septiembre 19, 2018
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La justicia cerró la causa por usurpación contra los trabajadores de Telam

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La justicia cerró la causa por usurpación contra los trabajadores de Telam

El juez Martínez de Giorgi ordenó una inspección y constató que no hay delito en la la toma pacífica que los trabajadores sostienen de la agencia de noticias. Hace más de un mes que permanecen allí contra los 357 despidos.

Pasado un mes y cuatro días del despido de 357 empleados de Télam, la justicia entregó malas noticias a Hernán Lombardi: el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi determinó el cierre de la causa que la gestión había impulsado contra los trabajadores por una supuesta “usurpación” de los edificios de la agencia.

El juzgado a cargo ordenó una inspección y recorrida en las instalaciones, ubicadas en Avenida Belgrano y en la calle Bolívar, pero a contramano de las acusaciones del titular del directorio, Rodolfo Pousá, y sus funcionarios, se constató que las puertas no estaban bloqueadas y que el personal entraba y salía “con total normalidad”.

El fiscal Eduardo Taiano solicitó la desestimación de la denuncia porque, según entendió, no había delito alguno. “No hubo despojo alguno”, sostuvo en el escrito al que adhirió el juez, ni circunstancias que “den cuenta de violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad por parte de los sujetos activos para privar de manera dolosa el uso y goce de los establecimientos”.

El revés para el titular del Sistema Federal de Medios Públicos y los funcionarios de la agencia se inició cuando estos últimos presentaron una denuncia penal en la comisaría 2° de la Ciudad de Buenos Aires por la presunta usurpación de los edificios de la agencia.

Esa iniciativa sostenía que, por los despidos, comenzó una ocupación de las sedes que impedía que los directivos puedan acceder a los edificios y desarrollar las tareas habituales. Pero la justicia corroboró que nada impide que vayan a trabajar.

En cambio, tanto Taiano como Martínez de Giorgi aseguraron que los hechos tienen que ver con medidas gremiales de protesta “que se encuentran relacionadas con la voluntad de ejercer derechos de libre reunión y expresión que no pueden ser restringidos por el poder punitivo del Estado”.




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