailar el sábado 26 de febrero de 2006 para festejar que había aprobado una materia. Estuvo desaparecida dos semanas, hasta que encontraron su cadáver, en un estado de descomposición avanzado, el 11 de marzo, a un costado de la ruta 341. Tenía mutilaciones en la zona vaginal y en la boca, le habían arrancado el cuero cabelludo y limado las huellas digitales. La autopsia determinó que había muerto asfixiada por estrangulamiento.

A partir de allí, se sucedieron las irregularidades en la investigación policial y en la actuación de la justicia, con el evidente propósito de proteger a los autores, a los que también llamaban “los hijos del poder” como en Catamarca, y a los encubridores.

En junio de 2013, el padre de Paulina, Alberto Lebbos, que había sido funcionario en el gobierno de Alperovich, denunció ante la justicia lo que se venía diciendo públicamente: los autores del crimen eran Gabriel Alperovich, hijo mayor del gobernador, y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, uno de sus secretarios privados. El crimen se habría cometido en una fiesta en el dique El Cadillal o en Raco. Pero los mecanismos de impunidad que caracteriza a estos feudos provinciales están logrando que, transcurridos veinticuatro años del asesinato, todavía se mantenga impune.

¿Tendrá razón Malamud al decir que, como no producen, en estos territorios no existe esta malformación del ejercicio del poder conseguido por el voto popular al que se llama feudalismo?


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