Inicio Opinión LA MUERTE DE UN MENOR

LA MUERTE DE UN MENOR

10 minuto leer
Comentarios desactivados en LA MUERTE DE UN MENOR
0

 

Ferdinand Amunchásteguy. En esta Argentina en la que nos ha tocado vivir, cada vez es más cierta la afirmación de que habitamos el mundo del revés. Podríamos recurrir al lugar común de citar a Discepolo y, por enésima vez, invocar Cambalache para describir la actualidad, pero de hacerlo, solo seguiríamos la misma línea que intentamos criticar y que, recurriendo a generalidades, construye el falso relato con el que se altera el ánimo de los ciudadanos. Ha concluido el periodo electoral y sus circunstancias y, sin embargo, sus secuelas parecen no estar dispuestas a abandonarnos.

En un episodio policial, todas las contradicciones de esta sociedad han quedado expuestas de la forma más brutal que pueda imaginarse y expone las contradicciones y absurdas consecuencias de vivir de espaldas a la realidad, solo construyendo una narración mezcla de lo que ocurre efectivamente y de aquello que nuestra imaginación intenta agregar a los sucesos ocurridos, sea para darles o  restarles, intencionadamente, valor.

La muerte de un menor a manos de personal policial, torpemente actuando sobre cuatro jóvenes que circulaban en un auto, muestra el prejuicioso concepto generado respecto de los menores -el audio policial divulgado, expone la dogmática adjetivación que les asignó a los adolescentes “cuatro vagos”- circunstancia que condujo, más allá de la incompetencia profesional evidenciada, a la falsa creencia de haber actuado dentro de lo permitido o recomendado.

Ese prejuicio, en orden a los menores y su participación en ilícitos -generalmente violentos-ha llevado la atención a analizar la necesidad de modificar la edad de su imputabilidad, atendiendo a su significativa participación en hechos de violencia, concomitantes con robos y arrebatos. La difusión de esa realidad ha desviado la atención del tema central, poniendo la edad, y no el régimen y la prevención, en el foco del debate. Establecer un límite temporal para decidir las consecuencias penales de una conducta lleva en sí, incluido el fracaso o la arbitrariedad. Los proyectos más severos en danza, proponen un descenso de la imputabilidad a los 14 años de edad. En los hechos, será válido preguntarse cuál es la diferencia entre aquel que se encuentra apenas superando ese límite y otro menor de 13 años, 11 meses y 29 días que está excluido de todo reproche. Parecería que, como ocurre en otros países, lo más eficaz y adecuado sería que fuese el Juez encargado de resolver el ilícito que lo tenga como autor, quien decida si le corresponde o no la aplicación del régimen propio de los menores, el de los mayores o su responsabilidad jurídico-penal (imputabilidad).

Una decisión de esas características requiere, necesariamente, confianza y respeto por las decisiones de un Poder Judicial que, a su vez, no atraviesa el mejor momento en orden a su aceptación social y se desarrolla en una realidad castigada por la violencia y la inseguridad. De todos modos no huelga señalar que, equivocadamente, se intenta responsabilizar al Poder Judicial de su existencia, cuando evitar la violencia y la inseguridad se encuentra en manos de las fuerzas policiales y afines y responde a las decisiones políticas que se adopten en la materia.

Hemos señalado reiteradamente que la inseguridad depende de la prevención encaminada a evitarla, mientras que la función judicial sólo  puede reparar el daño ya ocasionado, por lo que la causa que atormenta a la sociedad, debe encontrar solución en un ámbito distinto,  sin perjuicio de la severidad con que se juzguen las infracciones que nos aquejan. El interés que un Gobierno dispense al tema seguridad,  y más allá de las declamaciones que oportunamente efectúen sus funcionarios, puede advertirse al verificar que porcentaje del presupuesto le es asignado a esa actividad, ya que solo el equipamiento y la formación del personal necesario, será la medida del éxito en ese difícil terreno.

Mientras el tema anterior ganaba la atención de los ciudadanos, la Corte Suprema resolvía una cuestión no menor, por su trascendencia y su consecuencia. La tríada formada por los Jueces Rosatti , Maqueda y Rosencratz, decidió dejar sin efecto una ley dictada por Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz,  que beneficiaba ostensiblemente al empresario Cristobal López en desmedro de otros emprendedores de la región.  No puede soslayarse lo que se deduce de dicha sentencia, en primer lugar,  el  alineamiento de los miembros del Tribunal, después, la posición frente a uno de los empresarios vinculados al Gobierno y amparado por una disposición dictada por el mismísimo Néstor Kirchner, y finalmente,  el posible giro del Tribunal en preservar lo correcto sobre lo oportuno.

La orientación en general del Poder Judicial, podrá deducirse cuando se defina lo que vaya a resolverse en la causa conocida como Hotesur -en la que el representante del Ministerio Público ya se expidió- y de la que podría depender la suerte de la ex Presidente y su familia  ya que, de rechazarse su petición,  deberían enfrentar el juicio oral y público en el tema que se considera más comprometido de todos aquellos que los tienen o han tenido como protagonistas.


Link de la Fuente

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más Por Mundo Político
  • CUANDO UN AMIGO SE VA.

      Guillermo Roux fue un infatigable creador de afectos, memoria, experiencias, obras.…
  • ¿DÓNDE ESTÁ PENG SHUAI? | 7 miradas

       La tenista Peng Shuai finalmente apareció pero no tanto. No se sabe dónde está y cómo e…
  • LA TRAMPA CAMBIARIA | 7 miradas

      Miguel Kiguel.* Que la Argentina tiene pocas reservas internacionales es un secreto a vo…
Cargue Más En Opinión
Comentarios cerrados

Mira además

REMARCADORES ANÓNIMOS | PDB de tardecita | Jueves 11 de febrero de 2021

Hoy en PDB de tardecita: El gobierno se reunió con los empresarios que dijeron que ni idea…