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La errática política de seguridad de López Obrador se topa con la violencia descontrolada | Internacional

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Andrés Manuel López Obrador se encontró un país roto con 25.000 muertos anuales y casi 50.000 desaparecidos. La promesa de “pacificar el país” y cambiar “balazos por abrazos”, le ayudó a ganar unas elecciones, pero la realidad rima peor y la violencia alcanza cifras históricas. Con 100 muertos diarios (22 cada 100.000 habitantes) México vive los meses más violentos desde la Revolución, según datos oficiales, una sangría que el presidente atribuye a la descomposición social heredada de Gobiernos anteriores.

Su primer año de gestión, sin embargo, ha sido un rosario de desaciertos sobre un asunto que mantiene bajo el terror a amplias zonas del país. Su primer naufragio llegó solo un mes después de lograr la victoria electoral, en agosto de 2018, cuando quiso hacer un gesto de reconciliación y organizó unos foros de paz por todo el país que terminó suspendiendo ante las protestas de las víctimas de la violencia. Estos increparon al mandatario y a su secretario de Defensa allí donde iban porque no querían ni oír hablar de “perdón” para los asesinos de sus hijos.

Su toma de posesión el 1 de diciembre tampoco fue el bálsamo que prometía ser con su sola llegada al poder.

En los cuatro puntos cardinales del país se encienden hogueras sin que las cifras de muertos remitan. En el noroeste, en Michoacán, se vive una guerra abierta entre los grupos de autodefensa y el Cartel Jalisco Nueva Generación; en el centro y noreste del país, en Guanajuato y Tamaulipas se suceden las decapitaciones y las matanzas y la capital, Ciudad de México, también se suma al incremento violento. Solo esta semana, en el suroeste, en Guerrero, 15 personas fueron asesinadas y 13 policías fueron masacrados en una emboscada en Michoacán. A la semana negra que concluye se suman los ocho muertos de la batalla de Culiacán en el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

A casi todos los “eventos”, como gusta a la nomenclatura oficial llamar a las masacres, López Obrador ha respondido tibiamente o, directamente, frivolizando, como cuando advirtió al narco que o dejaba de matar o “avisaría a sus madres”. Su equipo de seguridad anuncia una reunión tras otra cada vez más temprano, la última, el viernes, a las seis horas de la mañana. Durante su informe de Gobierno, hace mes y medio, el presidente admitió que la violencia es el gran “desafío” que enfrenta su Gobierno, pero de los 95 minutos que empleó en hablarle al país solo dedicó 40 segundos al tema.

Los expertos atribuyen la errática estrategia en seguridad a una mezcla de ingenuidad, cambios en el gabinete y desconocimiento. Para corregir el rumbo, el Gobierno cuenta con la Guardia Nacional  y una ley de reciente aprobación que le permite disponer de los soldados para patrullar las calles. De manera exprés, el Ejecutivo se ha dado a la tarea de formar en cursos de pocos meses a 80.000 guardias que tendrán que saber de derechos humanos y luchar contra el crimen organizado.

Según Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, el equipo de López Obrador da muestras de un gran “amateurismo” y desconfía de que pueda dar resultados una política social enfocada en los más jóvenes con el único objetivo de cerrar la brecha social. “Además requiere un plan centrado en las víctimas, en grupos vulnerables”, señala. “Con López Obrador, inteligencia, militares o investigación financiera cada uno actúa por su cuenta y de forma desorganizada, aunque es cierto que hay menos espacios vacíos en el Estado, en concreto 29 de 45 estructuras capitales en la lucha contra el crimen y eso es un avance, pero hay un estado caótico y desorganizado. Con Peña Nieto y Calderón era mafiocratizado algo que no veo en este Gobierno”, añade el investigador.

Durante una entrevista con EL PAÍS en 2018, un mes después de ganar las elecciones, su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció que la estrategia contra el crimen estaría enfocada en perseguir el dinero y las redes de blanqueo, en lugar de la captura de grandes capos, como los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) o Enrique Peña Nieto (2012-2018), y cuya detención sacia las demandas de Estados Unidos, pero agita el avispero y añade más sangre al mapa de la violencia. Sin embargo, también en este rubro el balance es deficiente y el nuevo Gobierno no ha logrado exhibir ningún éxito importante. Los pocos recursos obtenidos se limitan a la venta de algunos bienes incautados al narco, como coches de lujo o relojes, en un golpe más efectista que real.

“Se debe repensar y reflexionar la estrategia, el presidente ha mencionado hasta el cansancio que se debe ir a las causas que generan la violencia, sin embargo, se ha hecho de forma improvisada en la gestión de personal, sin localización ni técnica en los planes sociales y por tanto no están llegando a la mano de obra de los sicarios”, señala Eunice Rendón, experta en seguridad y que ha colaborado con los últimos Gobiernos de Calderón y Peña Nieto en prevención de la violencia y en la Secretaría de Seguridad con López Obrador.

Sobre el operativo de Culiacán, Rendón cree que los soldados hicieron bien en soltar al hijo del Chapo para evitar una masacre, pero considera que el operativo falló tanto en el diseño como la ejecución: “Hasta la hora, tres de la tarde, con los colegios abiertos y las familias en la calle, está muy mal elegida”. Según Rendón, “el despliegue de la Guardia Nacional tampoco está siendo efectivo. El numero de soldados en el Estado de Sinaloa, según datos oficiales, es de unos 1.700, menos que Oaxaca o Chiapas. Eso sucede por dar prioridad de la agenda migratoria de Estados Unidos antes que a la propia de seguridad de México”, añade.

La desastrosa operación de captura del hijo del Chapo Guzmán el jueves, donde los soldados fueron superados en número y en volumen de fuego, ha evidenciado la bisoñez de los nuevos mandos militares, capaces de aceptar el reto de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México pero incapaces de mantener la seguridad en el país.


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